Editorial

Se destapó la dictadura
12 de Septiembre de 2015


La democracia venezolana pende ahora de lo que ocurra en las elecciones del próximo 6 de diciembre, a pesar de la perversa disuasión en que se constituye la condena a López para quienes persistan en oponerse al régimen.

Las apariencias democráticas que ha mantenido el régimen de Nicolás Maduro para legitimar su poder se siguen desmoronando tras la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de condenar al dirigente opositor Leopoldo López a trece años, nueve meses, siete días y doce horas de prisión, tras un juicio que a lo largo de 19 meses se caracterizó por negar al acusado las mínimas garantías para su defensa, como lo evidencia el hecho de que sus abogados no pudieron promover ni pruebas ni testigos y que durante su alegato final se le impidió al propio López mostrar un video ante la audiencia, mientras la Fiscalía presentó al menos a 108 testigos que validaron la acusación al dirigente político por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, al final de una marcha celebrada el 12 de febrero de 2014.


Declaramos nuestro rechazo a esta decisión amañada y complaciente de la justicia venezolana para con el régimen chavista y expresamos a la oposición venezolana, a la familia del dirigente condenado y a todos los defensores de la democracia en el hermano país, nuestra voz de solidaridad, en momentos en que Venezuela se está jugando su carta más importante hacia el futuro, pues la esperada sentencia, que deja en evidencia el viraje hacia el totalitarismo por parte de Nicolás Maduro, debe marcar el inicio de una acción decidida por parte del pueblo y de la comunidad internacional para rechazar y denunciar una situación que se incubó ante el silencio indiferente de la OEA y la anuencia de los socios del régimen en la Alba y en Unasur.


Como lo habíamos expresado en febrero pasado, con ocasión del primer aniversario de la detención de Leopoldo López, la decisión tomada el jueves por la jueza Susana Barreiros viene a ratificar que la justicia venezolana es ahora testaferro del poder abusivo que concentra el heredero de Hugo Chávez con la complacencia de una Asamblea Legislativa en la que reina la unanimidad, que no sólo desoyó las voces en pro de la liberación del opositor emanadas del Comité contra la tortura de Naciones Unidas, del Grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la misma organización y del propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos, a las que se sumaron numerosos reclamos de respeto al debido proceso y a un juicio justo por parte de dirigentes políticos de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, entre ellos el expresidente del Gobierno español, Felipe González, y el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana; así como de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Un aparato judicial que tampoco dio curso a las medidas cautelares emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que en abril pasado había pedido al Gobierno de Venezuela tomar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, así como adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales, tras las denuncias de tortura y aislamiento a que ha sido sometido.


El chavismo se está cobrando aquí una vieja deuda con el líder del movimiento político Voluntad Popular, a quien la Cidh ya había favorecido en 2011 con otra medida, mediante la cual exigió al Gobierno de Hugo Chávez restituir los derechos políticos de Leopoldo López, que le habían sido retirados en 2009 cuando fue inhabilitado por una autoridad administrativa, de modo que pudiera postularse a las elecciones presidenciales, a lo cual finalmente el dirigente no accedió para dar su apoyo al también opositor Henrique Capriles. Las circunstancias en que se ha dado el actual proceso, sumadas a este precedente, no dejan lugar al optimismo frente a la apelación a una segunda instancia. La resolución de este recurso será una farsa más dentro de este entramado, pero resulta necesario surtir todas las etapas nacionales de la justicia antes de que se pueda acudir a instancias multilaterales para demostrar que el proceso judicial violó de manera flagrante el Derecho Internacional y tuvo una clara naturaleza política, algo que el Gobierno venezolano, apurado ayer a defender lo indefendible ante la cascada de reacciones en contra de parte de presidentes, gobiernos y organizaciones, insiste en negar.


Resulta llamativo el silencio de Colombia ante la nueva coyuntura, cuya vocería asumieron los expresidentes Alvaro Uribe y Andrés Pastrana. Es natural que los socios del régimen chavista en Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua guarden silencio o, como en el caso de Unasur, emitan declaraciones vacuas para guardar las apariencias, pero la actitud del Gobierno de Juan Manuel Santos no hace más que reflejar que Colombia sigue de manos atadas ante el vecino, sin poder definir claramente sus afinidades filosóficas e ideológicas.


La democracia venezolana pende ahora de lo que ocurra en las elecciones del próximo 6 de diciembre, asumidas desde ayer por los partidos de oposición como última esperanza para ver fructificar sus esfuerzos por defender el Estado de Derecho, a pesar de la perversa disuasión en que se constituye la condena a López para quienes persistan en oponerse al régimen, a quienes les queda como uno de sus últimos soportes el apoyo popular que pueda expresarse mediante el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. La manifestación pacífica convocada para el 19 de septiembre por el propio López, mediante carta leída ayer por su esposa, Lilian Tintori, mostrará la línea del futuro político en el corto plazo.