Nacional

¿El último día de la confrontación con las Farc?
19 de Julio de 2015


Este 20 de Julio comienza una tregua unilateral por parte de la guerrilla de las Farc. Si todo saliera bien para los colombianos, los tiros de la semana anterior, que dejaron nuevamente una estela de dolor y muerte, pueden haber sido los últimos que se dispararon en el marco de un conflicto que lleva más de 50 años y ha dejado centenares de miles de víctimas.


Foto: EFE 

Archivo.

Mesa de Negociacoón en La Habana.

Héctor Riveros


Esa guerrilla hizo este anuncio en medio de una oleada terrorista en la que perpetró 145 acciones violentas en 7 semanas, 22 de las cuales fueron en el Departamento de Antioquia, que dejaron 24 muertos en total, según datos del Cerac una ONG que hace seguimiento al conflicto. Ya las Farc habían decretado un cese unilateral indefinido en el mes de Diciembre pasado el cual mantuvieron hasta finales de Mayo cuando asesinaron a 11 soldados en el municipio de Buenos Aires (Cauca).


La decisión se tomó para hacer sostenible el proceso que se adelanta con el Gobierno Nacional para poner fin al conflicto, luego de que como consecuencia de la ruptura de la tregua el nivel de apoyo ciudadano al mismo llegara a sus niveles más bajos. Para el Presidente Santos la situación se hacía prácticamente insostenible por lo que los representantes de los países garantes en La Habana pidieron a las partes adoptar medidas para el des-escalamiento, petición a la que respondieron con un acuerdo publicado el pasado 12 de Julio en el que las Farc se comprometían a volver al cese unilateral, el gobierno a corresponder según el nivel de cumplimiento y se dieron un pazo de 4 meses para evaluar tanto el cumplimiento como los avances de la negociación.


Las encuestas de opinión registran que la mayoría de los ciudadanos desconfían de la voluntad de paz de las Farc y que no creen que se pueda alcanzar un acuerdo para dar por terminado el conflicto. Ese nivel de desconfianza no se modificó siquiera cuando la guerrilla estuvo en tregua durante los primeros cinco meses del año, periodo durante el cual se registró el período más bajo de nivel de violencia en el conflicto en los últimos treinta años, según Jorge Restrepo director de Cerac.


Los mismos estudios de opinión revelan que casi el 80% de los encuestados rechazan la posibilidad de hacer concesiones a la guerrilla en especial en lo que tiene que ver con la justicia y la posibilidad de que hagan política después de una eventual reinserción.


Colprensa.

Atentado al holeoducto de Caño Limón.


Foto: Cortesía 

El tema de justicia es el verdadero centro de la cuestión. Las Farc se niegan a aceptar su responsabilidad penal y aún hoy sostienen que deben ser tratados como un grupo rebelde que ejercen el derecho a rebelarse contra un régimen oprobioso. En ese orden de ideas han propuesto que se les reconozca como tal y que se cree un tribunal especial para investigar y juzgar los crímenes de guerra y las violaciones al derecho Internacional Humanitario que se hayan cometido por las partes durante el conflicto.


Esa posición que es inaceptable para el gobierno, insostenible desde el punto de vista jurídico e inviable políticamente es lo que ha mantenido la negociación en un punto muerto desde hace más de un año. El Gobierno ha explorado varias opciones de penas alternativas y de justicia transicional pero todas bajo el supuesto del reconocimiento de la responsabilidad penal por parte de la guerrilla.


Es por esto que el Presidente Santos ha insistido en las últimas semanas que no puede haber paz sin impunidad e incluso el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que ha sido laxo en materia de ofrecimientos de concesiones a la guerrilla, ha dicho que tiene que haber condenas y anunció procesos por crímenes de guerra contra la cúpula de las Farc.


El plazo de los cuatro meses que se dieron las partes es realmente una especie de ultimátum de Santos a las Farc para moverse de su posición en materia de justicia. El Presidente le ha dicho a sus más cercanos colaboradores que está dispuesto a asumir los costos políticos de los beneficios que se les den a los miembros de las Farc en el marco de un acuerdo de justicia transicional pero que le resulta imposible aceptar la propuesta de la guerrilla de asimilarlas con las Fuerzas Militares y crear una especie de tribunal independiente, incluso con jueces extranjeros para investigar las conductas de las dos partes en condiciones de igualdad.


Foto to,ada de: www.vidanueva.es.

Humberto de la Calle, del Gobierno Nacional e Iván Márquez, vocero de las Farc.


Foto: Cortesía 

“Si la posición de la guerrilla es esa y no van a cambiar, es mejor terminar”, le dijo Santos a los negociadores. Fuente de la Casa de Nariño le señalaron a elmundo.com que cuando el jefe de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, advirtió a la guerrilla que un día podían llegar a la mesa y no encontrarlos se refería realmente a su posición en el punto de justicia más que a las acciones terroristas que ejecutaba la guerrilla en Colombia.


Primero es, entonces, la aceptación por parte de la guerrilla de que actúan en  contra de la ley y después vendrá la segunda parte, la que tiene que ver con el monto de las eventuales condenas y la manera de cumplirlas o la posibilidad de que se suspensa su ejecución a cambio de verdad, reparación y garantías de no repetición. La mayoría de los colombianos entendían que en la mesa se discutía este segundo punto, pero la verdad es que aquí no se ha llegado porque las Farc no han reconocido la legitimidad del estado para condenarlo. Es decir que la discusión es más compleja de lo que se piensa y que las partes están más lejos de lo que se cree.


Si en estos cuatro meses se logra superar el primer punto el proceso continuará, si no se acabará y se cerrará casi de manera definitiva la posibilidad de encontrar una solución negociada a este largo conflicto. Pasar este obstáculo no significará aún que se llegue al final porque quedarán los detalles del acuerdo de justicia transicional y faltará que la mayoría de los colombianos cambien de opinión y estén dispuestos a aceptar dar concesiones a la guerrilla en materia de justicia y representación política a cambio de que dejen de usar la violencia con pretextos políticos y de delinquir con la justificación de financiar su actividad.


No es fácil el camino que queda por recorrer como para pensar que los tiros y las explosiones de la semana pasada sean los últimos. La mayoría de la sociedad colombiana parece dispuesta a pagar los costos de la guerra, por dolorosos que sean y por inciertos que sean sus resultados, antes que pagar los de la terminación del conflicto, especialmente si esos costos están representados en impunidad.


La mayoría de los colombianos parecen preferir tener por varios años más a los miembros de las Farc causando daño antes que verlos sin pagar un día de cárcel o en un cargo de representación política.


El reloj avanza y esta vez parece que inexorablemente para ver si es posible avanzar en la negociación pero sobre todo para cambiar la disposición de la ciudadanía a aceptar un arreglo negociado que implica concesiones y no la rendición de las Farc.