Editorial

Zonas de protección y política de aguas
20 de Julio de 2015


Hay signos de debilidad institucional cuando al decidir sobre la suerte del recurso hídrico en el quinto país del mundo con más cantidad de fuentes de agua, se admiten las presiones de sectores radicalizados.

El Ministerio del Medio Ambiente presentó la resolución para proteger 1.600.000 hectáreas en la serranía de San Lucas, Antioquia; el bosque seco del Patía, Cauca; las sabanas y humedales de Arauca; la serranía del Perijá, en Cesar y La Guajira; la selva húmeda del Cumaribo en Vichada, y el alto Manacacías, en Meta. Con la medida comienza un proceso de análisis para su declaratoria como parques naturales nacionales. Los ambientalistas más extremos se sienten triunfantes con estas decisiones, aunque también participan de las preocupaciones de Ángela Andrade, de Conservación Internacional, cuando proclama que “la pregunta que nos queda a todos después de esta excelente noticia es cómo llevar la norma al terreno”. 


Como los museos, los parques naturales son lugares para la conservación del patrimonio de la humanidad que deben recibir máximo cuidado a través de actividades protectoras específicas que garanticen la supervivencia de bienes insustituibles creados por el hombre,  recursos naturales no renovables, y ecosistemas con paisajes y biodiversidad únicos. Como hacen al definir políticas sobre los museos, las sociedades determinan si los parques naturales son territorios vivos en los que la relación hombre-naturaleza es oportunidad de crecimiento y vida; si son espacios aislados, o sea que perduran a espaldas del Estado y la sociedad, o si, como en tantos casos colombianos, devienen en zonas de depredación y economía criminal tolerada por un Estado indolente que a la vez se niega a admitir que en estos territorios son posibles actividades económicas realizadas bajo estrictas, y posibles, medidas de control y hasta recuperación de los recursos naturales. 


En la resolución que declara las áreas protegidas y en las declaraciones a medios, el Ministerio del Medio Ambiente presentó esta disposición como paso necesario contra la minería. La justificó en que las zonas han sido depredadas en situación que “se deriva de la autorización de actividades mineras sin una evaluación ambiental previa que identifique sus impactos y diseñe las medidas de manejo particulares y adecuadas”. En consecuencia, la entidad pidió a la Agencia Nacional Minera abstenerse de estudiar 234 solicitudes de títulos mineros en esas zonas y congelar los 203 ya expedidos en ellas. Los funcionarios no explicaron qué intervenciones iniciarán para combatir la minería criminal, y las actividades de narcotráfico asociado a ella, que no solicitan licencia y han ocasionado daños incuantificables, y casi irreversibles, en importantes cuerpos de agua y en los suelos donde tienen mayor actividad. 


A poco de ser divulgada esta medida de zonas protegidas, el Ministerio del Medio Ambiente celebró la determinación del Tribunal Superior de Santander que declaró improcedente una acción de tutela que pretendía demostrar que en la delimitación de zonas protegidas en el Páramo de Santurbán se habían violado derechos fundamentales de las comunidades que no fueron invitadas a concertar para definir el área de protección, argumento desestimado por el Tribunal. La acción fue presentada por una ONG que aspira a obtener una mayor extensión de zona protegida de actividades mineras formales, ello a pesar de que lo actuado hasta ahora ha bloqueado a los empresarios mineros sin conseguir detener a responsables de la minería criminal o de la artesanal, que siguen contaminando las aguas. El contraste entre prohibición a la minería que está obligada a obtener licencias y demostrar su actividad protectora del medio ambiente se extiende por el Amazonas, donde el Ministro de Ambiente anunció acciones; la zona del Darién, y otras regiones declaradas bajo protección y dejadas a su suerte.


Hay signos de debilidad institucional cuando al decidir sobre la suerte del recurso hídrico en el quinto país del mundo con más cantidad de fuentes de agua, se admiten las presiones de sectores radicalizados en el combate a la minería legal mientras se descuidan los daños a suelos y aguas causados por la minería irregular  y se ignoran mandatos como el que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 impone a las Corporaciones Ambientales Regionales, y el propio Ministerio del Medio Ambiente, fijándoles la obligación de “ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas (...)” ¿Pasarían una revisión a sus acciones contra contaminantes en la minería ilegal y el narcotráfico?