El Mundo

Desde el lunes pasado comenzaron las actividades más visibles en continuado empeño por buscar los cuerpos de decenas, y tal vez centenares, de víctimas que desde los años noventa y hasta mediados de la pasada década fueron sepultadas en el terreno de la Comuna 13 de Medellín conocido como La Escombrera. A este momento, que es hito por la verdad y la justicia, hemos llegado por la unión de voluntades. La de las organizaciones de víctimas, que no cejaron en su valiente empeño por la verdad, y la del Estado, que a través de los gobiernos Nacional y de Medellín, así como de la Fiscalía General de la Nación, sumó decisión, capacidades y recursos para forjar un proyecto que debería ser tomado como modelo de intervenciones técnicas en otros sitios del país en los que se han denunciado hechos comparables.

Los testimonios de familias y comunidades afectadas por la desaparición forzada de alguno de sus miembros en esa época, las informaciones entregadas por vecinos del lugar y las declaraciones a la justicia de algunos desmovilizados que están en justicia y paz, merecieron confianza para las autoridades que los recibieron. Sobre ellos dieron paso a investigaciones de expertos de la Universidad de Antioquia e internacionales, realizadas hacia el año 2011, que ofrecieron elementos para el trabajo que comenzó con firmeza desde el año 2012 y que ha obligado a suspender la explotación económica del sector, hacer la demarcación de polígonos, seleccionar los equipos técnicos responsables del rescate e identificación de restos a fin de ofrecer verdad, justicia y reparación a las familias.

Este complejo proceso inicia trece años después de que, a consecuencia de la operación Orión, aumentaran las denuncias por el uso del lugar como terrible sepultura de víctimas de las Farc, otras milicias urbanas, los paramilitares, algunos agentes del Estado y delincuentes comunes. El lapso transcurrido entre la victimización y las investigaciones y la indiferencia de varias administraciones para frenar el depósito de escombros explican la prudencia de los expertos frente a la posibilidad de encontrar e identificar restos de las víctimas. Aceptar el riesgo impone a Estado y ciudadanos admitir que, muy a su pesar, las búsquedas pueden dejar resultados limitados y que la única forma de subsanar una falla previsible sería que los culpables asumieran un claro compromiso con la verdad, entendiéndola como corresponsabilidad con entrega de información cierta que permita la reparación a las víctimas y no, como algunos han pretendido mostrarla, como venganza o humillación a los victimarios. 

El inmenso esfuerzo de la sociedad para llegar a este proceso de descubrimiento de las verdades que se quisieron enterrar en La Escombrera es ejemplar porque además de la voluntad de aportar a la reparación y a la justicia se compromete con la transparencia que garantiza que el proceso avanza para garantizar los derechos de las víctimas, no por mezquinos intereses subordinados a otros propósitos. Ello explica el altísimo costo de $1.300 millones que han contribuido a sufragar las distintas agencias participantes así como la juiciosa actividad técnica de demarcación del terreno, retiro de los escombros sobre las áreas donde se concentran las sospechas, y posterior levantamiento de restos cuidando la cadena de custodia que facilitaría la identificación de víctimas y hasta de sus victimarios, con ayudas como el recién inaugurado laboratorio de balística. Esa transparencia también se garantiza con la vigilancia que realizan las organizaciones de víctimas, y algunas ONG, desde un lugar reservado especialmente para ellas. Este es un hito para procesos semejantes que pueden hacerse para víctimas de otras regiones colombianas en las que, como en la Comuna 13 de Medellín, coincidieron el conflicto armado, la delincuencia asociada al narcotráfico y delincuentes infiltrados en la Fuerza Pública. 

Este es un duro proceso y sus resultados son inciertos. Por tal condición es más ejemplar que las instancias del Estado hayan aceptado tomar el riesgo de esta exploración y asumirla como acto de respeto y reconocimiento a las víctimas, así como una acción que busca no dejar en la impunidad crímenes que tampoco pueden volver a repetirse. El proceso que aquí avanza es ejemplo también de lo que tendrían que acceder las Farc a propiciar por toda la geografía colombiana, dejando de una vez por todas sus injustificables pretensiones de perdón y olvido anticipados.