Editorial


Debate con desv韔s
6 de Noviembre de 2015


Seg鷑 datos del Icbf, a julio de 2015 un total de 9.502 menores de 18 a駉s han sido declarados en adoptabilidad y se encuentran a la espera de una familia, entre las 2.459 que tambi閚 se encuentran en lista de espera.

Según datos del Icbf, a julio de 2015 un total de 9.502 menores de 18 años han sido declarados en adoptabilidad y se encuentran a la espera de una familia, entre las 2.459 que también se encuentran en lista de espera, para brindarles la protección y el amor que se merecen y que es vital para el desarrollo armónico de todo ser humano. Entre esos niños, niñas y adolescentes se encuentran los más de 4.500 mayores de 8 años o afectados por discapacidades que demandan mayores cuidados, y que son los protagonistas de la más reciente campaña de adopción promovida desde la Dirección del Icbf para evitar que sigan creciendo sin familia, como ya ocurrió con unos cinco mil niños con características especiales, los llamados “hijos del Icbf”, que alcanzaron la mayoría de edad mientras sus expedientes se movían lentamente desde el momento del abandono, en manos de escasos 1.187 defensores de Familia que además de tener a su cargo los delicados trámites para la adopción, deben atender un número creciente de casos de vulneración a la infancia. 


Aun con el subregistro frente a las realidades de abandono, desprotección y  abusos, las cifras oficiales son escandalosas: 77.210 infantes y adolescentes ya tienen declaratoria de vulneración y están bajo protección, que es el paso previo a ser declarados como adoptables. Si los niños, niñas y adolescentes son sometidos durante años a la incertidumbre del desarraigo y la falta del amor familiar, tan importante como la alimentación, no es a consecuencia de que los defensores alberguen razonables esperanzas de que sus familias modifiquen sus comportamientos lesivos, o de la falta de familias adoptantes.  Esta catástrofe humana, cuyas dimensiones no parece comprender nuestra sociedad, responde a las limitaciones impuestas a los trámites de adopción y a la falta de voluntad para cambiar una estructura insuficiente y paquidérmica. En cuanto al trámite, ya lleno de requisitos puestos con el objetivo de evitar decisiones irresponsables, pero que en manos de funcionarios ineficientes o recargados se tornan en verdaderos obstáculos, la Sentencia T-844 de 2011 proferida por la Corte Constitucional vino a ponerle el “botón de oro” cuando le ordenó al Icbf buscar a los parientes del menor vulnerado, hasta el sexto grado de consanguinidad (abuelos de los tatarabuelos o primos de los primos) antes de entregar los niños a las familias que demuestren capacidades mentales, físicas, sociales, morales y económicas, para criarlos. Aunque en foro realizado en Medellín el 3 de diciembre de 2014, la actual directora del Icbf anunció acciones para modificarlas, la sentencia y la resolución que la aplica siguen incólumes y limitando los procesos de adopción. Analistas como la directora de Aldeas Infantiles SOS consideran que la caída de 2.596 niños dados en adopción en 1997 a los 1.148 entregados a padres adoptantes en 2014 se explica por esa decisión, no porque haya crecido la responsabilidad parental. La medida seguro ha incidido también en la disminución de familias que buscan adoptar en Colombia: cuando hubo años en que hasta 500 familias residentes en el exterior ingresaban solicitudes, sólo 50 familias lo han hecho durante este año, según cifras del Icbf al 30 de septiembre. 


Sumados todos, los más de 86.712 menores de edad bajo protección del Estado son el rostro oculto del debate a la Sentencia C-683 de 2015 con que la Corte Constitucional “determinó que las parejas del mismo sexo están habilitadas para adoptar conjuntamente”, como lo pedía el jurista que demandó los artículos 54 de la Ley de 1990 y 64 de la Ley 1098 de 2006, Código de infancia y adolescencia, exigiendo el derecho constitucional de los niños a tener una familia, en genérico. El argumento sirvió para justificar una decisión que el alto tribunal se había abstenido de tomar, reconociendo implícitamente que no era un simple asunto de interpretación constitucional, sino una responsabilidad legislativa que toca las fibras más sensibles de la sociedad y, por tanto, compete al Congreso, institución en la que están representadas las distintas visiones y expresiones de la democracia, que puede dar el debate con la profundidad que exige y que puede buscar acuerdos que garanticen los derechos superiores de la infancia y la adolescencia, que, una vez más, han sido puestos al servicio de intereses políticos o sectoriales.


A lo largo de este año, la adopción igualitaria, que así se quiera justificar como un debate por los derechos de la infancia, será siempre un debate por los derechos de los adultos, ha copado muchas horas de trabajo de la Corte Constitucional y de los medios de comunicación. En cambio, el análisis sobre las causas que siguen ocasionando las más aberrantes vulneraciones a nuestra infancia y la impunidad reinante, han merecido tan pocas horas de atención, que poco nos sorprende la incumplida promesa de la Dra. Cristina Plazas, cuando hace un año, aquí en Medellín, anunció que por estas calendas estaría lanzando el nuevo sistema de protección integral del Icbf. En esta tragedia tampoco hay Fiscalía que anuncie investigaciones prontas, sanciones radicales y lucha contra la impunidad que protege a padres que con el abandono o el maltrato violan el Código Penal. Menos aparece el Congreso, que pudiera tomar decisiones tan eficientes como lo fueron el control y la penalización a conductores ebrios, que causaban miles de accidentes al año. En estas condiciones, no nos escandalizan las acomodadas consideraciones sobre una nueva aventura colegisladora de la Corte; nos aterra la indolencia frente a la infancia abandonada y sufriente.