Editorial

Da駉s, evacuaciones y derrumbes
19 de Agosto de 2015


A los errores imperdonables y las fallas 閠icas en el dise駉 y ejecuci髇 de las obras se han sumado los intentos de evadir o delegar responsabilidades.

Aulas escolares declaradas inservibles, auditorios culturales cuyos techos parecen coladores, drenajes estructurales que devuelven las aguas que deberían evacuar, muros que amenazan ruina, paredes tan rajadas que parecen dividirse, son imágenes que se suceden en las noticias y las redes sociales. Ellas muestran daños, de distinta magnitud, en edificaciones públicas y privadas afectadas en su funcionamiento, mientras sus propietarios sufren el perder sus viviendas o tener que pagar altos sobrecostos por daños que dejan al descubierto la responsabilidad y la ética de diseñadores, constructores e interventores, mientras señalan la debilidad de los responsables de ejercer control institucional y social a actividades en las que se pone en juego el bien común.


La última noticia la dieron los padres de la IE Maestro Pedro Nel Gómez, del barrio Florencia, afectados por el recorte de la jornada escolar debido al cierre de aulas, construidas varias décadas atrás, por averías. Antes se conocieron los daños en los parques biblioteca España, cuya reparación impondrá cierre de por lo menos 16 meses, además de la León de Greiff, en La Ladera, y la Doce de Octubre. Se han reportado también las averías que tienen inutilizado el Centro cultural de Moravia, así como daños en los colegios de calidad que han exigido inversiones en reparación por $1.962 millones, siendo el más grave el del sistema de drenajes del colegio Joaquín Vallejo Arbeláez, en Llanaditas. En obras privadas, es imborrable la caída de una torre del edificio Space, luego demolido, y los daños en unidades residenciales construidas por Lérida CDO y evacuadas por daños que ponían en riesgo a sus habitantes. 


Estos hechos no son casos fortuitos o deterioros normales. Ellos marcan una tendencia que impone un giro trágico al paradigma ético de la arquitectura y la ingeniería antioqueñas, hijas ambas de la Escuela de Minas, el cual fue bellamente resumido por los hijos de los ingenieros José Tejada Sáenz y Sonny Jiménez de Tejada, cuando resaltaron el orgullo que sentía su madre por “ser una calculista a la que no se le caen los edificios”. La suma de errores es, pues, un desastre para profesionales y empresarios que marcaron hito nacional por su rigor técnico, su fuerza ética y la responsabilidad a toda prueba. Reconocerlos como parte de un pésimo momento que puede y debe ser superado debería propiciar cambios tan estructurales como los daños que hoy asustan.


A los errores imperdonables y las fallas éticas en el diseño y ejecución de las obras se han sumado las actuaciones de diseñadores, constructores e interventores que toleraron procedimientos menos rigurosos y hasta tramposos, y que pretenden evadir o delegar responsabilidades en quienes no tienen por qué cargarlas. Sus posturas siguen causando grandes costos al Estado, al que gastos inesperados de recuperación en las obras públicas le restan capacidad para realizar nuevos proyectos de desarrollo, y a los clientes que hicieron esfuerzos para adquirir sus viviendas y enfrentan el fantasma de perder su patrimonio familiar. Las excusas que demuestran renuencia para cumplir con las pólizas de garantía y los compromisos pactados exigen respuestas acordes de organismos delegados, autoridades judiciales, disciplinarias y colegiadas, hasta ahora morosas para atender sus responsabilidades.


Reconocer que el control y la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar son necesarios para reparar a los afectados por las actividades indebidas, no implica renunciar a la esperanza de que las universidades, asociaciones profesionales, instituciones colegiadas y gremios empresariales asuman el importantísimo papel que pueden tener en acciones de reconquista de la ética de la arquitectura y la ingeniería mediante las cuales ofrezcan a la sociedad, como antes lo hicieron, compromisos de trabajo y rectitud que los hicieron modelo nacional y ejemplo internacional. Tal autocontrol debiera ser acompañado, al menos mientras regresa la confianza y como lo propusimos el 6 de octubre de 2008 en el editorial Los colegios de calidad, por la vigilancia de cuerpos colegiados, como juntas administradoras locales, instituidas constitucionalmente para “vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos”. En su ausencia o por su debilidad, pueden y deben ser suplidas por los concejos municipales a los que el artículo 313 de la Constitución, en su inciso 7, ordena “Vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.