Columnistas


No al incremento de tarifas de energ韆
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
13 de Noviembre de 2015


Con la amenaza de racionamiento, fallas en la prestaci髇 del servicio y un incremento de tarifas no consultado con las organizaciones de los usuarios, tal como lo prescribe el art韈ulo 78 de la Constituci髇.

Con la amenaza de racionamiento, fallas en la prestación del servicio y  un  incremento de tarifas no consultado con las organizaciones de los usuarios, tal como lo prescribe el artículo 78 de la Constitución y lo hace imperativo la Corte Constitucional en la sentencia C-150-03, el sector de energía está afrontando una nueva crisis, que debe llevarnos a una reflexión sobre su futuro, en especial sobre las consecuencias que se derivan de entender que servicios como el de agua potable, saneamiento básico y energía, deban someterse a las vicisitudes propias del mercado y la especulación.


La costumbre de asimilar  el derecho a la Ley, ha ocasionado que a la hora de hablar de temas como la regulación de servicios públicos, se olvide el carácter imperativo de la doctrina que la Corte Constitucional ha fijado sobre este tipo de materias, pues si se hubiera tomando en cuenta este asunto, no se hubiera soslayado de la manera que se hizo, el derecho de las organizaciones de usuarios a participar en la expedición de normas, como la que permite el incremento de tarifas en el servicio de energía, que gran parte del país está criticando.


Desde la sentencia C-150 de 2003, la Corte Constitucional dejó en claro que “… el caso de las organizaciones de usuarios de servicios públicos domiciliarios un procedimiento de participación, por las razones anteriormente expuestas, está ordenado por la propia Constitución ya que ésta dice, en forma imperativa, que el Estado “garantizará” dicha participación (art. 78 de la C.P.)”,  y si ese es el sentido material y formal de la Constitución, no se ve claro el camino que pueda construirse para evadir la participación de los usuarios.


No puede ser que las fallas en la actividad regulatoria, la imprevisión de las condiciones especiales en que pueden prestarse los servicios públicos domiciliarios y las ausencias de control en el sector, deba terminar siendo asumida por los usuarios, que no se favorecen con los factores de productividad de las empresas, ni con las disminuciones de costos que eventualmente tienen los prestadores de servicios públicos.  Si la productividad y la utilidad se concentran en el prestador, mal puede deducirse que las pérdidas son de los usuarios.


La creación de la categoría “servicio público”, en el ordenamiento jurídico corresponde a la necesidad que tienen los usuarios de que se dé un trato especial al suministro de los servicios que les permiten satisfacer necesidades esenciales, generales y permanentes que por esa razón, deben ser atendidas con la intervención del Estado, por ello la regulación, no es sólo económica, sino además social y los entes reguladores integrados por expertos deben adoptar oportunamente medidas suficientes para atender crisis,  como la que estamos registrando. 


La vinculación de los servicios públicos con derechos fundamentales, como el derecho a una “vida digna”, y al desarrollo equitativo de la sociedad, hace necesaria la intervención del Estado, y que en su regulación se acuda a diferentes instrumentos de carácter técnico y jurídico, no simplemente a la regla propia de la economía de mercado, según la cual la escasez la supera el mercado: con el simple incremento de los precios.


Si la regulación económica ha definido la utilización de instrumentos como el denominado cargo por confiabilidad, con el cual se garantiza “el aseguramiento” del sector, al cobrar por anticipado factores tarifarios que protegen a los usuarios de incrementos en época de escasez, son esos valores, los que en primer lugar deben atender la crisis que se presenta en momentos como el presente, o el regulador debe acudir a otro tipo de herramientas, pero no al instrumento fácil, que es “democratizar” las pérdidas de las empresas en cabeza de los usuarios.


Con la puesta en vigencia de las Resoluciones CREG 159, 168 y 176 de 2015, a través de las cuales se produce como efecto final un incremento de tarifas a los usuarios finales del servicio de energía, se pone en el orden del día la discusión en relación con la solidez del régimen regulatorio colombiano y los controles a destinación que se ha dado al cargo por confiabilidad, que hemos pagado todos, pero sobre todo las bondades del esquema que pretende  privatizar las ganancias, pero democratizar o socializar las pérdidas del sector.