Columnistas

Universalización de los servicios públicos domiciliarios
Autor: Carlos Alberto Atehortua Ríos
21 de Agosto de 2015


Una de las pretensiones de todos los modelos de gestión de los servicios públicos, bien que se presten en esquema de monopolio público o privado, o bien que sean prestados en escenarios de libre concurrencia, es su “universalización”.

Una de las pretensiones de todos los modelos de gestión de los servicios públicos, bien que se presten en esquema de monopolio público o privado, o bien que sean prestados en escenarios de libre concurrencia, es su “universalización”, es decir, lograr  que todos los ciudadanos tengan la garantía de que podrán acceder a los mismos.


En la tarea de universalización de los servicios públicos, se debe tener como objetivos: (i) que las tarifas sean eficientes y equitativas, no sean abusivas y se ubiquen en un nivel económico que puedan ser pagadas por los usuarios; (ii) que se establezca un sistema tarifario  solidario y redistributivo para que las tarifas estén asociadas a la capacidad de pago de los usuarios; y,  (iii) que exista una política de fomento que permita que los usuarios con menor capacidad de pago tengan el derecho a acceder al mínimo vital con cargo a fondos de servicios universal. 


En el caso colombiano, la propia Constitución en los artículos  365, 367 y 368 establece como deber del Estado, garantizar la prestación eficiente de estos servicios a la totalidad de los habitantes del territorio, además,  en el caso  específico de los servicios públicos domiciliarios, los someten a un régimen tarifario solidario y redistributivo y faculta a la Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas para conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los consumos que cubran sus necesidades básicas.


La orientación constitucional y la realidad social del país, demanda que con el fin de efectivamente lograr la universalización de los servicios públicos se actúe en diferentes vías, que permitan que todos los usuarios de acuerdo con sus condiciones económicas específicas,  puedan acceder a los servicios, las acciones que no deben ser excluyentes deben tener en cuenta al menos los siguientes aspectos:


Primero.  Regulación tarifaria para la eficiencia,  que impida que los proveedores de los servicios le transfieran a sus usuarios costos ineficientes en los que no debieron de incurrir, además que garantice que las productividades que se deriven de la prestación de los servicios sean adecuadamente distribuidas entre la empresa y sus usuarios. En este primer aspecto la regulación tiene la palabra.


Segundo. Las tarifas de servicios públicos, no deben someterse libremente a un esquema de precios económicos,  de misma  la manera que se actúa en el libre tráfico de las mercancías, su régimen debe ser el propio de tarifas solidarias y redistributivas que permita que los usuarios con menor capacidad de pago, paguen menores valores por los servicios que reciben, este segundo mecanismo se logra a través de esquemas como la estratificación de los inmuebles.  En este caso se trata de una redistribución de cargas entre los propios usuarios.


Tercero. Subsidios a cargo del Fondos de Servicio Universal y aportes bajo condición, en este caso se trata de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 368 de la Constitución,  por esta vía es el Estado quien debe destinar parte de sus recursos, en especial de los que provienen de excedentes o utilidades que genera   el mismo sector, los cuales debe estar destinados a cubrir parte del pago de las tarifas de los servicios, en los casos en que por su magnitud no puedan ser cubiertas por los usuarios. 


Bajo el enfoque propuesto, el esfuerzo  debe ser de todos: (i) de las empresas que deben limitar sus gastos a los necesarios para la prestación eficiente de los servicios, pero además,  deben entender que su labor no es la concentración de riqueza, pues,  por el contrario cumplen una función social que es inherente a esta clase de servicios; (ii)  del Estado, pues le corresponde apropiar recursos suficientes para el desarrollo de políticas de fomento,  que le permitan a todas las personas tener acceso al mínimo vital del servicio; y (iii) de los usuarios, pues se deben someter a un esquema tarifario que por su carácter solidario y redistributivo hace que la tarifa esté  asociada a la capacidad de pago y no solo a los consumos.  


Lograr para el sector de servicios públicos esquemas sostenibles y equitativos, es un propósito democrático que merece el apoyo de todos.