Editorial

El cambio de la c鷓ula
8 de Julio de 2015


Como claramente se revela en la aceptaci髇 a las Fuerzas Armadas en distintos estudios de opini髇 p鷅lica, el pa韘 aprecia sinceramente sus acciones de defensa de la seguridad y la democracia.

En decisión que se anunciaba con las primeras declaraciones del doctor Luis Carlos Villegas, y que no ha estado exenta de polémica por el contexto de aumento del terrorismo en que fue adoptada, el presidente Santos y el ministro de Defensa removieron a los comandantes del Ejército, general Jaime Lasprilla; la Fuerza Aérea, general Guillermo León, y la Armada, almirante Hernando Wills. Para asumir sus responsabilidades, designaron a los generales Alberto Mejía en el Ejército y Carlos Bueno en la Fuerza Aérea, así como al vicealmirante Leonardo Santamaría en la Armada. Ellos harán equipo con los altos mandos ratificados, general Juan Pablo Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares; almirante Henry Blain, jefe del Estado Mayor Conjunto, así como con el director de la Policía, general Rodolfo Palomino. Estos mandos, como sus predecesores, recogen experiencia, transparencia y vocación de servicio al país.


El general Lasprilla y el almirante Wills habían asumido el mando del Ejército y la Armada en febrero de 2014, tras la caída de la cúpula removida por el escándalo, que la Fiscalía sigue sin aclarar, por filtraciones de información en operaciones de inteligencia militar. El general Guillermo León había llegado a la dirección de la Fuerza Aérea en agosto de 2013. Al anunciar su retiro, el presidente destacó la cooperación que recibió de su parte desde que era ministro de Defensa, destacando “la forma como desempeñaron sus comandancias y los resultados que obtuvieron”. Como claramente se revela en la aceptación a las Fuerzas Armadas en distintos estudios de opinión pública, el país aprecia sinceramente sus acciones de defensa de la seguridad y la democracia.


Los nuevos oficiales al mando tienen frente a sí un complejo panorama que reta su inteligencia y capacidad estratégica. Los más recientes informes internacionales revelan el crecimiento de las áreas sembradas con coca y los informes medioambientales resaltan los daños por la minería criminal, estas dos las principales actividades de la economía criminal a cargo de las Farc, el Eln y las bacrim. La seguridad sufre un serio deterioro por la reactivación del terrorismo contra las poblaciones más pobres y la infraestructura. Y su ruta política es incierta, pues las señales desde el Gobierno oscilan entre la de mantenerse en plena confrontación a pesar de la negociación y la de prepararse para el posconflicto, emitidas en sucesivas intervenciones del presidente Santos y ratificadas por el ministro Villegas. La amplia movilización de los medios y los líderes de opinión tras el cambio, recoge muy bien la incertidumbre general sobre la seguridad y la protección de la vida, honra y bienes de la ciudadanía.


El relevo del general Jaime Lasprilla ha favorecido que se reabran malquerientes comentarios contra su persona y el Ejército. Estos han reaparecido a propósito de los señalamientos que hace dos semanas le había hecho Human Rights Watch, acusándolo de haber protegido a subalternos suyos acusados de haber asesinado civiles inermes, delito que el país ha llamado “falsos positivos”. Al momento del escándalo, en el que también fueron involucrados otros altos oficiales, el presidente Santos informó que el Gobierno había indagado sobre la situación de los acusados encontrando que en la Fiscalía y la Procuraduría “no tienen investigaciones disciplinarias en curso por presuntos hechos relacionados con infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o violaciones a los derechos humanos”. Tal consideración dio pie a que proclamara su determinación de “defender esa legitimidad de las Fuerzas Armadas de Colombia hasta el día que me lleven a la tumba”. Ante el riesgo de que sigan manchándose instituciones y vidas de gran servicio al país y su democracia, es justo que el Gobierno y la opinión demanden de la Fiscalía investigaciones diligentes que abran camino a que se haga justicia a las víctimas y se expidan sanciones ejemplares para individuos que traicionaron su juramento, a sus compañeros de armas y a la sociedad que les entregó confianza. Por el bien de las Fuerzas Militares, de la propia justicia y, por supuesto, de la democracia, convendría que el doctor Montealegre y sus subalternos se ocuparan más de aclarar los 2.476 crímenes en que estarían 5.137 miembros de la Fuerza Pública, según ellos lo han divulgado, y que dejaran de alimentar una leyenda negra que es hábilmente acrecentada y aprovechada por agentes extremistas que insisten en equiparar a los organismos de seguridad con las fuerzas criminales que deben combatir.