Editorial

Ante lo inevitable
23 de Septiembre de 2015


La reunión le confirmó al chavismo el control sobre la frontera y le permitió guardarse las cartas que necesitaba para, si así lo viere necesario, declarar el estado de excepción.

Tras el fracasado intento por convocar una reunión del Consejo Permanente de la OEA destinada a que los cancilleres de todo el continente recibieran información de primera mano sobre la crisis diplomática colombo-venezolana y tras la demostrada incapacidad de las cancilleres para conseguir resultados en sus dos encuentros personales, era inevitable una reunión que le permitiera a los presidentes Santos y Maduro mostrar a sus pueblos y al mundo que, a pesar de que sigue siendo muy difícil, es posible intentar soluciones diplomáticas para los problemas de la extensa y compleja frontera que en varios momentos de la historia ha dividido a pueblos hermanos. Dado ese paso y habiendo acordado una sencilla medida de distensión, como es el regreso de los embajadores a sus sedes, quedan abiertas opciones varias, todas ellas de futuro incierto y atado a las dificultades internas de las naciones, particularmente la venezolana.


Urgido por las amenazas a los colombianos radicados en Venezuela, por las crecientes incursiones venezolanas en territorio o espacio aéreo colombiano, por sus buenas maneras personales y por Rafael Correa y Tabaré Vázquez, quienes actuaron a nombre de la Celac y Unasur respectivamente, el doctor Santos tuvo que renunciar a  su exigencia de garantías a los colombianos perseguidos por la Operación para la liberación del pueblo en la frontera y de respeto al debido proceso en las deportaciones, para participar de una reunión que le ofrecía bajas expectativas, según sus declaraciones previas. Aunque proclamaron la intención de buscar lo que sea que signifique “la progresiva normalización de la frontera”, los presidentes no fijaron rutas para la restitución a quienes demuestren ser víctimas de injusticia, así como tampoco aclararon compromisos de reapertura del tránsito entre los países. La investigación y decisiones sobre los abusos y extralimitaciones con los colombianos siguen contando con los organismos multilaterales, como la Cidh y la CPI como única alternativa.


Las cinco horas de reunión en el Palacio de Carondelet dejaron una declaración de los presidentes, en la que sobresalen la decisión de restituir a los embajadores, así como el etéreo compromiso de “realizar una investigación de la situación de la frontera”, del cual se busca permita identificar la presencia e impactos de las organizaciones criminales. Si tal acción se cumpliere con rigor traería grandes beneficios a Colombia, como primer afectado por la alianza de las Farc, el Eln, las bandas de contrabandistas y otros grupos delictivos con unidades de la Guardia Nacional y el Ejército venezolanos, situación denunciada en medios de comunicación internacionales como el diario ABC de España. Los acuerdos también contemplan que los dos gobiernos se comprometen a respetar la “coexistencia de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país”, una iniciativa que pierde su carácter simplemente retórico cuando se la pone a la luz de la exigencia chavista de que el Gobierno de Colombia intervenga el mercado cambiario en Cúcuta, acción prácticamente imposible dada la autonomía del Banco de la República en el manejo monetario.


A cuentagotas, los medios de comunicación han comenzado a divulgar detalles de los temas tratados durante la reunión privada de los presidentes y sobre los que no llegaron a acuerdos. La violación del espacio aéreo por aviones militares venezolanos y las incursiones militares en nuestra frontera le fueron explicadas al Gobierno vecino, según declaraciones de María Ángela Holguín en entrevista radial en la que no ofreció mayores detalles de esa discusión así como tampoco profundizó sobre las características de la petición de Maduro a Santos para que intente que se reduzcan en Colombia las críticas a su figura y gobierno. La extravagante pretensión no sólo es otra muestra del muy difícil entorno para los voceros opositores y los medios de comunicación de Venezuela, sino que confirma la progresiva pérdida de conexión con la realidad que viene sufriendo el conductor Maduro. 


Con más protocolo y resonancia que los avances significativos que pudieran darse entre gobiernos que se proclaman amigos,  y que están sentados en la misma mesa de negociación con las Farc, la reunión le confirmó al chavismo el control sobre la frontera y le permitió guardarse las cartas que necesitaba para, si así lo viere necesario, declarar el estado de excepción y suspender, de manera indefinida o al menos hasta que considere que puede evitar su anunciada derrota, las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, previstas para el próximo 6 de diciembre.