Columnistas

El derecho a no ser molestado
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
2 de Agosto de 2015


Hoy quisiera tocar un tema de ciudad que tiene que ver con el derecho al descanso y a evitar que sus calles se conviertan en ollas de vicio que tienen sus habitantes.

Hoy quisiera tocar un tema de ciudad que tiene que ver con el derecho al descanso y a evitar que sus calles se conviertan en ollas de vicio que tienen sus habitantes. Me refiero al ruido insoportable que generan las discotecas y bares ubicados en barrios residenciales que tienen avenidas, como la 33 o la Nutibara en Medellín, o están cerca a establecimientos educativos de educación superior y la toma de las calles situadas alrededor de esos establecimientos.


Nuestras ciudades no han planeado adecuadamente su crecimiento. Negocios de cualquier tipo surgen silvestres, sin que las autoridades municipales hagan algo. Podría decirse en los del tipo que nos ocupa, que casi cualquiera que desee montar en una avenida importante,  un sitio de entretenimiento, lo hace, porque consigue su licencia de funcionamiento fácilmente. 


Quienes otorgan dichos permisos, o tienen las manos atadas por las normatividades existentes o no consideran que se trata de lugares donde viven cientos de personas que tienen que soportar la tortura de escuchar a la fuerza, música a altísimos decibeles, prácticamente todos los días de la semana, muchas veces desde las 3 o 4 de la tarde hasta las 2 o 4 de la mañana, los trescientos sesenta y cinco días al año. Personas que trabajan, amas de casa, residencias para la tercera edad, niños que estudian, enfermos, todos reciben una dosis permanente de contaminación sonora, lo que les impide conciliar el sueño, descansar y recuperarse. No es un asunto de simple inspección de policía, es una epidemia de abuso en contra de sectores a los que nadie protege; es una violación del derecho fundamental a vivir en condiciones adecuadas de salud. Es, en suma, un asunto que exige una solución política, además de la policial.


Claro que los empresarios del entretenimiento tienen derecho a poner este tipo de servicios; pero sus negocios y el trabajo que generan, deben ser ponderados con los de los ciudadanos que eventualmente pueden ser transgredidos con esa actividad. Una solución definitiva, es fijar de una vez, en qué sectores de las ciudades pueden asentarse esos establecimientos. Y para hacerlo, están las autoridades que tienen las atribuciones de legislar y tomar las medidas restrictivas, claras e innegociables, las de policía para hacerlas cumplir y las judiciales, para  sancionar a los infractores (que entre otras cosas se burlan de los reclamos de los habitantes de esas zonas y hasta llegan a amenazarlos). Y esto, tanto en el ámbito nacional como local. 


El Congreso debe legislar sobre el tema, el ejecutivo, reglamentarlo y exigir su cumplimiento. Y en las ciudades, los planes de ordenamiento territorial deben ser específicos, los usos de las edificaciones y de la tierra deben estar estipulados sin ambigüedades, los permisos no pueden ser laxos, ni se pueden otorgar para pagar o ganar favores. 


Hay barrios que, además, de padecer a bares y discotecas, los están convirtiendo en ollas de vicio, que llenan las “necesidades” de mercado de estudiantes universitarios –y otros que se entreveran con aquellos- adictos a estupefacientes. Estos, se toman, desde las horas de la mañana,  las calles próximas a sus instituciones, como la que está en el Barrio Laureles de Medellín, sin que la policía que está en las cercanías haga algo para detener esta práctica realizada en las puertas y ventanas de las residencias del sector. Hay reglas para que quienes consumen estas drogas, en tanto que como dosis personales; pero aquí lo hacen en los espacios de otros, a la luz del día, convirtiendo, además, esos lugares en sitios de expendio, lo que desata la peligrosidad de este tráfico.


Ruido infernal y consumo de drogas, además de los perjuicios señalados, desvalorizan el patrimonio de los propietarios, que con gran sacrifico han ahorrado para conseguir una vivienda y un estilo de vida dignos. Los candidatos a las alcaldías tendrían que proponer soluciones a esta grave problemática, y llevarlas a cabo, uno vez los ganadores asuman sus cargos. Es el tipo de compromisos que apuntan a resolver los problemas cuotidianos pero urgentes, de  los ciudadanos. Esta es una forma de acercar el poder a  los ciudadanos en los ámbitos locales, quienes ven que sus votos tienen respuesta.