Columnistas

Bienvenido el consumo de sicotrópicos
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
16 de Agosto de 2015


Esta semana el presidente Santos ha dado de que hablar con la nebulosa propuesta del congresito, que nadie sabe exactamente cómo sería, salvo los que lo está proponiendo y los comandantes de las Farc con los que pactan.

Esta semana el presidente Santos ha dado de que hablar con la nebulosa propuesta del congresito, que nadie sabe exactamente cómo sería, salvo los que lo está proponiendo y los comandantes de las Farc con los que pactan pero sí sabe para qué serviría: para birlar el derecho de los colombianos a decidir si aceptan o no el acuerdo de paz que se firmaría con esa guerrilla. Pero ya varios comentaristas han planteado su punto de vista crítico, por lo que me centraré en otra de las declaraciones de nuestro primer mandatario.


Pero en estos días, el señor Santos también  sorprendió al país al objetar la ley que aprobaba el Código Disciplinario que permitiría calificar como grave,  la acción de los funcionarios del Estado consistente en consumir sustancias prohibidas en lugares públicos. Su justificación fue la siguiente: “No es lo mismo fumar marihuana en un parque, un domingo, que un genocidio, pero le aplican la misma sanción”. 


Analizaré esas declaraciones. En primer lugar, hay en la expresión del presidente una falacia: no se puede comparar una sanción disciplinaria, que no implica pena de prisión, que es el tipo de castigo que impone la Procuraduría, con una de prisión, que es la que, hasta hoy, aplica un juez para los delitos (como el genocidio). Esta comparando peras con manzanas.


Pero, además, es desafortunada. Veamos: en el campo penal, el presidente está impulsando para las Farc condenas dramáticamente disminuidas y distintas a la prisión; más todavía, está gestionando que los delitos de secuestro y narcotráfico, sean juzgados como delitos políticos, que como la rebelión asigna una condena de 5 a 9 años, el de sedición de 2 a 8 años, el de asonado, de cuatro meses a dos años y el de conspiración, de 4 meses a dos años. 


Como quien dice, si el narcotráfico y secuestro se asimilaran a la rebelión, en el mejor de los casos, pagarían 8 años, que con todas las reducciones, podrían ser menos de la mitad. Y esto en el caso de que no hubiese una ley de justicia transicional, que rebajaría sustancialmente, la cantidad de tiempo de la condena y la modalidad de la misma; ley, que ya parece desechada, por lo demás, en las conversaciones de La Habana, por no ser de recibo para la guerrilla. 


Y como van las cosas, delitos de lesa humanidad, como el genocidio, quedarán cobijados en el acuerdo que se firme, con una sentencia bajísima y sin prisión. En todos estos casos, sí que sería más grave fumar marihuana en un parque que cometer un genocidio, sobre todo si el implicado es de esa guerrilla. 


Esto sí que es ir contra el principio de igualdad, que es mencionado por el señor Santos para sustentar su objeción.


Pero hay otras consideraciones sobre la objeción del señor presidente, que tienen que ver con su inconveniencia social. No voy a entrar en consideraciones tales como que la norma objetada en el punto en cuestión, no habla de veinte años, sino de HASTA veinte años, lo que deja un margen de discrecionalidad al juez disciplinario, lo cual desinfla el argumento del señor Santos, sobre la dureza de la norma. Más bien, voy a hablar sobre la bendición que le da el presidente al consumo de sustancias prohibidas, porque una cosa es que en un discutible principio de libre desarrollo de la personalidad, los individuos en uso de su capacidad de decidir sobre su vida, ingieran dichas sustancias, y, una muy otra, que el jefe de estado estimule su consumo. Si para él no es grave que un funcionario estatal consuma narcóticos y otras drogas sicoactivas prohibidas en un parque o una calle (igualmente pública), entonces, cualquiera puede sentirse libre de hacerlo, por ejemplo, a las salidas de los colegios, y los padres ya no tendrán argumentos legales para inducir a sus hijos a que no consuman de esos compuestos. La visión del señor presidente estimula, al menos, indirectamente, su consumo.


Y claro, el comercio de las mismas será todavía más atractivo para aquellos que se beneficiarían con la conexidad del narcotráfico como delito político, la no fumigación de cultivos, los subsidios para los productores, etc., asuntos estos acordados en La Habana.


Todo esto forma parte de una misma cadena de desaciertos que terminará arruinando la vida y la salud de millones de colombianos. Qué mala cosa.