Editorial

No olvidar a las v韈timas de CDO
12 de Octubre de 2015


Es dolorosamente visible la desidiosa morosidad de autoridades administrativas del orden nacional y judiciales locales que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que pueden amparar y reparar a los afectados por esas malas obras.

Extendemos nuestro abrazo solidario a las familias de las doce víctimas mortales del desplome de Space y a los propietarios de viviendas en esa unidad y en Continental Towers, Asensi y Colores de Calasania, que esperan la restitución de los patrimonios perdidos o puestos en riesgo por la empresa que construyó edificios que fue preciso demoler o no pueden ser habitados en sus condiciones actuales. A dos años de la tragedia es notorio el afán de escribir la página del olvido en que están empeñados la empresa constructora, además de facultades y gremios de la ingeniería, la arquitectura y la construcción. También es dolorosamente visible la desidiosa morosidad de autoridades administrativas del orden nacional y judiciales locales que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que pueden amparar y reparar a los afectados por esas malas obras.


Los patrimonios de los propietarios de Space que vendieron sus derechos a CDO, así como los de los dueños de apartamentos en otras urbanizaciones, a quienes les han incumplido acuerdos de pago de sus arrendamientos mientras se decide la suerte de los inmuebles en riesgo, dependen de la diligencia y responsabilidad de la Superintendencia de Sociedades. Esa institución nacional tiene el deber de garantizar el cumplimiento de acuerdos, aplicando sanciones si fuere necesario, y de vigilar el patrimonio de la constructora y sus propietarios para garantizar que no se presente desviación de los recursos que deben ser utilizados en el pago de los acuerdos en mora o pendientes de cancelación. También es su deber contribuir a la búsqueda de soluciones a los diferendos que todavía enfrentan a la constructora con propietarios de las urbanizaciones que fue preciso desalojar debido a fallas estructurales que ponen en duda su estabilidad.


Algunas familias que perdieron sus apartamentos en la implosión de la unidad residencial Space, exigida por el inspector de Policía que atendió recomendaciones de la Universidad de los Andes, instauraron una demanda administrativa que cursa lentamente en el Juzgado 14 Administrativo de Medellín. En el proceso iniciado hace poco más de catorce meses fueron vinculados la familia propietaria de CDO y el Municipio de Medellín, además de la empresa constructora. No obstante que este proceso está llamado a sentar precedentes en las exigencias de protección de la vida, la actividad constructiva y la vigilancia al cumplimiento de las normas urbanísticas y de construcción, el Juzgado insiste en caminar lentamente en su estudio. Tal morosidad genera justas inquietudes de los afectados y facilita la pretensión de olvido que convendría a los responsables de hechos que avergüenzan a la otrora orgullosa ingeniería antioqueña.


También la familia de Juan Esteban Cantor Molina recibió el pasado viernes 9 de octubre un baldado de agua fría en el proceso penal que cursa en un juzgado de Medellín. Por cuarta vez consecutiva fueron notificados de un nuevo aplazamiento de la audiencia de imputación de cargos al ingeniero calculista, la directora de obra y el representante legal de CDO. En esta ocasión se adujo la ausencia de un apoderado y la falta de documentación de la defensa. No sólo la familia, sino expertos, se preguntan por la insistencia en tácticas dilatorias que amenazan los términos y aplazan la definición de responsabilidades en hechos que les produjeron un dolor irreparable.


Mientras las autoridades nacionales y judiciales toman tiempo para brindar garantías y respuestas a quienes ya han sido víctimas de errores fatales de esta constructora, el Congreso avanza en el trámite al corregido proyecto de ley de Vivienda segura, el cual busca crear condiciones suficientes de respaldo y vigilancia a sus patrimonios para los compradores de nuevas viviendas. Esta norma también aumenta la exigencia de los trámites de recepción de obras, garantizando que autoridades expertas asuman la revisión de las construcciones previa su habitación. Con sus múltiples exigencias, que sólo falta sean aprobadas en plenaria de la Cámara de Representantes, por lo menos algo positivo quedará del desplome de la torre 6 de Space.


Dada la próxima elección de alcaldes, este aniversario del desplome de Space debe ser oportunidad para que los candidatos expliquen a la ciudadanía cuál será su política para los afectados por estos errores, sus decisiones en materia de construcción de viviendas y aclaren si tienen alguna relación con la empresa responsable de estos hechos.