Economía

Seis meses le dio la Superindustria a las azucareras para ajustar precios
8 de Octubre de 2015


Multaron a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), 14 empresas del sector, y sus directivos, con más de 324.000 millones de pesos por impedir importación del producto desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.


Redacción ELMUNDO.COM – EFE


La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó un plazo de 6 meses para que Gobierno Nacional ponga la lupa en el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (Fepa), se busca evitar que el instrumento se use para repartir cuotas de producción dentro del sector.


El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dijo a periodistas que la sanción por 324.441.178 millones alcanza a Asocaña, C.I. de Azúcares y Miles S.A. (Ciamsa) y Desarrollos Industriales y Comerciales S.A., en liquidación (Dicsa), entre otras.


Robledo explicó que la sanción es por haber incurrido "en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir, de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes fundamentalmente de Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica".


Las pesquisas determinaron también que "los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades para competir vigorosamente".


A los directivos se les multa por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta anticompetitiva sancionada en la modalidad de cartelización empresarial.


Las multas a los ingenios, explicó Robledo, no superan el siete por ciento de sus ingresos operaciones anuales, ni el siete por ciento de su patrimonio.


Para las multas se tuvo en cuenta como agravante que algunos de los ingenios y personas naturales fueron declarados responsables en el 2010, por cartelización en los precios de compra de la caña de azúcar a los cultivadores.


La investigación administrativa del órgano de control se inició en 2010 a parir de denuncias de varias empresas que utilizan en azúcar como insumo para fabricar sus productos.