Editorial

Legado de una paz sin justicia
9 de Septiembre de 2015


La realidad guatemalteca señala el inmenso costo que tiene imponer acuerdos de paz sin respeto por mínimos de justicia (para todos por igual) y acatamiento pleno a las reglas de juego determinadas en la Constitución.

En la jornada electoral regular que siguió a la caída del presidente Otto Pérez Molina, llamado a responder por vínculos con la corrupción en el sistema aduanero, los guatemaltecos dieron mayoría a Jimmy Morales, director de un magazín humorístico de la televisión guatemalteca, y a Sandra Torres, nada más y nada menos que la exesposa del anterior y también muy cuestionado presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de quien se divorció para poder aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2011. Estos dos finalistas entre catorce candidatos, que se enfrentarán en segunda vuelta prevista para el 25 de octubre, es vista por observadores internacionales como el triste reflejo de una sociedad que ha perdido la confianza en la posibilidad de rescatar las instituciones que han sido cooptadas por la corrupción y la violencia generalizada, males que se amparan en la impunidad. 


La desesperanza confirmada en las urnas por los guatemaltecos tiene raíz en el deterioro de sus instituciones; mismo que encuentra explicaciones en decisiones tomadas 19 años atrás. El 29 de diciembre de 1996, los personeros del estado de Guatemala y de la Unidad revolucionaria general guatemalteca firmaron, ante el secretario general de la ONU, el Acuerdo de paz firme y duradera que prometía dar por terminado un conflicto interno de 36 años en el que cuatro grupos guerrilleros -que se unificaron para esa negociación-, paramilitares y agentes del Estado perpetraron 200.000 homicidios, además de desapariciones forzadas y desplazamientos masivos. En los acuerdos fueron consignadas 17 decisiones que se ofrecieron como de estabilizaciones, incluyendo la amnistía general que exoneró de responsabilidades ante la justicia a los culpables de crímenes, incluso los de lesa humanidad. Entonces, a la exigencia de justicia se respondió creando la Comisión para el esclarecimiento histórico, que el 24 de abril de 1998 entregó el informe, aun no aceptado, Guatemala, nunca más. Dos días más tarde monseñor Juan José Gerardi, su coordinador, además de obispo auxiliar de Ciudad de Guatemala, fue víctima de un magnicidio que, como el 93% de los crímenes perpetrados en ese país, sigue protegido por la incapacidad del Estado para administrar justicia.


El acuerdo de paz con impunidad ha traído a Guatemala años de horror asociados a la captura de las instituciones por redes mafiosas asociadas al narcotráfico y la corrupción. Estas llegaron acompañadas por una violencia generalizada que en 2014 provocó 5.924 homicidios, o sea una tasa de 37,47 muertes por cada 100.000 habitantes, que no sólo es de las más altas del mundo sino que supera las ocurridas durante la confrontación que aquejó al país entre 1960 y1996. Acosado por la debilidad del Estado, la zozobra de la sociedad y los crímenes, el presidente Óscar Berger suscribió, en 2006, el acuerdo para que Naciones Unidas creara la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. Aunque se le había fijado mandato de dos años, ese organismo se acerca a su primera década con pobres resultados que presentar en el cumplimiento de su mandato de “combatir los cuerpos ilegales de seguridad, los aparatos criminales de seguridad” y las redes de su financiación y las estructuras asociadas a él. Hasta ahora, el único hecho substancial, aunque existen otros procesos con menor espectacularidad, es la promocionada, y aplaudida, defenestración de Otto Pérez Molina y su anterior vicepresidente, acusados de participar en la corrupción de las aduanas en un proceso en el que aún no inicia el juicio.


Las actuaciones con las que Guatemala ha intentado darse una nueva oportunidad para construir institucionalidad democrática sobre las bases de la fuerza de la justicia y las garantías de transparencia de los responsables públicos no han sido suficientes para cerrar la herida abierta por 36 años de feroz conflicto interno y por un acuerdo firmado sin respeto por el Estado de Derecho, los valores que lo sustentan y las reglas de juego que garantizan su plena realización. Prueba de ello, las aceleradas acusaciones de alianzas indebidas, con los militares incursos en crímenes o financiadores corruptos, así como de viejas culpas y trampas como la de la señora Torres y su intento de suceder a su esposo en la Presidencia en 2011. La lluvia de recriminaciones en campaña y la incapacidad de Guatemala para dar forma al Estado de Derecho, empeño que ha costado valiosas vidas, señalan el inmenso costo que tiene imponer acuerdos de paz sin respeto por mínimos de justicia (para todos por igual) y acatamiento pleno a las reglas de juego determinadas en la Constitución.