Columnistas

La reforma de la Constitución
Autor: Jorge Arango Mejía
27 de Septiembre de 2015


El Gobierno, en su afán de concluir las tertulias de La Habana, ha hecho a un lado estos procedimientos, posiblemente por temor a que una vez conocidos los acuerdos en su integridad, sea imposible alcanzar las mayorías necesarias para su aprobación.

No fueron parcos los reformadores de 1991 al establecer las vías para la reforma de la Constitución. Por el contrario: crearon múltiples caminos, en el artículo 374: “La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo.”


Estos procedimientos están descritos en las normas siguientes, con detalle.


En consecuencia, nadie puede afirmar que la Constitución es inmodificable, o pétrea. 


Igualmente, fueron pródigos al determinar quiénes pueden presentar proyectos de acto legislativo: el Gobierno, diez miembros del Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los diputados, y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente.


En cuanto a la asamblea constituyente, su convocación solamente requiere el voto aprobatorio de la tercera parte de los integrantes del censo electoral.


En  el referendo reformatorio, es necesario el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos supere la cuarta parte de los integrantes del censo electoral.


El Gobierno, en su afán de concluir las tertulias de La Habana, ha hecho a un lado estos procedimientos, posiblemente por temor a que una vez conocidos los acuerdos en su integridad, sea imposible alcanzar las mayorías necesarias para su aprobación, en el Congreso o en votaciones populares.


El trámite que se ha diseñado no está exento de peligros. Veamos algunos.


En primer lugar, la Constitución tiene una vocación de permanencia. No es ley ordinaria que pueda cambiarse a cada  momento, como la gente cambia de vestido. En esto, precisamente, se basa la seguridad jurídica: nadie puede estar tranquilo en una nación donde las normas jurídicas varían constantemente. Ese ha sido el defecto permanente de nuestras leyes tributarias: no hay gobierno que se respete que no haga, al menos, dos reformas. El ministro de Hacienda anunció que haría la reforma estructural en materia impositiva, el mismo día en que el Presidente sancionaba una.


Se dice que éste es un procedimiento de excepción. Pero en materia tan delicada no hay razón para andar a las carreras, buscando atajos para impedir el estudio serio de las reformas. Mañana surgirán, con toda seguridad, otros asuntos excepcionales: la sequía, problemas laborales, las negociaciones con las bandas criminales reunidas bajo la denominación de “bacrim” etc.


Es verdad que para crear el régimen del Frente Nacional, en 1957, se convocó el Plebiscito del 1º de diciembre de ese año. Pero la situación era completamente diferente. Las dictaduras que padeció Colombia entre 1946 y 1957, habían desmantelado la organización jurídica. Hay que recordar cómo se gobernaba por medio de decretos de estado de sitio. El único camino para retornar a la normalidad, para que nuevamente se pudiera hablar de un Estado de Derecho, era la expresión de la voluntad popular.


No han pasado 25 años desde la aprobación de la Reforma de 1991, y ya hemos llegado, aproximadamente, a cuarenta reformas posteriores. ¿Qué pasará de ahora en adelante, cuando se generalice el procedimiento abreviado que se han ingeniado nuestros nuevos aprendices de brujos? 


La manera más eficaz de restarle valor y respetabilidad a la Constitución es asemejarla a las leyes ordinarias, por la facilidad de su reforma. Que nadie se equivoque: se está abriendo un atajo que mañana se recorrerá, para otros fines, con cualquier pretexto.


En el fondo de todo esto hay una realidad inocultable: el miedo a que la gente conozca la totalidad de lo acordado en las charlas de La Habana. ¿Por qué? No hay una explicación razonable. Si el negocio es tan bueno, ¿por qué la mayoría lo rechazaría? Y si es malo, ¿por qué la prisa en aprobarlo?


Una consideración al margen, para finalizar: ¿la tregua decretada por las Farc comprende el  narcotráfico y todas las actividades conexas? Ya se sabe que no se extiende al secuestro, pues no han liberado una sola de sus víctimas. ¿Habrá que invitar a La Habana a los  representantes de las asociaciones criminales de México que trabajan con las Farc?


Como se ve, en esto de la paz siempre hay más preguntas de la gente que respuestas del Gobierno.