Editorial


Las lecciones de Armero
13 de Noviembre de 2015


Es un sistema regido, y presionado, por visiones que le imponen al Estado que la prevenci髇 y atenci髇 incorpore la protecci髇 absoluta, no supletoria, de los amenazados o afectados.

Con el corazón asido al de Omaira, la niña que luchó por su vida y se hizo símbolo de una devastación aterradora, el país recuerda a Armero, sus 20.000 muertos, así como a los miles de sobrevivientes y deudos de una tragedia que no debió ocurrir. Producto de la imprevisión, como las recientes de Salgar o la irresuelta de Gramalote, o del odio, como las de Bojayá, El Salado, Granada, El Aro, y tantas otras, las vidas sacrificadas en desastres naturales, antrópicos o por el terrorismo, interrogan la voluntad de evitar desastres anunciados o minimizar sus efectos. Hacemos propias esas preguntas.


Aunque la tragedia de Armero fue precedida por dolorosos desastres, como el maremoto que en 1979 destruyó a Tumaco o el terremoto que en 1983 casi arrasó con Popayán, ninguno había permitido apreciar los vacíos institucionales en prevención, atención y recuperación de desastres, repetidos por las condiciones geográficas, la irresponsabilidad al establecer los asentamientos humanos y el poco respeto por el entorno natural. La avalancha de agua y lodo en la vertiente del río Lagunilla tras el deshielo del Nevado del Ruiz, producto de la inminente erupción del cráter Arenas, dejó miles de familias destrozadas afectiva y patrimonialmente. También mostró gravísimos errores en la atención, alrededor de los cuales persisten preguntas por el uso dado a los $1.924 millones (de 1985 y 1986) que administró el fondo Resurgir. Además, generó grandes inquietudes por los procesos de reconstrucción, toda vez que sólo se tienen registradas las 500 viviendas construidas en Lérida, algunas reubicaciones en Guayabal, y sigue sin aclararse la propiedad de predios sobre los que existen presiones para su cultivo o extracción minera. Los pocos resultados del proceso, sin embargo, no han transformado la conciencia y capacidades para evitar que se repita.


Hubieron de pasar tres años de la tragedia de Armero para que el país se dotara de un mecanismo institucional de gestión de desastres. La Ley 46 de 1988 (modificada por la Ley 1523 de 2012) creó el Sistema nacional para la prevención y atención de desastres, articulador de las instituciones públicas y privadas responsables de prevenir desastres, atender emergencias y coordinar la recuperación. Aunque fue concebido como mecanismo de corresponsabilidad de agentes públicos, privados y ciudadanos, es un sistema regido, y presionado, por visiones que le imponen al Estado que la prevención y atención incorpore la protección absoluta, no supletoria, de los amenazados o afectados. El sistema hoy acumula resultados desiguales. Ejemplos de algún éxito, los ofrecen las vidas salvadas por el Dagrd cuando ordenó la evacuación de la torre 6 Space o las recuperadas por la exitosa intervención del Forec para la reconstrucción del Eje Cafetero. Los casos irregulares y fracasos también abundan.


Aunque sus autoridades conocían que “las inundaciones son los fenómenos naturales que presentan mayor probabilidad de ocurrencia, debido, principalmente a la alta torrencialidad que caracteriza a la quebrada La Liboriana”, el municipio de Salgar enfrentó el pasado 18 de mayo una avalancha que sacrificó más de ochenta vidas y afectó a 500 personas más. El Municipio no evitó la tragedia porque le faltaron recursos para la gestión de riesgos, también por las presiones a los alcaldes para que al asumir “la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio” eviten desalojos de inmuebles y traslado de las personas bajo riesgo. Por otra parte, aunque la atención de desastres busca activar las capacidades públicas y de eficientes agentes privados -valgan los ejemplos de la Cruz Roja y Antioquia Presente- para ofrecer pronto cuidado a las víctimas de desastres, las autoridades del sistema nacional siguen dando señales erráticas en el manejo de la atención, como se demostró en el intento de prohibir la recolección y entrega de ayudas tras la tragedia de Salgar o como se falló al no convocar la solidaridad para dar alivio a los tumaqueños afectados por el derrame de crudo provocado por las Farc, que los hizo aguantar sed y hambre el pasado junio. Y si de contrastes se trata, ¿qué más que los que ofrecen la eficiente recuperación del Eje Cafetero, gracias al 2x1.000 y la gestión del Forec frente a la angustiosa espera de los afectados por el hundimiento de Gramalote? Sobre los hechos recientes, no sobra preguntarse si el país ha ganado tanta conciencia de la fragilidad de las vidas en riesgo que no repetiría un Armero.