Editorial

El futuro del cable al Picacho
19 de Julio de 2015


Los recursos solicitados son un gesto de justicia y equidad por parte de la Naci髇 hacia una regi髇 que, gracias a su disciplina fiscal, ha podido avanzar por su cuenta en la implementaci髇 del mejor sistema de transporte masivo que existe en el pa韘

La dubitativa respuesta que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le dio al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, cuando en el Consejo de Ministros celebrado hace una semana en esta ciudad le inquirió por los recursos para la cofinanciación del proyecto de construcción de una línea de cable hacia el sector del Picacho, en el occidente de la ciudad, dejó en el ambiente la idea de que el Gobierno Nacional tenía la intención de desconocer el compromiso que, según la Administración Municipal, adquirió con la ciudad meses atrás para aportar un porcentaje de la obra, en los términos de la Ley 310 de 1996, conocida como Ley de Metros; un compromiso que de alguna manera vino a compensar la negativa de aportar a la construcción del Tranvía de la carrera 80. Y aunque la Administración Municipal, mediante un comunicado expedido el viernes, aclaró que el Gobierno no ha terminado su compromiso sino que ha manifestado tener dificultades financieras, es oportuno revisar la historia reciente del desarrollo del transporte masivo en el Valle de Aburrá para entender que los recursos solicitados son un gesto de justicia y equidad por parte de la Nación hacia una región que, gracias a su disciplina fiscal, ha podido avanzar por su cuenta en la implementación del mejor sistema de transporte masivo que existe en el país.


Sería un castigo inaceptable que la Nación le volviera a negar a Antioquia unos recursos que, a la luz de la Ley de Metros, no deberían estar en discusión. Ya la región ha tenido que sobrellevar, por ejemplo, que la misma ley señalara como cofinanciación del sistema metro el monto mínimo del 40%, sin derecho a reclamo, o que, a excepción del Metroplús, el Gobierno Nacional haya estado reiteradamente ausente de los proyectos de expansión del sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá, pese a los insistentes pedidos de la actual Administración y de anteriores, para que apoyara su financiación. Hablamos de proyectos como los metrocables a Santo Domingo y Nuevo Occidente, la compra de nuevos trenes, la extensión al sur, la compra de buses para Metroplús y el tranvía de Ayacucho y sus dos cables, para mencionar solo aquellos de gran envergadura. Aparte del Metroplús y de las líneas A y B del metro, la Nación solo ha aportado, hasta ahora, a la construcción del cable turístico al Parque Arví, con apenas el 7%. En números gruesos, la construcción y extensión del sistema de transporte masivo ha costado cerca de 16 billones de pesos, de los cuales Antioquia, entendida como la Alcaldía de Medellín, la Gobernación, la empresa Metro, el Área Metropolitana y otras alcaldías de la subregión, han aportado el 63,4 por ciento, mientras la Nación ha puesto el 36,5 por ciento (unos 7,2 billones a pesos constantes de 2012), mientras para Bogotá ya se comprometió a cofinanciar el 70% del metro, unos 9,6 billones de pesos a cifras de marzo pasado.


Medellín y Antioquia se han caracterizado, especialmente en la última década, por ser entidades territoriales bien administradas. Esa buena gestión, reconocida incluso por Planeación Nacional y otras entidades de carácter privado, ha generado el círculo virtuoso de la credibilidad de los ciudadanos, cuya media de pago de impuestos y contribuciones, seguramente con ingentes esfuerzos, es cada año mayor. No son territorios asentados sobre pozos petroleros sino entidades gobernadas con eficiencia, donde la corrupción no ha tenido cabida. La necesidad de tener que asumir gastos y responsabilidades que son del nivel nacional, como lo señalábamos hace una semana, cuando hablábamos de los nuevos equipos para la seguridad ciudadana, resulta ser una injusticia, porque son recursos que les restan a sus presupuestos capacidad de inversión social. Así como en el escenario de las Autopistas para la Prosperidad, Antioquia y Medellín sabían que debían aportar recursos como quiera que son obras que conectarán a la región con el resto del país, en lo relativo al transporte masivo el país no puede perder de vista la responsabilidad que le cabe, pues se trata de una de las regiones con mayor crecimiento poblacional, jalonado por la recepción de población desplazada, que le está apostando con las herramientas del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial a la expansión vertical y que, por ende, debe atender de manera urgente la apremiante necesidad de movilidad de sus habitantes, quienes ya están experimentando la saturación del sistema.


El sueño de una ciudad compacta es imposible sin un sistema de transporte masivo eficiente y suficiente y para ello es necesaria la inversión. Alentamos a nuestros gobernantes a que insistan en reclamar a la Nación lo que la región se ha ganado y a lo que por ley tiene derecho, y a derrotar en todos los escenarios en los que sea necesario el mito, muy extendido al parecer, de que el Gobierno Nacional ha puesto más de lo que debía en nuestra región. Si, como dice la Alcaldía de  Medellín, hay un compromiso de parte del Gobierno Nacional para el cable del Picacho, entonces lo mínimo que podemos esperar es que se honre.