Nacional

Cuatro meses cruciales para el proceso de paz
Autor: Redacción EL MUNDO
13 de Julio de 2015


El presidente Juan Manuel Santos dijo que dentro de 4 meses evaluará si continúa o no con el proceso que el gobierno colombiano adelanta con la guerrilla de las FARC para dar por terminado el conflicto armado que afecta a Colombia hace más de 50 años


Análisis especial de elmundo.com


La declaración del jefe de Estado se hizo después de que las partes emitieran un comunicado conjunto en el que fijaban ese plazo para evaluar las acciones de desescalamiento del conflicto al que se comprometieron: las FARC iniciarán una tregua unilateral y el Gobierno ofreció reducir las acciones militares en contra de ese grupo en función del cumplimiento de la tregua.


Se trata de dos cambios sustanciales al método que hasta ahora habían llevado al cual, por una parte, no se le había fijado plazo y por otra, se había convenido que las negociaciones se adelantarían en medio del conflicto. Se había dicho que se negociaría como si no hubiera guerra y se haría la guerra como si no hubiera negociación y que por tanto lo que pasara en términos de confrontación no afectaría la mesa.


Esta última premisa se volvió insostenible porque el proceso se ha prolongado más de lo esperado y eso ha debilitado el apoyo de la ciudadanía a la salida negociada. Ya el secuestro de un general por las FARC, en el Chocó, en condiciones aún no esclarecidas, había ocasionado una suspensión en la negociación. 


La guerrilla decretó un cese unilateral en diciembre y lo mantuvo vigente hasta finales de mayo, período en el que la confrontación llegó a mínimos históricos según las mediciones hechas por organizaciones no gubernamentales que le hacen seguimiento al conflicto. Esa tregua terminó por el ataque guerrillero a un grupo de soldados que descansaban en una instalación deportiva en el municipio de Buenos Aires (Cauca) que causó la muerte de once militares.


El ataque causó no solo la indignación entre la ciudadanía sino que llevó a Santos a ordenar nuevamente a usar los bombardeos contra la guerrilla que le causaron a ese grupo más de 40 bajas. Las FARC reaccionaron con una escalada terrorista que causó varias muertes, decenas de heridos, afectaciones a la infraestructura vial y enormes daños ambientales por el derramamiento de hidrocarburos a cuerpos de agua.


El conflicto volvió a índices de intensidad comparables con los peores momentos de la guerra, la opinión pública pasó al pesimismo y la continuidad del proceso parecía imposible. Las partes entendieron que para sostener la negociación era necesario desescalar el conflicto y ese fue el anuncio que hicieron este domingo. El proceso en medio de la confrontación es insostenible.


Se dieron cuatro meses en los que no solo tendrá que disminuir la guerra sino que las partes tendrán que encontrar una fórmula aceptable en materia de responsabilidades penales por los miles de delitos que se han cometido en el marco del conflicto armado.


La guerrilla de las FARC no acepta ser calificada como un grupo criminal, exige que se les reconozca como una organización rebelde y a través de diversos voceros, entre ellos alias Carlos Lozada, mantiene la posición de que debería decretarse una “amnistía general”, petición que el Gobierno colombiano rechaza y que muchos consideran imposible luego de que Colombia adhiriera al tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción subsidiaria para los casos en que los Estados no adelanten acciones judiciales efectivas contra quienes hayan cometidos de lesa humanidad o crímenes de guerra.


Si se logra superar ese primer obstáculo, el de la responsabilidad penal de la guerrilla, habrá que pasar al siguiente no menos controversial que es el de la forma de cumplir las penas que se impongan. “Ni un día de cárcel” ha dicho la guerrilla y sectores que se oponen a la negociación han considerado este como un punto de honor que tiene un apoyo amplio entre la ciudadanía: los jefes de la guerrilla deben salir de La Habana para una cárcel, es lo que exige un amplio sector de la opinión pública colombiana.


Respecto de este segundo punto el Gobierno está dispuesto a acordar medidas alternativas que vayan hasta la suspensión de la ejecución de las penas, aunque los fiscales de la Corte Penal Internacional y la Corte Constitucional han dicho que la suspensión total es imposible.


El Presidente Santos ha sido explícito al decir que si se logra salvar el tema de justicia será fácil llegar a un acuerdo definitivo. Iván Márquez ha dicho que si se ponen de acuerdo en este tema: “firmamos en quince minutos”.


Los cuatro meses que empiezan a contar el 20 de julio tendrán que servir entonces para disminuir la confrontación en Colombia, para que la ciudadanía no tenga que recibir todos los días una nueva noticia de un ataque, de personas muertas por el conflicto o de afectaciones a la sociedad civil  y por tanto da un compás de espera a las partes para ver si logran encontrar una fórmula sobre la manera de satisfacer la exigencia de justicia para terminar el conflicto.


Los cuatro meses  son entonces también un ultimátum para la guerrilla para que acepte que el proceso solo es posible si aceptan sus responsabilidades penales.