Editorial


El Ni駉 no es el culpable
29 de Octubre de 2015


Si el Estado vende el activo estrat間ico que es Isag閚 y por ende su capacidad reguladora de facto, en situaciones de crisis como la actual, el susto no deber韆 ser por la amenaza de un apag髇 sino por el costo del servicio.

Aunque fueron cinco las medidas anunciadas el martes por el Ministerio de Minas y Energía para conjurar la crisis actual de generación, el aumento en las facturas de energía a partir de diciembre ocupó ayer los espacios informativos, como quiera que del bolsillo de los colombianos -vía tarifa- y de las arcas de la Nación -vía subsidios-, tendrán que salir $1,1 billones para ayudar a reponer las pérdidas de $3,3 billones de las generadoras térmicas y evitar así su amenaza de un apagón. Que los colombianos y el Gobierno estemos obligados a lanzar un salvavidas a las generadoras privadas, demuestra que, contrario a lo que pregona el ministro Tomás González, ni el país aprendió las lecciones del apagón de 1991 ni el sector energético colombiano es hoy un referente internacional por confiabilidad y eficiencia.


Comenzando los noventa, Colombia era un país dependiente de las generadoras públicas, la mayoría insostenibles por diversas causas, por lo que la sequía originada por el fenómeno de El Niño de esa época sometió al país a largas horas de oscuridad. Para que la historia no se repitiera, el Gobierno promovió la Ley 142 de 1994 que, entre otras cosas, abrió el mercado energético a los privados y decidió que el agua no podía ser la única fuente de generación. Se construyeron entonces las térmicas, no para competir con las hidroeléctricas porque ello es técnicamente imposible, sino para complementar la generación hidroeléctrica en casos de necesidad. Surgió entonces el cargo por confiabilidad, uno de los componentes de la tarifa de energía, cuyo propósito era servir como un seguro para que las térmicas y otras generadoras estuvieran disponibles, precisamente en momentos críticos. 


Hoy están dadas las condiciones para que tales generadoras cumplieran su función de complementariedad con su producción, pero lo que quedó al descubierto es que estas empresas, operadas por privados, dicen estar trabajando a pérdida puesto que el gas, que es el combustible que las mueve, está escaso y el sustituto, que es el diésel, es mucho más costoso (a pesar de los bajos precios internacionales del petróleo y sus derivados). Termocandelaria y Termovalle cerraron y se rumora que otras podrían salir del mercado asumiendo el riesgo de ser multadas e intervenidas. 


Contener esta situación llevó al Gobierno a tomar las medidas anunciadas, endilgando todo el peso de la crisis en el fenómeno natural, cuando en realidad lo que la situación actual demuestra es la debilidad del país ante las presiones de generadores privados (y la necesidad de los públicos de rendirle utilidades a “papá gobierno”), a las cuales es fácil ceder si se considera el enorme costo político que tendría repetir la historia del apagón. Este costo es tan grande que han preferido “darse la pela” de un alza en las tarifas, pero eso sí, después de las elecciones. Si el fenómeno climatológico es cíclico y lo único que no se sabe con anticipación es la intensidad, la reducción de los aportes hídricos al sistema podía haber estado en la agenda con suficiente anticipación como para que las térmicas, como garantes del suministro energético en tiempos de sequía, estuvieran preparadas con contratos de suministro de gas que les permitiera operar.


Ahora bien, no entendemos que se hable de escasez de gas cuando, según datos de Naturgas, a junio de este año las reservas del país estaban aseguradas hasta 2021. Pero ahora el Ministerio explica que requiere poner en operación el gasoducto Cartagena-Sincelejo para transportar el gas proveniente de campos en Córdoba y Sucre, y también pone sus esperanzas en el inicio de las importaciones desde Venezuela que iniciarían en enero de 2016; una carta que Maduro sabrá jugar a su favor y en todo caso, una expectativa que ante la inestabilidad política del vecino país nada de raro tendría que nunca se diera. Nos preguntamos además qué pasa con la exploración de nuevos yacimientos; la ineficiencia aquí es del Estado, que no estaba preparado para que su Plan B ante una crisis energética, tuviera los insumos que necesitaba para funcionar. 


También nos preguntamos ¿qué hicieron las térmicas con los recursos del cargo por confiabilidad? ¿Qué clase de seguro era? El principio del aseguramiento es pagar una póliza al asegurador de modo que, cuando se necesita, el asegurador paga hasta el monto contratado que siempre es mucho mayor al pago de la cuota. Pero ahora resulta que además de girar los pagos de confiabilidad, los colombianos y el Gobierno seremos los aseguradores de las empresas privadas que, al parecer, tomaron el dinero y lo invirtieron en cualquier cosa menos en asegurar su operatividad, que era para lo que se estaba pagando ese extra.


Este forcejeo entre los privados y el Gobierno configura el temido escenario que siempre hemos anticipado que se puede presentar cuando se privatice a Isagén. Si el Estado pierde este activo estratégico y por ende su capacidad de ser regulador, como lo hace Isagén cuando saca su energía al mercado y marca el precio de referencia, en situaciones de crisis como la actual el susto no debería ser por la amenaza de un apagón sino por el costo del servicio si son los inversionistas privados los que manejan el mercado de la energía para evitarlo.