Editorial

Esperado, necesario y manipulable
13 de Agosto de 2015


Son los relacionamientos basados en cifras rigurosamente recogidas y sistematizadas por este censo y no los ideologismos que han rodeado al campo, los que deben orientar al Gobierno y el Congreso para que definan las mejores pol韙icas.

El pasado martes, en un evento con los medios nacionales de comunicación, el presidente Santos, el ministro de Agricultura y el director del Dane, presentaron algunos datos del Censo nacional agropecuario, dirigido por el Dane y realizado en el 98,9% del territorio nacional, según certificó el director, Mauricio Perfetti. Este avance recoge elementos en materias de propiedad, social, desarrollo y estado ambiental de los recursos investigados. A pesar de espectaculares, los datos son fragmentos de un universo diverso, disperso y complejo que los sectores extremistas, a la izquierda y a la derecha, han usado como excusa de sus acciones criminales contra el país.


Esa investigación, la más importante realizada en Colombia después del censo de población y vivienda de 2005, promete ser fuente fidedigna de información para estudiar los cambios estructurales, topográficos, demográficos, sociales y económicos, en el territorio rural, el mayor en extensión e igualmente el menos habitado de la Nación. Entendemos, entonces, que el que se va a publicar es un documento técnico, sustentado en datos verificables, que permitirá auscultar qué es y cómo es la propiedad rural, cuáles son las condiciones de la tenencia de la tierra; identificar cuál es el uso de los predios, incluyendo el reconocimiento de las actividades económicas legales que generan desarrollo y cuáles las criminales que producen violencia y atraso. Asimismo, se ha prometido que permitirá reconocer cómo han cambiado las zonas protegidas, y cuál es el estado actual de los recursos naturales, como el agua o los bosques nativos. 


Tras cuarenta años de excusas y presiones sobre los habitantes rurales, existe gran expectativa por conocer cómo han sido los procesos que han transformado el campo y las condiciones de vida de los trabajadores y habitantes rurales. Existe fundada esperanza en que este documento permita estudiar y comprender los fenómenos de desplazamiento, migración, pérdida, adquisición o restitución de tierras, además de identificar aquellas instituciones y organizaciones que han acompañado o afectado las condiciones de vida del campo. Los detalles y la información regional y local son, pues, los elementos de valor del documento, en tanto serán los que ofrezcan respuestas a las preguntas más académicas y claridades frente a las incontables, y no siempre bien intencionadas, especulaciones sobre el universo rural. En ese orden de ideas, entonces, este es un documento llamado a enriquecer los debates y abrir caminos a la definición de políticas públicas y reformas de largo aliento. Las buenas expectativas pueden diluirse si se mantienen el tono electorero, la selección intencionada de información y los primeros debates en torno a los resultados censales, así como los apresurados anuncios de reformas improvisadas. 


Antes de debatir proyectos de reforma agraria o transformación de la institucionalidad de apoyo al campo, es substancial que el país conozca y comprenda cuáles han sido las acciones y las omisiones de las autoridades estatales, así como las intervenciones de empresarios, organizaciones rurales de campesinos o indígenas y grupos criminales que han transformado el campo. Tal análisis, tal vez el más importante para las decisiones futuras, exige fineza para realizar diagnósticos que permitan identificar los procesos transformadores exitosos, como el desarrollo de los resguardos indígenas del Cauca, la consolidación de las cooperativas cafeteras o de productores de leche, o como la constitución y desarrollo de las exportadoras de banano. Y con el mismo rigor y fineza se tendrán que reconocer las razones del fracaso de la reforma agraria de 1967, la depredación de los montes para la ocupación de baldíos así como para las actividades ilegales, y los actores detrás del crecimiento de la minería ilegal y los cultivos de coca, que suelen coincidir con los responsables del desplazamiento. Son los relacionamientos basados en cifras rigurosamente recogidas y sistematizadas por este censo y no los ideologismos que han rodeado al campo, los que deben orientar al Gobierno y el Congreso para que definan las mejores políticas.