Editorial

De atajo en atajo ¿hasta dónde?
10 de Septiembre de 2015


¿Por qué hay que crear un mecanismo distinto a los que la Constitución tiene establecidos para auscultar la voluntad popular?

En los últimos días, el Gobierno y sus aliados han proclamado la urgencia de incorporar los acuerdos de La Habana al ordenamiento jurídico, diluyendo compromisos con la justicia transicional y dejación de armas, que son las garantías de buena voluntad que la guerrilla puede y debe ofrecerle al país. Para darle salida a ese afán, el Gobierno y los partidos de la Unidad Nacional han anunciado los atajos que buscan tomar para imponer transformaciones a nuestra Constitución y Estado de Derecho.  


Mediante artificios lingüísticos, que siguen la línea de la declaración ofrecida por el presidente Santos el pasado lunes cuando señaló que “el referendo sería un suicidio”, ahora se anuncia que estudian un nuevo mecanismo para auscultar la voluntad popular, que a nosotros nos va pareciendo más una forma de manipular la opinión popular y que muy seguramente recurrirá a la simplista división entre los amigos y los enemigos de la paz. Surtido este “compromiso” los acuerdos de La Habana serían incluidos en la estructura institucional del país mediante otro mecanismo exótico, el mal llamado “congresito” o la comisión legislativa especial, como ahora se le llama. 


Es en la presión de las Farc donde encuentra sentido la insistencia en constituir una comisión legislativa especial, cuya conformación aún no es clara, que suplantaría a las comisiones primeras del Congreso, células plurales en su conformación, que son las responsables de los primeros debates a proyectos de reformas institucionales en cada una de las dos vueltas que establece la Constitución. Sólo la discusión de temas en esas células puede ofrecer que las decisiones aprobadas fueron decantadas en juiciosos debates parlamentarios. La suplantación significaría imponer procedimientos abreviados y entregar facultades al presidente, entre ellas la de incorporar guerrilleros en esa célula, desconociendo el principio de independencia de poderes (¿el Ejecutivo nombrando legisladores?) y el poder delegado en cada miembro del Congreso, mediante elección popular.


El tercer atajo que se promueve es, justamente, el de la entrega ad-hoc de curules a guerrilleros que participarían en esa Comisión. Se burlaría así la exigencia internacional de no impunidad a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. Se ha pretendido justificar esta trampa con decisiones de hace 25 años, en las que se otorgó amnistía a cuatro organizaciones guerrilleras y se le permitió al Epl participar, previa dejación de armas, en la Asamblea Constituyente; ese grupo desmovilizado tuvo dos de las 73 curules con voz y voto. En los años 90, la amnistía era un generoso gesto que el Estado podía conceder por la paz, y así se lo ofreció a las Farc. Tras el año 2009, Colombia está obligada a cumplir con el mandato del Estatuto de Roma, que declara imprescriptibles los crímenes de guerra y lesa humanidad e impone a la Corte Penal Internacional actuar en forma supletoria cuando los estados pretendan perdones generales para estos. No es de menor valor el que las amnistías se hubieran concedido a grupos sobre los que no pesaban condenas por acciones derivadas de su carácter narcoterrorista, calificación bien merecida por las Farc, a pesar de las recientes invitaciones semánticas a no llamar las cosas por su nombre.


Dada la notificación sobre los atajos con que se busca imponer los acuerdos de La Habana por encima de la voluntad popular y del Congreso, dejamos constancia de preocupación e incertidumbre a través de tres preguntas al presidente, el ministro del Interior y los líderes de la Unidad Nacional:


¿Por qué hay que crear un mecanismo distinto a los que la Constitución tiene establecidos para auscultar la voluntad popular?


¿Por qué implementar las decisiones mediante un procedimiento inexistente, cuando nadie pone en duda la idoneidad de los mecanismos establecidos por la Constitución para hacerlo? 


¿Por qué sacrificar los mínimos de justicia ofreciendo a los negociadores curules después de haber sido co-constructores de los acuerdos de La Habana?