Columnistas

Revisión a fondo del ejercicio del control fiscal.
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
9 de Octubre de 2015


El modelo de control fiscal imperante en el país, basado en la indemnidad del patrimonio del Estado, debe ser variado sustancialmente por otro modelo de control.

El modelo de control fiscal imperante en el país,   basado en la indemnidad del patrimonio del Estado, debe ser variado  sustancialmente por otro modelo de control,  donde la tarea de las contralorías esté orientada a garantizar la eficiencia del gasto público y que las actividades que desarrollan las autoridades y los particulares que administran recursos públicos  estén dirigidas  al cumplimiento de los fines propios del Estado.


La sentencia C-103 de 2015, que declaró inexequible el control  previo de advertencia que realizaba la Contraloría General de la República, debe ser el punto de partida para la redefinición del ejercicio del control fiscal en Colombia, que sin duda debe ser objeto de transformaciones constitucionales y legales sustanciales.


Con la doctrina constitucional contenida en la sentencia  C-103,  queda claro que las contralorías no pueden intervenir en actividades administrativas, salvo las relativas a su propia administración interna, lo que debe traer consecuencias directas sobre las actividades de “auditoría”, pues,  en muchas oportunidades se ocupan de establecer “hallazgos” con efectos “administrativos”, que resultan directamente  asociados a los denominados “planes de mejoramiento”,  que las contralorías les imponen a los sujetos de control.


Tanto el denominado “control previo de advertencia”, como los hallazgo con mérito o alcance  “administrativo”, corresponden a instrumentos propios del modelo de “auditoria” de gestión y resultados, diferente al meramente “indemnizatorio patrimonial”,  que se ha impuesto en Colombia, sobre todo a partir de la Constitución de 1991 y de la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de la misma,  en especial en sentencias como la SU-620 de 1996 y otras como la C-484 y C-661 del 2000.


No obstante el esfuerzo que puedan hacer algunas de las contralorías del país, el problema es que el modelo existente no permite un control fiscal con resultados eficientes y mucho menos que el mismo pueda orientarse a logar un mejor resultado para la administración o a ser un instrumento efectivo de control ciudadano; basta con tener en cuenta que el objeto de tutela del control fiscal es solo indemnizatorio patrimonial y que la contraloría no dispone de instrumentos legales que le permitan imponer sanciones por gestión ineficiente y debe limitarse exclusivamente a resarcir el daño patrimonial causado al Estado.


En otros términos, frente a una caso evidente de corrupción o de gestión gravemente ineficiente, en el que el infractor pague el detrimento patrimonial que ha ocasionado al Estado, la Contraloría no puede adelantar ningún tipo de proceso de responsabilidad fiscal, ni imponer sanción alguna, pues en ese evento, las responsabilidades del servidor público o del particular que administra recursos estatales será penal y disciplinaria, pero de ninguna manera fiscal, pues la fiscal se limita exclusivamente al restablecimiento del perjuicio patrimonial causado al Estado.  


Con la expedición de la Ley 1474 de 2011, y la aparente “judicialización” y “penalización” del control fiscal en Colombia, se abandonó del todo el verdadero camino, que es el de orientar el ejercicio del control fiscal a modelos de auditoria de gestión y resultados y antes que convertirla en un instrumento orientado a garantizar la eficiencia, económica, eficacia, equidad y desarrollo ecológico sostenible, se pretendió convertirla en instrumento anticorrupción que no está acorde con su desarrollo institucional, ni con lo que técnicamente deberían ser sus fines. 


Lo que se impone es una revisión a fondo del ejercicio del control fiscal en el país, redefinir su objeto y los sistemas o métodos de control que pueden utilizarse;  en especial entender, que si esa modalidad de control no tiene como objetivo mejorar la actividad de la administración y la protección de los derechos ciudadanos, carece de sentido su existencia y por ello la misma debe repensarse. 


Es la hora de que en lugar de seguir construyendo en la vía equivocada, se inicie un proceso a fondo de revisión institucional de los organismos de control en Colombia, tarea que debería incluir además de la Contraloría, a la Procuraduría y la Fiscalía,  esa es una tarea en la que deberíamos participar todos y en la que ya es hora que tanto la Universidad Pública como la privada tomen la palabra.


*Docente y asesor