Columnistas

Novedades legislativas en el sector de los servicios p鷅licos domiciliarios
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
3 de Julio de 2015


En los 鷏timos d韆s se han registrado importantes novedades legislativas en el sector de los servicios p鷅licos domiciliarios y las TIC.

En los últimos días se han registrado importantes novedades legislativas en el sector de los servicios públicos domiciliarios y las TIC, algunas de las más  significativas son las  contenidas en la Las leyes 1753 que adoptó el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 1755 a través de la cual se reglamentó el derecho fundamental de petición.


En relación con el Plan Nacional de Desarrollo es preciso advertir que no obstante lo importe de esta Ley es  contrario a la Constitución incluir en ella todo tipo de normas, pues tal como se deduce de la doctrina constitucional, en materia de derecho sustancial solo pueden incluirse en la ley del plan,  las “normas instrumentales” que se requieran en forma directa  para la debida ejecución del mismo.


Dentro de las novedades se resalta  la reglamentación del servicio de alumbrado público, que hasta ahora no había tenido propiamente un régimen legal, pues su régimen jurídico ha estado basado en disposiciones regulatorias y reglamentarias, en realidad solo las Leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, que son la base del impuesto al alumbrado público y el artículo 29 de la Ley 1150 que se ocupa del contrato de concesión son las normas legales que hasta ahora se han ocupado de esa materia.


Aunque sobre alumbrado público la principal novedad de la Ley, es que se  modifica el actual  impuesto y se establece en su lugar una contribución especial,  a través de la cual finalmente resulta gravado el consumo de energía y la propiedad inmueble, puede resaltarse que según la nueva ley, el alumbrado público (i)  es un servicio público esencial y del orden municipal; (ii) que en consecuencia la titularidad es de los municipios  y conforme el Decreto 1333 de 1986, podrá ser prestado por los propios  municipios o sus entidades descentralizadas; (iii) que es un servicio inherente pero diferente a los domiciliarios y; (iv) que solo deberá pagarse en los casos en que se recibe el servicio… 


Un segundo tema relevante para el sector de los servicios públicos, hace referencia a la actividad de aprovechamiento (reciclaje), que hasta ahora se ha tratado solamente como el desarrollo de una actividad complementaria del servicio de aseo, pues la Ley 1753 ha autorizado la creación de un “incentivo” al aprovechamiento, que debe reconocerse en los municipios en los que en su plan de gestión integral de residuos sólidos Pgirs, se incluyan proyectos de aprovechamiento viables, lo que implica un notorio avance en las políticas de protección de la población recicladora, pero deja muchas dudas en relación con la adopción plena de acciones afirmativas que de acuerdo con la doctrina constitucional deben ser adoptadas a favor de los recicladores como población vulnerable.


La entrada en vigencia de la Ley 1753 y la reglamentación del régimen tarifario de aseo, dan la oportunidad de saber si la ley y la regulación en materia de aseo, avanzan en la misma vía de la Corte Constitucional sobre la  “protección de los derechos de los recicladores de oficio”, pues sin duda la doctrina constitucional ha avanzado bastante en la materia y sus decisiones son imperativas para las demás autoridades. 


En materia de TIC se avanza en  la recentralización del sector y la concentración en el Ministerio de las TIC de la definición y aplicación de las políticas sociales, es hora de empezar a evaluar si fue  acertado eliminar los subsidios en telecomunicaciones y en su lugar dejar que el Fondo de TIC sin una reglamentación legal detallada asigne los recursos del sector. En esta materia deberán evaluarse las modificaciones que la ley 1753 hace en relación con las políticas de universalización de los servicios, las asignaciones de espectro radioeléctrico y los procedimientos sancionatorios administrativos.


Finalmente,  con la entrada en vigencia de la Ley 1755, en la que se reglamenta el derecho fundamental de petición,  se resalta en forma especial que la misma se aplica en las relaciones empresa-usuarios, lo que abre la discusión de sí tratándose de una ley estatutaria, en materia de servicios públicos podrán seguirse aplicando las normas contenidas en la Ley 142, en su condición de ley especial pero ordinaria,  o  por el contrario se aplica solo la ley estatutaria.