Economía

Azucareros dicen que sanción los pone en jaque
Autor: Olga Patricia Rendón Marulanda
9 de Octubre de 2015


Los gremios y los ingenios azucareros aseguran que la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio pone en riesgo sus patrimonios y en algunos casos los llevaría a la quiebra.


Foto: Jhon Alexander Chica Yara 

Las cartelizaciones empresariales investigadas por la SIC, en su mayoría, son con productos de consumo masivo, lo que afecta el bolsillo de las familias.

Frente a la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso a Asocaña, Ciamsa, Dicsa y a doce ingenios azucareros por cartelización para impedir la importación de azúcar a Colombia durante varios años por más de $320.000 millones, la defensa de esta industria no se hizo esperar.


Según la SIC estas empresas, ingenios y gremios incurrieron “durante varios años en una conducta concertada, continuada y coordinada para obstruir importaciones de azúcar de otros países hacia Colombia, concretamente Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica”.


Los implicados aseguraron que no fueron notificados formalmente sino que a través de un comunicado entregado a los medios de comunicación se enteraron de la sanción.


Riopaila Castilla S.A. aseguró que “es respetuosa de la decisión tomada por la SIC, sin embargo está convencida de la transparencia y legalidad de su proceder en el total respeto a la libre competencia, y por lo tanto, acudirá al recurso de reposición ante la entidad. Además como lo hemos manifestado y lo haremos de nuevo, consideramos que durante el proceso se han cometido fallas graves procesales y se nos ha violado el debido proceso, el derecho legítimo a la defensa y atentado contra nuestro buen nombre”.


Y afirmó que nunca ha incurrido en acuerdos de cuotas de producción cargo “sobre el cual fuimos totalmente exonerados.  Por el contrario, la compañía en el ánimo de competir y ganar mayor participación de mercado implementa desde hace varios años una decidida estrategia comercial y de mercadeo para posicionar su marca dentro de los hogares colombianos y los clientes industriales, basada en el entendimiento que hacemos parte de un mercado de “commodities” y en un entorno donde hay libertad para la importación de azúcar bajo las políticas públicas vigentes”.


Por su parte, Asocaña, a través de su apoderado Pablo J. Cáceres Corrales, informó que las acusaciones de la Superintendencia de Industria son falsas: “En el caso de Asocaña quedó demostrado hasta la saciedad que las importaciones nunca se obstruyeron y se adjuntaron los registros de las importaciones que los industriales han hecho a lo largo de los años, desde el momento mismo del período de inicio de la investigación. Por otra parte, en la investigación nunca se mencionaron las importaciones procedentes de Guatemala y El Salvador, por lo cual es abiertamente ilegal una sanción sobre hechos que no figuran en la investigación” y agregó que el superintendente, con esta decisión, ha entrado en los dominios del código único disciplinario y del estatuto penal.


Como una mortal estocada que sumirá en su peor crisis económica al sector azucarero colombiano y que afectará los puestos de trabajo de miles de operarios calificó la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Comité Ejecutivo de la confederación sindical aseguró que la sanción conlleva, además, una grave e histórica irresponsabilidad porque la economía de departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Risaralda dependen casi en su totalidad de la industria del azúcar.



Empresarios hablan de proteger al sector

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) considera que más allá de la culpabilidad o no de los implicados el análisis del monto y magnitud de las sanciones pueden incluso llegar a afectar la viabilidad del sector, vital generador de empleos en la región del Valle del Cauca.


“Si bien la SIC se refiere a que las sanciones totales no superan ‘el 7% de sus ingresos operaciones anuales ni el 7% de su patrimonio’, vale anotar que sí pueden llegar a sobrepasar el 100% de las utilidades de algunas compañías, hecho que significaría un golpe importante a la economía del Valle del Cauca”, argumento el gremio.


“En este escenario, se abre nuevamente el debate sobre los procedimientos de investigación, debido proceso y apelación con que cuentan las empresas y personas asociadas a este tipo de investigaciones. Cada vez es más importante contar con una doble instancia distinta al juez, que permita apelar decisiones de esta naturaleza. Actualmente es prácticamente imposible apelar este tipo de decisiones, por lo que los sancionados se ven en la obligación de demandar los actos ante el contencioso administrativo”, aseguró la Andi.