Editorial

Los pueblos ind韌enas
9 de Agosto de 2015


Tener avances que presentar en materia de respeto, inclusi髇 y di醠ogo con los pueblos originarios no puede ser usado como excusa para ocultar inmensas deudas o eludir preguntas.

Por mandato de la Asamblea General de la ONU, el mundo reconoce y conmemora a los 370 millones de indígenas que viven en noventa países y comparten múltiples preguntas y carencias sobre la supervivencia de las culturas de las que son herederos y guardianes. Para la conmemoración de 2015, el secretario Ban Ki-moon anuncia la entrega del segundo informe sobre el estado de los pueblos indígenas; propone reflexionar sobre la atención a su bienestar y su acceso a la salud, y reclama un capítulo especial dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Asamblea General se propone acordar en septiembre, tras revisar los resultados de los ODM.


La conmemoración de hoy tiene como guía la Declaración mundial de los derechos de los pueblos indígenas, que la Asamblea General adoptó en 2007, después de 25 años de estudio por una comisión de expertos. Los países acogieron la recomendación de adoptar una declaración específica que reconociera y creara un marco de respeto, común a todas las naciones, para los territorios ancestrales, las instituciones políticas propias y las culturas tradicionales. La declaración reconoce los derechos sociales y económicos de los pueblos originarios y la necesidad de las sociedades de velar por su vigencia.


Dado el pionero reconocimiento constitucional de Colombia como nación multiétnica y pluricultural, algunos pueblos indígenas e instituciones del Estado han logrado interesantes desarrollos normativos que han generado transformaciones positivas para varias de las noventa comunidades indígenas, particularmente las asociadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca y algunas de la Organización Indígena de Antioquia. Por incapacidades o por la aplicación radical de la norma, persisten preguntas y contradicciones fruto de estos cambios.


Entre las construcciones con mayor relevancia vale destacar los proyectos de etnoeducación y escuela bilingüe en la enseñanza básica que llegan acompañados por la formación universitaria de etnoeducadores. También merecen especial interés, aunque son más incipientes o han tenido menor proyección, las iniciativas de nutrición en diálogo de los pueblos y los científicos. Y ya el mundo ha valorado y premiado la madurez de procesos como el que ha liderado el pueblo Nasa con sus proyectos educativos, comunicativos, la Guardia Indígena y su actuación en los gobiernos municipales en los que han sido elegidos popularmente. En virtud del reconocimiento a su madurez es preciso abrir debates sobre el respeto y relación de sus instituciones de justicia a los derechos humanos, en especial las garantías a los niños y las mujeres.


Tener avances que presentar en materia de respeto, inclusión y diálogo con los pueblos originarios no puede ser usado como excusa para ocultar inmensas deudas o eludir preguntas que crecen dadas las posibilidades de un posconflicto con las Farc. Propósito central de las decisiones de la Constitución de 1991 sobre los pueblos indígenas es el respeto a los territorios de los resguardos. Aunque un investigador suspicaz pudiera encontrar algunos conflictos jurídicos vigentes, en los últimos veinte años se han tomado decisiones protectoras de la propiedad colectiva de los territorios indígenas y el Estado las ha respetado. No ha ocurrido igual con las organizaciones guerrilleras y las bacrim. Estos grupos persisten en su pretensión de ocupar esos territorios y, por tanto, arrecian ataques directos como los permanentes contra los pueblos del Cauca o comunidades como la Nukak Maku, casi extinta. Otros pueblos han sido prácticamente confinados mediante la colocación de minas antipersonal que los condenan al hambre, como se denunció, por ejemplo, en Ituango. Y algunas comunidades, como está sucediendo hoy en Carepa, son presionadas a adoptar consignas y prácticas de bandos contrarios a sus intereses. En las conversaciones de La Habana falta por definir las acciones de justicia que ofrecerán verdad y reparación, así como faltan los acuerdos de no repetición que garanticen respeto por los territorios.


Colombia no es ajena a las preocupaciones definidas como eje de esta convocatoria mundial. El hambre y las enfermedades de pueblos como el Wayúu, la pobreza de los indígenas amazónicos, la desnutrición y el maltrato a la infancia y la violencia contra la mujer son afrentas a la humanidad muchas veces aceptadas o no evitadas por los líderes de los pueblos y consentidas por autoridades ignorantes de su valor o indiferentes por la suerte de los pueblos nativos.