Columnistas

No a la suspensi髇 del m韓imo vital en servicios p鷅licos
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
4 de Septiembre de 2015


Una pregunta frecuente en el sector de los servicios p鷅licos es la relativa a determinar si act鷄 correctamente una empresa de servicios p鷅licos domiciliarios que procede a suspender los servicios de sus usuarios sin previa notificaci髇.

Una  pregunta  frecuente  en  el  sector  de  los  servicios  públicos  es  larelativa a determinar si actúa correctamente una empresa de serviciospúblicos domiciliarios que procede “unilateralmente” a suspender o acortar  los  servicios  de  sus  usuarios,  por  el  solo  hecho  de  no  pagooportuno de las tarifas, sin previa notificación de la medida y sin darle alusuario la oportunidad de ejercer su derecho constitucional al “debidoproceso”. La pregunta anterior se complementa con una segunda,  es la relativa aestablecer si procede, o no, la suspensión o corte del mínimo vital enservicios  públicos,  a personas  que  tienen  derechos  constitucionalesprotegidos  y no  han atendido  la  obligación del  pago por  carecer  de recursos para hacerlo.


En la actualidad se hace evidente que las empresas no pueden negar,suspender o cortar los servicios sin garantizar el debido proceso a sususuarios, y que además no pueden suspender el acceso al mínimo vitalal servicio a las personas con derechos constitucionales protegidos porel hecho de que no puedan realizar oportunamente el pago.


Aunque para la teoría económica, la suspensión y corte del servicio, estan  solo  un  efecto  de  la  aplicación  de  la  excepción  de  contrato  nocumplido,  esto  es  el  “no  pago” le  resulta  suficiente para terminar elsuministro del  servicio,  como si se tratara de cualquier mercancía, elasunto  no  es  tan  simple,  pues  dada la  naturaleza  especial  de  estosservicios su prestación lleva involucrada el ejercicio de función públicaadministrativa, tal como se deriva de los mandatos contenidos en losartículos 152 y siguientes de la ley 142 de 1994.


Si  bien  este  tipo  de  asuntos  han  debido  quedar  claros desde  laexpedición  de  la  sentencia  C-150  de  2003,  por parte  de  la  CorteConstitucional,  la  realidad es que en la práctica esa decisión solo haadquirido importancia en los últimos tiempos, en especial a partir de lasentencia  T-793-12 en la que la  Corte  nos recuerda el  deber  de darcumplimiento al debido proceso en estos casos.


Resulta de la mayor importancia  tener en cuenta que de conformidadcon lo previsto en el artículo 154 de la ley 142,  “contra los actos denegativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación querealice la empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelaciónen los casos en que expresamente lo consagre la ley; esto es, en estoseventos  no  las  empresas  no  deben  proceder  a  través  de  simplesmedidas o vías de hecho, sino que deben expedir “actos”, los que porsus efectos y características son típicamente administrativos.


Los  servicios  públicos  domiciliarios  son  prestados  en  ejecución  de  larelación jurídica que existe entre la empresa y sus usuarios, a través deldenominado  contrato  de  servicios  públicos,  que  en  la  actualidad  seencuentra tipificado en los artículos 128 y siguientes de la Ley 142 de1994,  pero,   además  del  contrato  la  propia  ley  142  y  la  doctrinaconstitucional   consagran un conjunto  de  instituciones,  que permitendeducir que esta no es una mera y simple  relación contractual. En otros términos,  el solo hecho de que las relaciones empresa usuarioestén  parcialmente  regidas  por  el  denominado  contrato  de  serviciospúblicos de  condiciones uniformes, no le da a la relación jurídica unaconnotación exclusiva de derecho privado, pues se trata de un contratoespecial, en el que en varios casos se privilegie la aplicación del dereechopúblico sobre el privado.


Quienes nos ocupamos de labores docentes en materias tan sensiblespara la sociedad, como es el régimen jurídico de los servicios públicos,debemos hacer amplia pedagogía y difusión de sentencias como la C-150-03 y las Tutelas T-546-09, T-928-11, T-496-12, T-793-12, T-242-13, T-348-13, T-163-14, T-093-15, … en fin,  de una serie de providencias de laCorte Constitucional, que mantienen viva la teoría del servicio público yque generan protección para los usuarios, que en últimas son la razónde ser del régimen especial de este tipo de servicios. Punto a parte será el examen que permita definir  quién debe asumir elcosto del  mínimo vital,   en los casos en que los usuarios no puedanhacerlo, esa es una tarea que  nos compromete a todos, pero de la queno debe depender que los más pobres accedan a los servicios.