Editorial

El debate de la vida
17 de Septiembre de 2015


Somos defensores de la vida y los derechos humanos, con opción preferencial por quienes son vulnerables y no pueden cuidar la propia, como sucede con los no-natos que carecen de voz.

1

Como corolario al espectáculo de la Fiscalía General alrededor del aborto ilegal que habría cometido una actriz, Eduardo Montealegre ofreció generoso indulto a la afectada en sus derechos a la intimidad y al buen nombre. Además, anunció que usará el momentum como inicio de un debate que aspira conducir hacia la despenalización cuasi total del aborto y que activistas aprovecharon para volver sobre otras batallas que asocian a la secularización de la sociedad, como la adopción por parejas del mismo sexo. Aunque desearíamos no participar en una discusión cuyo punto de partida lo constituyó una abusiva vulneración a la reserva del sumario con elementos fragmentarios de un caso en el que está involucrada una mujer famosa, el rumbo que fue tomando el debate, más que el hecho mismo, nos obliga a pronunciarnos en tanto que sus conclusiones han puesto en juego el consenso social alrededor de los derechos humanos, la configuración del Estado de Derecho y la ética. 


La irregular divulgación de esa información y la posterior actuación del fiscal general demuestran que las filtraciones de piezas procesales siempre responden a intereses particulares de quienes las filtran. En el caso que nos ocupa, ni el fiscal general podría sustraerse de ser investigado por su responsabilidad en el escándalo que vulneró derechos de la persona involucrada, ni puede renunciar al cumplimiento de sus funciones de investigar y si hubiere mérito, acusar a los responsables de conductas tipificadas como delitos en nuestro Código Penal. Esta obligación no es discrecional; la labor de la Fiscalía es investigar y acusar cuando haya indicios suficientes: no le es optativo ofrecer indultos, ni a responsables de crímenes de lesa humanidad, ni a quienes están bajo sospecha por la comisión de cualquier otro delito.


Pero más allá del hecho y las consecuencias que le fija nuestro Estado de Derecho, fue notorio el afán de llevar la discusión a un terreno de máximos emocionales y mínimos argumentales cargados de falacias dominadas por generalizaciones o simplificaciones. Es así como se reclama maximizar el valor de la libertad individual hasta separarlo, contrariando su concepción, de responsabilidades y compromisos. Tal visión llega acompañada con la descalificación por religiosa -¿de cuándo acá la espiritualidad merece condena social?- de cualquier exigencia de que la discusión tenga carácter racional y considere las razones científicas y los argumentos que hacen que 138 de los 193 países miembros de la ONU mantengan la prohibición total del aborto, con la sola y explicable excepción para situaciones en que el embarazo o el parto representan riesgo para la vida de la madre, admitida en cien países y validada por los expertos en bioética.


Una reflexión razonable sobre la protección de una nueva vida, que es diferente a la de sus fecundadores o a la de la madre que la ampara temporalmente, nunca llega a consensos cuando en ella se enfrentan ideologías con posiciones radicales desde la fe o la no-fe. Coherentes con ello, en EL MUNDO nos desprendemos de nuestra visión cristiana católica para invitar, inicialmente, a las consideraciones jurídicas y éticas sobre una iniciativa que distintos sectores pujan por llevar al debate público.


Hasta muy avanzado el siglo XX, en Colombia podría señalarse que hasta la Constitución de 1991, se validaron conceptos que permitieron la violencia intrafamiliar y los abusos de todo orden contra niños, niñas y adolescentes. En el orden jurídico prevaleció la garantía de respeto a la vida privada de las familias y al papel fundamental en ellas de las cabezas de hogar, en la mayoría de los casos los hombres. La humanidad se siente orgullosa de haber construido tantos avances jurídicos en el respeto a la vida, la integridad y la dignidad personal de todas las personas y de haberlos convertido en leyes que facultan al Estado para intervenir en casos de violencia dentro del hogar, sancionar a los responsables e incluso garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes que estuvieren en riesgo por la violencia ejercida por los adultos, a los que la ley les ha notificado que no son, como se permitió por siglos, dueños de las vidas de sus hijos. El aplauso al avance entra en contradicción con la demanda de una legislación que convierta al embrión (¿porque no se ajusta a nuestra imagen de ser humano? ¿porque es altamente dependiente de otro ser humano?) en parte, o sea propiedad, de la progenitora, negándole que es otra vida, con un alto grado de dependencia y sin capacidad de defenderse a sí misma, pero otra vida al fin y al cabo, que si no es víctima de un accidente natural o una acción humana voluntaria, seguirá su camino existencial único e irrepetible.


Como instituciones adherentes a la Noviolencia, Fundamundo, nuestra propietaria, y EL MUNDO somos defensores de la vida y los derechos humanos, con opción preferencial por quienes son vulnerables y no pueden cuidar la propia, como sucede con los no-natos que carecen de voz, a quienes les reconocemos que así no hayan ejecutado actos autónomos tienen una vida tan precaria y maravillosa como cualquiera de los seres que pretendemos decidir su futuro. En el análisis ético a las consideraciones de los abortistas, el concepto de qué es vida y la defensa de ese derecho fundamental y superior a cualquier otro, debe ser la guía de la discusión que ahora se inicia. 




Comentarios
1
Oslber
2015/09/17 04:06:41 pm
Excelente el argumento, un no nato es un ser, no una parte de un cuerpo, de hecho su ADN es diferente al de la madre. La vida se debe respetar antes, durante y después del nacimiento.