Editorial

Otra verdad incómoda
4 de Julio de 2015


No podemos guardar silencio frente a las verdades incómodas que revela este informe, pues de nada le sirve ni al Estado ni a los ciudadanos hacer como si nada estuviera pasando o, peor aún, como si lo que se está haciendo fuera lo correcto.

Como si no fueran pocas las verdades que el país debe afrontar cada día con el accionar de la guerrilla de las Farc en contraposición a su discurso demagógico en el contexto del proceso de paz, el informe presentado el jueves por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) muestra claramente que durante el periodo de conversaciones, los cultivos ilícitos y la producción de cocaína se han incrementado en el territorio nacional, mientras las acciones para combatir este flagelo, como la aspersión aérea y la erradicación manual, se han reducido sistemáticamente, y en zonas donde se erradicó la coca, aumentó la práctica de la minería criminal y la consiguiente tala indiscriminada de bosques.


La Unodc apoya el monitoreo de cultivos de coca en Colombia desde 1999, habiendo realizado hasta la fecha un total de 16 censos anuales basados en imágenes satelitales. El último censo, financiado por el Gobierno Nacional, el Gobierno de Polonia y la Unión Europea, y cuyos resultados fueron los presentados esta semana, arrojó a grandes rasgos que en 2014 los cultivos aumentaron un 44% en relación con el año inmediatamente anterior, por lo que Colombia pasó de tener 48.189 hectáreas cultivadas con coca en 2013 a 69.132 en 2014. Un resultado poco alentador que, tal vez para guardar cierta consideración con el Gobierno que financia el informe, pero sin dejar de lado el mandato del organismo, se mitiga justificando que los cultivos están cada vez más concentrados y que algunas regiones tradicionalmente cocaleras completaron tres años sin coca. La premura del tiempo para analizar las 152 páginas del informe completo (que se puede consultar en: http://goo.gl/ePCNfc) y la presentación que del informe hizo el propio ministro de Justicia, Yesid Reyes, pudieron llevar a los medios a enfocarse en las cifras del resumen ejecutivo y a pasar por alto los detalles que claramente contradicen la tesis de que este informe es la prueba reina de que la aspersión con glifosato, y en general la represión, son insuficientes para luchar contra la economía ilegal de las drogas.


No podemos guardar silencio frente a las verdades incómodas que revela este informe, pues de nada le sirve ni al Estado ni a los ciudadanos hacer como si nada estuviera pasando o, peor aún, como si lo que se está haciendo fuera lo correcto. No se puede soslayar que si en un solo año se pasó de 48.000 a 69.000 hectáreas sembradas de coca, en números redondos, en cuestión de cuatro años, a este ritmo y si no se toman medidas al respecto, vamos a estar en los niveles del 2001, cuando se llegaron a tener 145.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca. Lo preocupante es que las acciones del Gobierno Nacional nos están llevando por ese camino.


Así se desprende de la afirmación de que el aumento en los cultivos y en la producción potencial de cocaína no tiene relación con la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato, pues las cifras son de 2014 y la señalada determinación se tomó durante el presente año. Esta es una verdad a medias, pues el propio informe de la Unodc indica que las 55.554 hectáreas asperjadas el año pasado constituyen el segundo menor esfuerzo de los últimos diez años, mientras el año con menos aspersiones fue el 2013. En vez de intentar desconocer la relación de causalidad entre el aumento de los cultivos y la disminución de la fumigación, el Gobierno debería admitir que incluso desde 2012, según Unodc, se ha venido reduciendo el número de hectáreas fumigadas, pese a que la Comisión de Verificación Nacional de Operaciones de Aspersión ha estimado que un 84% de las plantas fumigadas, efectivamente muere.


Y como si lo anterior fuera poco, el informe también señala que en 2014 se erradicó de manera manual un 44% menos hectáreas que en 2013, un total de 12.496. Si bien hay atenuantes para una disminución, como los eventos de riesgo en la seguridad de los grupos de erradicación o las manifestaciones y bloqueos por parte de campesinos en varios departamentos, tampoco se puede perder de vista que desde 2007, cuando se alcanzó la máxima cota de erradicación manual, con 95.731 hectáreas, la tendencia de esta práctica ha sido descendente, siendo precisamente el 2014 el año con la cifra más baja de erradicación en la última década, pese a las bondades de esta práctica; la primera, su eficiencia, pues las matas son arrancadas de raíz, y la segunda, el componente de integralidad que conlleva la asistencia a las comunidades campesinas y la sustitución de los cultivos.


El Gobierno Nacional  y las Farc deberían darle una explicación al país sobre estas cifras, que justifican claramente tanto el aumento de los cultivos y la producción potencial de cocaína, como también la aparición y expansión de actividad minera ilegal en las áreas que en el pasado habían sido sembradas con coca, justo en los territorios en los que hoy campea la ilegalidad.  Las cifras comprueban también, el interés de las Farc en mantener indefinidamente las negociaciones para consolidar sus actividades ilegales, no sólo con la droga sino con la minería ilegal. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, está desarrollando, precisamente, una plataforma de investigación para detectar las áreas con evidencia de actividad minera en zonas afectadas por cultivos de coca, para establecer una relación, como mínimo de nivel geográfico, entre ambas actividades. Y como evidentemente el alcance en hectáreas erradicadas por la vía manual es inferior al alcance de las aspersiones aéreas, es el momento de revisar la decisión de suspender las fumigaciones, al menos para mantener a raya la expansión de los territorios sembrados y proceder entonces con la erradicación manual.