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Foto: Giuseppe Restrepo
A través de una jornada especial en Medellín el Servicio Público de Empleo puso en un solo lugar empleadores y servicios para las víctimas desempleadas. |
Twitter: @igortorrico
Nancy Ramírez perdió a su esposo en Granada, hace 13 años y quedó sola con su hijo, gracias al programa de atención diferencial para víctimas del conflicto armado interno, del Servicio de Empleo, hoy está insertada laboralmente. Sin embargo, para su hijo, ya mayor de edad, la muerte de su padre sigue ahí y sufre de frecuentes depresiones, por lo cual el acompañamiento psicológico que ofrece el programa es un apoyo.
Claudia Camacho, directora de la Unidad de Servicio Público de Empleo, ente adscrito al Ministerio del Trabajo, explica que brindar una ruta de reparación diferencial a las víctimas, para su inserción laboral, es una de las tantas estrategias que el Gobierno nacional lleva adelante, con el objetivo de atender la deuda humana que significan las 7,5 millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
En el ámbito nacional hay 28 centros de empleo con la llamada ruta diferencial, es decir, en estos centros además de atender a la población desempleada se brinda apoyo a las víctimas del conflicto. Primero se confirma en el Registro Único de Víctimas (RUV), que en efecto la persona está registrada como víctima del conflicto, luego se le hace una caracterización especial, una ruta con acompañamiento psicosocial y otros servicios adicionales.
Los métodos para la empleabilidad son varios, no sólo la inserción laboral. Señala Camacho: “Siempre creemos que el problema es la colocación. Pensamos que una víctima llega y al otro día tiene empleo. Pero no es posible que todas tengan un trabajo de inmediato. Por ello un grupo importante está en un proceso de formación que requieren para acceder a una vacante. Estamos apoyándolos también en la certificación que requieren para un puesto de trabajo específico”.
Luis Ernesto Gómez, viceministro de Empleo y Pensiones, señala que el Gobierno ha logrado la colocación de un total de 15.000 personas víctimas del conflicto en los dos años que tiene el programa. El Ministerio del Trabajo ha sido responsable de 12.000 y el Servicio de Empleo de los 3.000 restantes.
Explica Gómez: “A las víctimas se les puede reparar a través de una vivienda gratis, también existen las indemnizaciones económicas, la restitución de tierras y una de las opciones, de la reparación, es la posibilidad de conseguir empleo, algo que hace de manera conjunta el Ministerio y la Unidad de Víctimas”.
Sobre las dificultades el Viceministro explica que, del lado de los empresarios que se han sumado al esfuerzo, en un principio hubo desconocimiento y muchos pensaban que se trataba de emplear a victimarios o a excombatientes, sin embargo, superada esa situación han contado con el apoyo progresivo de cada vez más empresas.
No obstante, una de las quejas de los empresarios es que muchas víctimas prefieren no vincularse porque temen dejar de percibir los subsidios que el Estado les da a través de otros programas, comenta Gómez.
Según Claudia Camacho, directora de la Unidad de Servicio Público de Empleo, no hay un perfil específico por el lado de las víctimas que se acercan a la institución. “Es muy diverso, cuando hablamos de que 15% del país es víctima del conflicto armado estamos hablando de diferentes tipos de personas y formaciones”, comenta.
Sin embargo, hace algunas precisiones. “Del total de víctimas el 80% son desplazados, lo que quiere decir que muchas veces han venido del campo a las grandes ciudades a buscar una actividad laboral, y eso abre una brecha muy grande en cuanto a oportunidades”.
Generalmente son personas con el bachillerato completo. La mayoría de las que han atendido son mujeres, ya que son quienes más utilizan estos canales.
27% son tecnólogos, 5% universitarios.