Editorial

A los hechos, por su nombre
17 de Julio de 2015


La discusión apenas abierta deberá aclarar que las muertes en estas explosiones no son “accidentes”, como se usa llamarlas, sino homicidios.

Dolorosísima e indignante fue la muerte del soldado Wilson de Jesús Martínez en la operación de desminado humanitario, según los protocolos suscritos en La Habana por el Gobierno y las Farc y que apenas ayer empezaron a ser escudriñados por los medios. Porque en su momento nos ocupamos de estudiar toda la información disponible, desde el 17 de abril señalamos que en esta “operación conjunta” se relevaba a las Farc de la obligación de financiar el desminado, mucho menos reparar a sus víctimas, para asignarle el vago deber de “informar sobre la ubicación de las minas y otros artefactos peligrosos”, mientras imponían “la carga del peligroso y costoso desminado humanitario en los hombros del Gobierno Nacional”. También nos preguntamos por la idoneidad de la ONG Acción Popular Noruega.


Es máxima la gravedad de la muerte del experimentado soldado que al parecer tenía menor protección a la exigida en estas actividades. Según el director del Programa Presidencial contra las minas, general (r) Rafael Colón, este es el único hecho fatal en el desminado humanitario de guarniciones militares y de campos dañados por las Farc. Ante ese panorama, le cabe razón al gobernador Sergio Fajardo cuando reclama claridad sobre los procedimientos y el acatamiento a los protocolos y se hace más válido volver a preguntar por las condiciones del “acompañamiento” de la ONG que las Farc impusieron al proceso. La discusión apenas abierta deberá aclarar que las muertes en estas explosiones no son “accidentes”, como se usa llamarlas, sino homicidios perpetrados con alevosía y premeditación, por organizaciones que usan las minas para proteger sus cultivos ilícitos, detener el paso del Ejército en momentos de huida, y cuidar sus campamentos. Quien siembra una mina lo hace con la intención de matar y quien la pisa, es víctima de esa intención homicida.


Llamar “accidente” a la explosión de una mina es eufemismo producto de la imaginación de organizaciones, y hasta académicos, que aspiran a que se diluyan responsabilidades por estos crímenes. A su difusión y perpetuación como verdad común contribuyen medios deslumbrados por posiciones novedosas e inocentes, ojalá, de su contribución a las Farc, que buscan transformar la confrontación, no porque renuncian a las armas sino porque consiguen imponer sus mentiras como verdades y normas. 


La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, investigadores alrededor del mundo y prestigiosos medios internacionales de comunicación han coincidido en describir a las Farc como organización (cartel) narcotraficante rica, poderosa y violenta. Fuentes oficiales y académicas internacionales coinciden en que participan del negocio del narcotráfico desde la siembra de cultivos ilícitos, en forma directa o mediante coacción a los campesinos, hasta la entrega a los carteles mexicanos, que ocurre allende las fronteras. En consonancia, y no se sabe si en concordancia, con ideas puestas en discusión durante las presentes negociaciones, como la de declarar que el narcotráfico es delito conexo, avanza un empeño de periodistas-académicos porque a esa organización se le despoje del calificativo de cartel narcotraficante.


Ayer tuvo amplia divulgación, y buenos chistes, la solicitud del presidente Santos a los medios de comunicación para que contribuyan a “desescalar” el lenguaje. Ello se lograría si decidieran “no referirse (a esa organización) como terroristas, criminales, simplemente referirse a las Farc”. En aras de un lenguaje periodístico aséptico y carente de cargas ideológicas, sería viable no comparar a los farianos con otras especies biológicas como las ratas o los burros, pero ¿con qué término diferente a terrorista, puede ser definido quien perpetra atentados condenados por el DIH sólo para notificar su capacidad de hacer daño? Sergio Jaramillo, filólogo, y Juan Manuel Santos, experiodista, no desconocían la roncha que iban a levantar entre periodistas no afectos al reclamarles que se alinderasen a sus ideas, también sabían que ese riesgo es menor frente a la ganancia esperada. Ella llegará cuando la opinión no se asuste o enoje con los anuncios de la impunidad que asoma. Esa proclama será broche de oro para las decisiones de “desescalamiento”, aclaradas por los voceros farianos que precisaron que darán la medida sobre la forma de continuar, o no, la “tregua unilateral” de cuatro meses, que el presidente dijo estaba acordada y ellos desmintieron.  ¿Si la prolongación de la “tregua unilateral” está condicionada al “desescalamiento” entonces no estamos hablando de una tregua bilateral “de facto”? Así las cosas, estamos seguros que cuatro meses bien pueden significar muchos más, y que el significado de la palabra “paz” se hace cada vez más subjetivo.