Nacional

Closure of border with Zulia aggravates estrangement
Cierre de frontera con Zulia agudiza distanciamiento
9 de Septiembre de 2015


Unos 650 colombianos han retornado de forma voluntaria al país desde el pasado 25 de agosto por la frontera entre el departamento de La Guajira y el estado venezolano de Zulia.


Redacción EFE


El Gobierno de Venezuela oficializó ayer la declaración del estado de excepción en varios municipios del estado Zulia, fronterizo con Colombia, una medida que junto al cierre del paso limítrofe de Paraguachón, pretende combatir el contrabando y el crimen organizado.  Sin embargo, estas decisiones ponen en duda la voluntad de acercamiento entre los gobiernos de ambos países, tal como lo manifestara el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos este martes.


El estado de excepción se decretó "en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara, Almirante Padilla del estado Zulia, dadas las circunstancias extraordinarias  que afectan el orden socioeconómico y la paz social", señaló el decreto presidencial publicado ayer en Gaceta Oficial.


Siete de los 21 municipios que conforman el estado de Zulia poseen límites directos con Colombia.  En el municipio Jesús María Semprún, a escasos 15 kilómetros de la línea divisoria, se encuentra El Cruce, una comunidad donde la mayoría de los habitantes son de origen colombiano. Guarero, al norte del municipio de La Guajira, es el punto de tránsito más activo de esta zona limítrofe, por el corregimiento de Paraguachón.


Las irregularidades detectadas por el Gobierno en Táchira son de iguales características a las del estado Zulia "haciendo necesario que se tomen medidas de igual magnitud a los fines de restituir el orden público en dichas poblaciones", explica el texto.


Con este decreto quedan "restringidas" una serie de garantías establecidas en la Constitución venezolana en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 por un periodo de 60 días prorrogables a 60 días más.


La norma establece que las autoridades venezolanas "ejecutarán registros" para investigar "graves ilícitos administrativos" contra "las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio", así como delitos relacionados con la "seguridad de la Nación", el "orden socioeconómico", la identidad y el "orden migratorio".


Bajo este marco legal también se señalan restricciones al tránsito de mercancías y  bienes, por lo que las autoridades podrán revisar equipajes y vehículos.


Todo lo anterior podrá realizarse "sin la necesidad de una orden judicial previa", aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará "de forma absoluta" la dignidad de las personas.  Para entrar en vigor, el decreto necesita todavía de la aprobación tanto de la unicameral Asamblea Nacional como del Tribunal Supremo de Justicia.


Atención a La Guajira


Eurípides Pulido, alcalde de Maicao, municipio bloqueado desde la noche de este martes,  aseguró que hay una "inmensa preocupación" en la comunidad por los efectos que puede generar este nuevo bloqueo con el país vecino. "Hay una preocupación inmensa, los ánimos no son los mejores en la zona de frontera y queremos transmitir el mensaje", declaró el regidor.


Maicao, que vive del comercio entre los dos países, se sitúa cerca del puesto migratorio terrestre de Paraguachón, donde se desplegaron 3.000 soldados y se decretó el estado de excepción por orden de Maduro.


Con esta situación, apuntó Pulido, se verá afectado el comercio en la frontera, del que vive Maicao, y muy especialmente la comunidad indígena Wayúu, que frecuentemente se desplaza entre los dos países.


El alcalde agregó que ya ha hablado con el gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, para ponerle al corriente de la situación, y pidió al Gobierno Nacional que preste al departamento "la misma atención" que ofrece en Cúcuta, cuyo paso con Venezuela fue cerrado por Maduro hace veinte días.


Además de Paraguachón y Cúcuta, Colombia y Venezuela cuentan con otro puesto migratorio terrestre en Arauca (Arauca), y uno fluvial en Puerto Carreño (Vichada), y el resto son cruces ilegales, muchos de ellos en zonas selváticas.


Informe de la Ocha


Por otra parte, ayer también se dio a conocer el cuarto informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), que cifró en 1.467 los colombianos expulsados de Venezuela y en 18.619 los que han abandonado voluntariamente el país vecino por la crisis fronteriza desatada entre ambos países hace veinte días.


“Las deportaciones y retornos masivos de colombianos desde Venezuela han configurado una crisis humanitaria de proporciones crecientes en la zona fronteriza, especialmente alrededor de Cúcuta, Norte de Santander”, dice el informe. 


Los datos comprenden hasta el lunes 7 de septiembre. La Ocha subraya que mientras en el departamento colombiano Norte de Santander no se han registrado nuevas expulsiones desde el 26 de agosto, "en otros departamentos la cifra sigue en aumento".  


De los regresados voluntariamente, "aproximadamente 17.462" personas lo han hecho por el departamento Norte de Santander, en cuya capital, Cúcuta, se concentra la asistencia humanitaria desplegada por el Gobierno colombiano para atender a los afectados por la crisis con Venezuela.   En Cúcuta y el vecino municipio de Villa del Rosario están alojados en 21 "sitios de albergue" 3.402 colombianos llegados de Venezuela.


“Es importante que las autoridades municipales y departamentales cuenten con la información necesaria sobre sus responsabilidades y rutas institucionales para la recepción y atención de deportados y retornados. Esto es igualmente importante para los municipios que están recibiendo a la población deportada y retornada”, sugiere el informe. 


Samper aboga por el diálogo


El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, consideró ayer que "el mejor camino" para solucionar el conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela es el diálogo entre sus respectivos presidentes, Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.


"El mejor camino es el diálogo entre los dos interlocutores. Son ellos los que tienen que solucionar las dificultades de los dos países, como lo hemos hecho los presidentes que hemos sido de Colombia y Venezuela en el pasado", dijo Samper, quien ocupó la Presidencia colombiana entre 1994 y 1998.


Añadió que, a partir de eso, si los dos presidentes quieren "solemnizar un acuerdo, si quieren hacer un tratado con un referente regional, pues los mecanismos de Unasur están abiertos para que ellos se sienten y dialoguen".


Samper apuntó que "la norma" de Unasur es que no obligan a nadie: "solamente actuamos cuando los países nos lo piden".  El secretario de la Unasur consideró que la manera de afrontar problemas en la frontera es de manera conjunta.


"Estoy seguro de que tanto el presidente Santos como el presidente Maduro, porque hablé con ellos, estarían dispuestos a llegar a un mecanismo conjunto para la lucha contra el crimen organizado", añadió Samper.


Reiteró su esperanza en que Santos y Maduro se sienten a dialogar y "si lo hacen -dijo- estoy seguro que le van a dar, en este (momento) en que se celebra (el aniversario 200 de) la Carta de Jamaica, una gran noticia al continente y es que a las buenas podemos todo".


Santos había dicho este martes que aceptaba un ofrecimiento de Uruguay para mediar en la crisis fronteriza con Venezuela y facilitar un diálogo con Maduro. De su lado, Maduro anunció también que aceptaba la mediación de Brasil y Argentina en el conflicto y dijo a Santos que si quiere "mañana mismo" sostienen una reunión donde quiera, pero "sin condiciones". Sin embargo, la tensión entre ambos países se ha incrementado en las últimas horas con la decisión de Maduro de ampliar el cierre fronterizo.




Reunión con Ban Ki-moon

La canciller colombiana María Ángela Holguín aseguró que el Gobierno sigue dispuesto a hablar con Venezuela sobre la crisis fronteriza, pero consideró que "por ahora las circunstancias están un poco complicadas", dijo Holguín a los periodistas tras reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.  La canciller se entrevistó con Ban para darle a conocer de primera mano la situación en la frontera, tanto el aspecto humanitario por la llegada de miles de colombianos desde Venezuela,  expulsados o retornados por voluntad propia, como los "problemas estructurales" en la zona.   Según la responsable colombiana de Exteriores, el encuentro fue "muy positivo" y, tras él, "muy seguramente" Ban, quien ya trató el asunto con el presidente venezolano Nicolás Maduro, volverá a hablar con Venezuela sobre el conflicto. Sobre el cierre del paso fronterizo de Paraguachón oficializado  ayer por Venezuela, Holguín dijo que las autoridades colombianas ya tienen allí a representantes y están "muy pendientes" de lo que ocurre.  "Aparentemente no hay deportaciones, afortunadamente. Está, me dicen, que tranquilo", dijo.  La canciller aseguró que Colombia va a trabajar para que el pueblo indígena Wayúu que habita en la zona y que atraviesa regularmente la frontera "no vaya a sufrir ninguna falta de alimento o alguna cosa".




Supuestos paramilitares

El gobernador del venezolano estado del Táchira, Jose Vielma Mora, informó que dos presuntos paramilitares colombianos murieron en un enfrentamiento con efectivos de seguridad en el municipio Ayacucho de esa zona, donde se decretó el cierre fronterizo y el estado de excepción. "Una comisión conjunta entre el Cicpc (Policía científica), Sebin (servicio de inteligencia) y militares dieron de baja a dos presuntos paramilitares colombianos que causaban un gran terror en la zona", indicó Vielma Mora en declaraciones recogidas por la estatal VTV. El gobernador señaló que además de la muerte de estos dos colombianos se detuvo  a una mujer de esa nacionalidad, todos pertenecientes, dijo, a la banda criminal de los rastrojos, que según las autoridades de Colombia se dedica principalmente al narcotráfico en distintos puntos del país andino. Informó  que en la operación, que tuvo lugar en el sector La Osuna del municipio Ayacucho, se incautaron armas de fuego, celulares, uniformes y motos solicitadas por robo.




La OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió rapidez en las reagrupaciones familiares de los colombianos expulsados de Venezuela, así como una pronta recuperación de bienes.  "El (problema) más grave de todos y que ha de ser resuelto a la brevedad por los países es la reunificación familiar", afirmó en una escueta declaración a los medios tras participar en un evento en el Senado de México, país en el que se encuentra de visita.  Almagro, quien el sábado pasado visitó la frontera colombo-venezolana, reiteró también la necesidad de reponer "a estas familias de trabajadores de pocos recursos los pocos bienes que han perdido".