Editorial

En el partidor electoral
28 de Junio de 2015


La respuesta de los partidos a las presiones de los candidatos por firmas no crea esperanzas de su acatamiento al prop髎ito de institucionalizaci髇 de un sistema pol韙ico plural, s髄ido y responsable.

Con el cierre del período de entrega de firmas por movimientos significativos de ciudadanos y la apertura de inscripciones de los candidatos de los partidos políticos, el pasado jueves se dio el inicio del proceso hacia la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. Los hechos cumplidos y los movimientos en proceso ensombrecen las posibilidades de que en esta ocasión se cumplan los propósitos de fortalecimiento de los partidos políticos, promoción del pluralismo y fomento a la participación ciudadana que inspiraron el Acto Legislativo 001 de 2009, de Reforma política.


La Registraduría anunció haber recibido documentación de 810 movimientos significativos de ciudadanos, que respaldan a los llamados “candidatos por firmas”. Por su cantidad, significa que se ha presentado un crecimiento cercano a 160% frente a las elecciones regionales y locales de 2011, cuando se realizaron 304 inscripciones por esos movimientos. En cuanto a sus personeros visibles, los grupos inscritos presentaron aspiraciones de excandidatos presidenciales, como Enrique Peñalosa, quien busca la Alcaldía de Bogotá, al igual que de reconocidos dirigentes políticos, como los exsenadores Carlos García Orjuela, aspirante a la Gobernación de  Tolima, o Nancy Patricia Gutiérrez, aspirante a la Gobernación de Cundinamarca. Estas organizaciones respaldan también a ciudadanos que en otrora llevaron la personería de partidos políticos, además de personalidades que se consideran excluidas de las maquinarias partidistas. En un mes, la Registraduría deberá concluir la magnífica tarea de revisar un millón de firmas presentadas.


La Reforma política fue discutida y aprobada como límite a la atomización de las organizaciones políticas prohijada, so pretexto de contribución al pluralismo, en la Constitución de 1991. Al admitir que el bipartidismo y la operación avispa eran situaciones igualmente indeseables, en el Acto legislativo 001 de 2009 se buscó un equilibrio entre la disciplina y el rigor de partidos debidamente constituidos, hoy son trece, y el derecho de organizaciones ciudadanas a iniciar su formación como grupos políticos, proceso posible mediante la figura de movimientos significativos de ciudadanos. Si las garantías de rigor de los partidos son sus estatutos y organizaciones, las de los movimientos son el respaldo por firmas, la suscripción de cauciones y seguros, y los castigos que limitan su participación política si no superan el umbral. Los vacíos normativos han quedado en evidencia con inscripciones como las del Valle del Cauca, donde se presentaron 102 grupos, Antioquia, con 95, y Bogotá y Cundinamarca, cada uno con 69. También están en la ventaja que adquirieron candidatos que se postularon por firmas, y pudieron hacer publicidad y despliegue organizativo, pero no han dejado de buscar, y hasta recibir algunos de ellos, avales de partidos o movimientos políticos. Y se revelan en que mientras sobre los miembros de partidos pesa el castigo por doble militancia, ellos se mueven sin que se les impongan los límites disciplinarios. 


La respuesta de los partidos a las presiones de los candidatos por firmas no crea esperanzas de su acatamiento al propósito de institucionalización de un sistema político plural, sólido y responsable que garantice la representación de la ciudadanía y la realización del Estado de Derecho. En las primeras de las campañas ha predominado el afán de construir coaliciones, a veces entre organizaciones disímiles, en las que prima el afán de ganar la elección cortándole el paso a terceros. Los jefes de partidos incursos en esta práctica están demostrando más afán clientelar que decisión de gobernar para realizar un proyecto político, con sus componentes ideológico y ético, cuya personería se ha entregado al ciudadano que al recibir la bandera de su partido también asume las obligaciones que su representación le impone. 


El proyecto de fortalecimiento de la democracia, institucionalización de los partidos y recuperación de la confianza ciudadana en las colectividades que inició con la Reforma política de 2009 aún da sus primeros pasos. Realizarlo exige que la dirigencia política valore la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la vigencia del espíritu de la ley por encima de su letra y actúe corrigiendo actuaciones que aprovechan los vacíos y debilidades de la norma para devolver la democracia a la proliferación de microempresas electorales, como las 75 existentes en 2002, que avalaron 7.167 candidatos a las 102 curules del Senado.