Columnistas

El PAE: un problema de corrupción estructural
Autor: José E. Mosquera
13 de Agosto de 2015


Siguen en primera plana de los medios de comunicación el escándalo sobre las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar–PAE-.

@j15mosquera


Siguen en primera plana de los medios de comunicación el escándalo sobre las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar–PAE-. Este volvió a ser noticia tras una investigación relámpago que acaba de publicar la Defensoría del Pueblo sobre anomalías en trece municipios de Chocó, Atlántico y Guajira. La investigación no revela nada nuevo, de la lectura de sus “hallazgos” se colige que fue una investigación exprés para mojar titulares de prensa.  Son pincelazos sobre un problema de corrupción estructural, porque no se examina que las anomalías datan desde la época que dicho programa fue administrado exclusivamente por el Icbf. 


En la investigación de la Defensoría del Pueblo no se observa un análisis de contexto sobre un legado de corrupción y de ineficacia que tiene ese programa en el ámbito nacional y que obliga a reformar su operatividad. Irregularidades que hacen parte de una larga historia de ineficiencia y de descomposición administrativa. Lo polémico es que hasta ahora los niveles de corrupción que afectan al programa no han sido afrontados con eficacia por parte del Ministerio de Educación y la ministra solo se ha dedicado a lavarse las manos.


En el caso del Chocó, la Defensoría en su investigación se va por las ramas y no aborda que el origen de las anomalías no están exclusivamente en los contratos actuales de los tres operadores, sino en los que les adjudicó el ministerio de Educación al Icbf y a la Diócesis de Istmina-Tadó. La investigación es ligera y solo busca explotar el sensacionalismo, pero sin ir al fondo del problema.


Hace cinco años, en la plenaria de la Cámara de Representante, la congresista del partido Verde, Ángela Robledo, denunció una danza de irregularidades en los procesos de contratación del PAE en el Icbf. Señaló que los alimentos llegaban en estado de descomposición, contaminados, sin registro sanitario. Demostró que esas irregularidades se presentaban en varios departamentos. La misma denuncia que hace ahora con pompas la Defensoría del Pueblo. Recuerdo que en ese debate la parlamentaria Robledo, también denunció que el Icbf seguía contratando con empresas de papel en departamentos como Santander, Cundinamarca y Boyacá. Sus denuncias fueron un saludo a la bandera, ni el gobierno, ni la Contraloría, ni la Fiscalía han hecho nada, porque las cosas siguieron empeorando.


En un informe de la Procuraduría de hace tres años, dice: “No se entiende cómo el Icbf desde el 2006 contrata con los mismos operadores, no obstante que en los informes de interventoria se establecen reiterados incumplimientos que atentan contra su función misional del programa PAE”. En su momento, el procurador Alejandro Ordóñez, formuló reparos sobre la situación de este programa y advirtió que con el propósito de brindar un buen servicio a la población escolar, el gobierno debería ser más riguroso en los procesos de operatividad del programa. Además, recalcó que se deberían evitar las improvisaciones que impidieran una adecuada ejecución del programa, pero las advertencias de Ordoñez cayeron en el vacío.


Hace poco, el representante a la Cámara por las Comunidades Indígenas, Germán Carlosama, en una intervención en la plenaria de la misma corporación, denunció otra serie de irregularidades que están ocurriendo en Nariño, Antioquia, Risaralda y Cauca. En Huila el diario La Nación ha denunciado que el PAE en ese departamento es un foco de corrupción y con irregularidades que va desde suministrar de suero por leche hasta verduras y cárnicos dañados.


En Santander, el Comité de Trasparencia por Santander ha hecho denuncias sobre las irregularidades del programa en aquel departamento, especialmente sobre el último contrato que adjudicó la Gobernación. Ni hablar de las irregularidades en Bolívar, Caquetá, Valle, Magdalena, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Amazonas y pare de contar. En conclusión: la epidemia es nacional y amerita una reforma estructural del PAE.