Editorial

Detrás de los globos
2 de Noviembre de 2015


Oculta en la voluminosa agenda informativa de la semana pasada quedó la notificación de un nuevo aplazamiento de los encuentros de negociadores sobre el fin del conflicto con las Farc.

Oculta en la voluminosa agenda informativa de la semana pasada quedó la notificación de un nuevo aplazamiento de los encuentros de negociadores sobre el fin del conflicto con las Farc. Ello, aunque la Mesa de conversaciones todavía tiene pendiente tomar decisiones sobre justicia, reparación de las víctimas, fin del conflicto, además de concretar indefiniciones en los acuerdos ya establecidos. La falta del encuentro de negociadores ha sido suplantada por apariciones en medios de comunicación y por noticias que pretenden avivar el interés público en ese proceso, generar debates que aclimaten ideas hasta ahora inaceptables y hasta redefinir roles políticos en el proceso. Medios de comunicación y redes sociales han sido útiles coristas para estos propósitos.


Vestido de esfuerzo investigativo, que desaparece con los reconocimientos de que se divulga sólo lo acordado con las fuentes, fue publicado en El Espectador  de ayer un informe que se pretende revelador, al tiempo que confirmación, del que llama acuerdo, aunque no hay tal, sobre justicia. Como ya lo habíamos anunciado, nos abstenemos de analizar documentos informales o incompletos, así ellos hayan sido divulgados o, como en este caso, filtrados desde la mesa de negociación. Esa es nuestra tradición: cuando muchos medios hacían fiestas con las filtraciones de piezas sumariales del Proceso 8000 reclamamos que se tomaran “todas las medidas para impedir que prosperen esas nuevas expresiones del afán de alimentar el sensacionalismo periodístico con filtraciones interesadas”, el país soportó las consecuencias de que ello no se hubiera hecho. Hoy, cuando empiezan a aparecer los deslizamientos de datos desde la Mesa de conversaciones retomamos ese llamado para invitar a las partes negociadoras a renunciar a ese instrumento que pretenden eficaz para manipular a la opinión pública.


Antes de esta filtración, los interesados en esas conversaciones permanecieron atentos al vaivén de la discusión sobre el cese bilateral del fuego y las condiciones puestas por las partes para adelantar su hora a enero, o diciembre, así no haya acuerdo final. La discusión fue abierta por las Farc pero cobró fuerza con la declaración del doctor Santos sobre su interés de impulsar un cese al fuego definitivo desde el 16 de diciembre, el cual estaría vigilado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Con su proclama, el Presidente rompía un compromiso repetido desde 2012 y ratificado en declaraciones como la del pasado 16 de junio, cuando dijo a la cadena TeleSur, financiada por el Gobierno de Venezuela, que “hemos dicho todo el tiempo que no queremos un alto el fuego bilateral antes de que el proceso de paz llegue a su fin”. Tal generosidad fue excusa para que los jefes de las Farc chistaran por lo que calificaron como “un nuevo intento gubernamental por imponer decisiones unilaterales” y exigiera vigilancia al proceso, pero de Unasur. Sin vergüenza, le reclamaron al Gobierno por violar “el principio rector de la bilateralidad de la mesa” (¡!). No se trata de que no entiendan que no son iguales al Estado, es que pretenden que la habilitación temporal como interlocutores se confunda con la igualación que el derecho internacional da a los beligerantes.


Creado este marco, en el que es imposible pasar por alto el prestigio que las Farc recibieron de los senadores que los visitaron convirtiéndolos en interlocutores sin haber firmado un acuerdo, esa organización encontró el camino despejado para proceder a su fuerte reclamo al Ejército por los combates en Caquetá y Meta en los que murieron seis guerrilleros y sobre los que el ministro Luis Carlos Villegas declaró que fueron acciones legítimas que continuarán porque “se han perpetrado a la sociedad civil acciones” que vulneran su seguridad. Con esta precisión, el Ministerio de Defensa pretende también responder a crecientes y muy justificados temores de ciudadanos que, como señala el Ministro, han sido víctimas de crímenes cometidos por una organización que sí cumple con el fin de hostilidades contra el Ejército, pero sigue “extorsionando, en narcotráfico, en minería criminal, sembrando minas”. Celebramos que el Gobierno admita lo que el país sabía sobre lo fragmentarias que han sido las proclamadas treguas unilaterales de las Farc y que demuestre que hay límites a la presión que sobre él puede ejercer la organización que sigue siendo la principal responsable de la economía criminal y los actos de violencia a ella asociados, razones por las que debe seguir siendo el principal objetivo del control de las instituciones militares y de justicia que representan legítimamente al pueblo colombiano.