El Mundo

La globalización, que cambia los paradigmas tradicionales y transforma las relaciones sociales, económicas y políticas en la sociedad contemporánea, es un fenómeno paralelo que alimenta y justifica la imposición de la doctrina económica neoliberal, la cual aboga por la reducción del papel regulador del Estado y del espacio de lo público, rompiendo una tendencia creciente iniciada desde el Renacimiento. En efecto, el Estado ya no es el organizador de la vida social, es el mercado. Lo económico-financiero se impone sobre lo político-estatal. La vida cotidiana depende de procesos económicos, sociales, políticos y culturales que escapan al control del Estado. En este contexto, el “statu quo” es determinado por los organismos internacionales que imponen reglas y condiciones a los Estados nacionales.

El párrafo anterior, neutro en su intencionalidad porque obedece más a una explicación académica que a una motivación política, explica adecuadamente la situación que hoy vive Grecia y que en años anteriores vivieron países como Islandia, Portugal, España y Chipre. La crisis económica de hoy es la misma crisis de la deuda externa que en la década de los ochenta vivieron los países de América Latina, que en todos los casos ha tenido dolorosas consecuencias sobre la población, que es la que siempre paga los platos rotos.  

Hoy se habla profusamente de gobernabilidad para referirse a múltiples asuntos de la vida pública. Inclusive, los acuerdos políticos para conformar mayorías parlamentarias y las coaliciones de gobierno en los regímenes presidenciales, son adornados con el pomposo nombre de gobernabilidad. Pero, a ciencia cierta, la gobernabilidad es una de las condiciones impuestas por el Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional a los países endeudados para seguir alimentando sus arcas con recursos de crédito, con el fin de asegurar su pago. Es decir, para no tener que lidiar con muchas “Grecias” que pongan en riesgo la estabilidad del modelo.

Recordemos que en los ochenta, el neoliberalismo se impone a través del llamado “Consenso de Washington”, cuyo único paradigma posible es el libre mercado, con lo cual el centro del poder se traslada del Estado a los grandes actores económicos, bajo la batuta del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y los organismos regionales: Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Central Europeo. El Banco Mundial habló de gobernabilidad en 1992 y la Real Academia Española la definió en su Diccionario del año 2000. Esto explica claramente el origen el término. 

El Banco Mundial define la gobernabilidad como “la manera en la cual el poder es ejercido en un país para el manejo de la economía y de los recursos sociales para el desarrollo” (World Bank, 1992), lo que en plata blanca quiere decir que son las condiciones impuestas por los organismos de crédito a los países que reciben sus préstamos.

La crisis de la deuda externa de gran parte de los países en desarrollo durante los años 80, obligó a los bancos multilaterales a responder con más créditos. La gravedad de la crisis hizo que se introdujeran nuevas modalidades de préstamos y condicionamientos. Tal es el caso de los préstamos de ajuste estructural y préstamos asociados para reformar el sector público, que según el Banco Mundial buscaban crear un ambiente más propicio para el crecimiento económico (World Bank, 1992).

Sin embargo, ante las dificultades de muchos países para retomar la senda del crecimiento sostenido a pesar de esos procesos de “ajuste” y debido a los elevados costos sociales asociados a dichos procesos, en los noventa se inició una reflexión en el Banco Mundial y en otras instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las condiciones institucionales requeridas para alcanzar un ambiente propicio para el crecimiento.

El análisis encontró una relación directa entre la sostenibilidad del modelo económico y la calidad de los procesos de gobierno. En otras palabras, se admite que la “gobernabilidad” es un elemento esencial de la estrategia de desarrollo. El “buen gobierno” surge como una condición básica para promover un desarrollo sostenible y equitativo.

En conclusión, el comienzo del desmonte del Estado de bienestar, como una meta precisa del neoliberalismo, instala en el espacio público los conceptos de gobernabilidad y gobernanza a instancias de los organismos multilaterales de crédito. De paso, se invierten las cargas sociales tradicionales y la economía impone su supremacía sobre la política. Tales conceptos surgen en el contexto de un mundo convulsionado por las consecuencias de la crisis del petróleo, la Guerra Fría, la crisis de la deuda externa y la implantación del Consenso de Washington.

*Centro de Comunicación Pública