Columnistas


En aseo, las decisiones se acercan
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
6 de Noviembre de 2015


Varios temas concentran la atenci髇 en relaci髇 con el servicio p鷅lico de aseo, pues si no se prorrogan los plazos previstos por el Gobierno Nacional y la Comisi髇 de Regulaci髇 de Agua Potable y Saneamiento B醩ico, en lo que queda del a駉.

Varios temas concentran la atención en relación con el servicio público de aseo, pues si no se prorrogan los plazos previstos por el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, en lo que queda del año, deben ser expedidos los planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), en todos los municipios del país, además,  deben definirse los esquemas de prestación del servicio y expedirse el reglamento de la actividad de aprovechamiento, ordenado por el artículo 88 de la Ley 1753 de 2015.


Uno de los temas en que más se ha avanzado, pero que tiene varios aspectos por definir,  es el relativo a la determinación clara de las acciones afirmativas que deben adoptarse con la población recicladores y definir si en realidad su remuneración debe depender del valor que se fije a cada tonelada de residuos no recuperables, caso en el cual,  la tarifa de una actividad  se estaría determinada por los costos de otra, además,  se debe definir si los denominados “recicladores de oficio”, deben realizar sus actividades en competencia con las empresas  prestadoras del servicio de aseo.


Con la entrada en vigencia del nuevo régimen tarifario de aseo, contenido en la Resolución CRA 720 de 2015, a partir de enero de 2016, se precipita la necesidad de dejar en claro varios asuntos hasta ahora pendientes en relación con la actividad complementaria (servicio) de aprovechamiento, también es necesario que se hagan públicas las proyecciones de los prestadores, sobre la manera como las tarifas podrían afectar a los usuarios finales.


Aunque el régimen normativo aplicable al servicio de aseo y a su actividad complementaria de aprovechamiento, ha tenido cambios notorios en los últimos años, la realidad es que pasa el tiempo y las acciones afirmativas que deben adoptarse a favor de los recicladores aún no son suficientes; no ha bastado con la expedición del artículo 88 de la Ley 1753, los Decretos 2981 de 2013 y 1077 de 2015 y las Resoluciones CRA 720 de 2015 y Conjunta de los ministerios de Vivienda, Ciudad y territorio y del de Medio Ambiente 754 de 2014, para que el asunto quede del todo definido.


No obstante que los avances sobre el tema han sido muchos y la transformación de la manera como se presta el servicio, es notable, en especial a partir de las sentencias T-724-03, T-291-09 y T-387-12 y de los diferentes Autos que para garantizar el cumplimiento de las sentencias ha proferido la Corte Constitucional, lo que se evidencia es que de todos modos se hace necesario que en los PGIRS que expidan los Municipios y en el reglamento del aprovechamiento que prepara el Gobierno, se reglamente adecuadamente la labor del aprovechamiento y las acciones afirmativas a que tienen derecho los recicladores. 


El problema es que el tiempo se acaba, pues en el mes de enero, entrará en vigencia el nuevo régimen tarifario, que muy posiblemente represente el incremento de tarifas para usuarios finales, esto ya que, el Gobierno Nacional ha decidido que actividades complementarias e inherentes al servicio de aseo, que estaban a cargo del Municipio, a partir de enero se reflejaran en tarifas a los usuarios.


No solo por el hecho de que en las tarifas se deba incluir el pago que recibirán los recicladores, sino además, porque en las tarifas se incluirá (i) el corte de césped, (ii) la poda de árboles, (iii) la limpieza en vías públicas, (iv) la limpieza de playas y riveras y (v) la colocación de cestas en lugares públicos, es por lo que se afirma que muy seguramente, las tarifas que pagan los usuarios finales tendrán que ser incrementadas.


Estamos en espera de decisiones que involucran a las autoridades nacionales, como es la expedición del reglamento de prestación del aprovechamiento, en el que ojalá se incluyan incentivos al reciclaje y los recicladores, además, otras decisiones que deben adoptar las autoridades locales, ya que son las competentes para expedir los PGIRS, y luego a esperar, para saber si con esas medidas se cumple con las decisiones de la Corte y los derechos de los recicladores realmente son protegidos.