Columnistas

Una cuenta elocuente
Autor: Carlos Alberto Gomez Fajardo
21 de Julio de 2015


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Ha tenido amplia circulación en las redes sociales la copia de una cuenta de servicios públicos correspondiente a una de las más importantes entidades hospitalarias de Medellín. Aquella benemérita institución, debido a su actual situación financiera, ha debido solicitar un plazo para su pago  a la empresa de servicios.  Este hecho, que no  se relaciona simplemente con una institución en particular, revela un conocido dato: la crítica condición de estados financieros de las IPS locales llega a extremos que debieran tocar la sensibilidad de todos los estamentos sociales. La “Alianza Somos 14+1” desde hace varios meses ha manifestado su clamor y  ha llamado la atención sobre las sumas que se les adeuda: 1.5 billones de pesos. En el país se estima que la cartera hospitalaria alcanza los 12 billones. Esta situación conducirá en poco tiempo a lo inevitable: cierres de servicios en los diversos niveles de atención, y algo muy grave y especial, la alta complejidad está muy afectada.


Aquella cuenta de servicios es elocuente: habla de lo insostenible de una situación que es cada vez más difícil para las instituciones prestadoras de servicios sanitarios en Colombia. Ello remite a la necesidad de una re-consideración sobre un sistema legal y normativo que ha tratado de manera asimétrica a los involucrados en el tema de la salud en Colombia.  


Los intermediarios financieros tienen bajo su control los aspectos económicos; las normatividades oficiales les privilegian. Las IPS, en cambio,  hacen el trabajo duro: atienden a los pacientes, prestan los servicios  de alta complejidad técnica y de alto costo, mantienen en funcionamiento las urgencias, capotean, como mejor pueden hacerlo, las cuentas de sus proveedores, y  mantienen el cumplimiento en el pago de sus nóminas. Adicionalmente, hacen toda clase de esfuerzos administrativos y logísticos para mantenerse al día en el cumplimiento de las más exigentes normas y procesos técnicos para su operación. La vigilancia por parte de instituciones oficiales y de sus pasajeros funcionarios  es implacable.   


Es otro capítulo del fracaso de aquella inspiración ideológica  -materialista y economicista- que inspiró a la ley 100 de 1993. La salud reducida a la concepción de negocio, el paciente, confundido con usuario-cliente y los complejísimos sistemas de intermediación financiera condujeron al actual estado de cosas, con una cada vez más apremiante  asfixia  financiera para los prestadores de los servicios.


Los estudiosos de los temas económicos de la salud han descrito con gran detalle cómo los costos administrativos disparan  el  crecimiento en el gasto. Ejecutivos de  impensables poderes, políticos omnipresentes en áreas privadas y públicas, genios de las finanzas y de la administración, han pasado por las posiciones claves del sistema, obteniendo con ello jugosos salarios y ascensos, compartidos, a lo largo de años, por los funcionarios de  rango secundario o terciario que continúan germinando en este proceso de burocratización de la práctica asistencial. Simultáneamente, tribunales de todos los niveles hacen parte de unos interminables y engorrosos capítulos de judicialización del acto médico, en los cuales la acción de tutela simplemente es  un trámite administrativo adicional para que miles tengan acceso a determinados servicios. La lista de insatisfacciones, demoras, injusticias, faltas de oportunidad y  fallas  propias de este sistema, parece interminable. Sobre cada circunstancia se multiplican las anécdotas como  granos de arena en un desierto.


Es necesaria la revisión de las pautas ideológicas que inspiraron a los autores de la citada ley.  Materialismo, utilitarismo, economicismo, tecnocracia,  comercialización y judicialización de la medicina: ¿no son piezas de un escenario de deshumanización y de disolución de los verdaderos significados del  principio de la  solidaridad-subsidiaridad? Los hechos concretos son elocuentes: hay que pagar de todos modos las cuentas no pagadas; hay que corregir un sistema político sanitario que no funciona. No funciona porque su concepción original es defectuosa.