Columnistas

Las Farc: ¿Una amenaza sin fin?
Autor: Jorge Arango Mejía
28 de Junio de 2015


Hace unos tres (3) años, apenas comenzado el proceso de paz, escribí en esta columna que no me referiría al tema, para no interferir en un asunto que interesa a todos los colombianos, hasta a los escépticos que no creen que ese camino lleve a la paz, que hoy son el ochenta por ciento (80%).

zipa36@yahoo.com


Pero como esas charlas se han convertido en sainete  para entretener el ocio de malhechores convictos pero no confesos, que un día amenazan, al siguiente mienten, al tercero se burlan de todo el mundo, mientras posan de mártires; he comprendido que no tengo sino una obligación:  llamar la atención sobre los peligros de ese pasatiempo del señor Santos, que el pueblo de Colombia está pagando con padecimientos, como si fuera deuda irredimible.   


¿Qué hace en La Habana la canciller? ¿Son las  Farc una potencia extranjera?  ¿Cree el Gobierno que el tener en sus filas a la “señorita” Tania, holandesa, les da ese carácter? ¿O  que se los confiere el gobierno de Maduro, al tenerlos en Venezuela como en un santuario? En lugar de estar en ese pequeño carnaval, ¿no debería estar buscando un tratado con Nicaragua, para no perder otros setenta u ochenta mil kilómetros de mar territorial? ¿O haciendo algo, cuando el dictador venezolano dicta un decreto para apoderarse definitivamente de todo el Golfo de Coquivacoa? 


“Timochenko” ha ordenado arreciar el terrorismo, golpear a la población en donde más le duele: los servicios públicos, las fuentes de agua, los oleoductos. Hacer todo lo posible para que el país se convierta en un desierto, o, al menos, los sufrimientos del pueblo lleguen a niveles jamás imaginados.


¿Qué decir de la respuesta del gobierno ante la arremetida insensata de los criminales? Dice Santos, con socarronería, que esa es la consecuencia de negociar en medio de la guerra. Y cualquiera le podría responder: ¿por qué escogió ese camino? 


Y como si no fueran suficientes sus crímenes, ahora las Farc obligan a unos campesinos del Cauca a sacar de su caserío a los policías y a incendiar su cuartel. Hacen por la fuerza lo que  hace años otros intentaron  por otros medios. Veamos.


En 1993, algunos moradores del municipio de Amalfi, presentaron demanda de tutela para que la justicia le ordenara al Alcalde  construir el cuartel de policía en el campo, en sitio alejado de la zona urbana. ¿La razón? Un ataque de las Farc había causado la muerte de dos personas que vivían cerca a la estación de policía. 


El juzgado municipal concedió la tutela y ordenó llevarse a los agentes al monte. El Tribunal Superior de Antioquia revocó la orden absurda. Y el asunto llegó a la Corte Constitucional.


Me correspondió ser ponente de la sentencia T-139 de ese año, que sentó el principio de que los policías, servidores públicos abnegados, mal remunerados y peor tratados, tienen el derecho y la obligación de permanecer en las poblaciones que cuidan, y que los habitantes deben ser solidarios con ellos.


En ese fallo se citaron tres pensadores de la más pura estirpe liberal: Carlos Lleras Restrepo, John Rawls y Carlos Gaviria:


Escribió el primero:


“La fraternidad también sigue siendo un concepto de importancia fundamental en un mundo que ha atravesado por tan tremendas luchas internacionales e internas. Yo interpreto esa vieja palabra a la luz del concepto de la solidaridad humana... que los sociólogos confirman todos los días. Es un hecho real que existe la solidaridad entre los hombres para el bien y para el mal. Hay un ejemplo que se suele citar con mucha frecuencia: el de las enfermedades contagiosas. Uno tiene que preocuparse porque las gentes se vacunen y por cuidar a los enfermos, no solamente para que ellos se salven, sino también para evitar que su enfermedad se transmita a otros. Y de esa solidaridad nadie puede escapar.”


Sostuvo el segundo:


“Tenemos un deber natural  de no ser crueles,  y un deber de ayudar al prójimo, ya sea que nos hayamos comprometido a estas acciones o no.  No nos sirve como excusa  el decir  que no hemos prometido no ser crueles  o vengativos, o ayudar a los demás.” 


Había escrito el tercero, ponente de la sentencia T-103 del mismo año:


“...considera esta Corporación que el peligro para la población de Santo Domingo no se origina en la presencia de la Policía Nacional o en la construcción de su cuartel,  sino en la presencia de grupos armados irregulares y en la posibilidad de que éstos ataquen al poblado.”


Yo, en conclusión, escribí en el proyecto que la Sala convirtió en sentencia:


“...el ejercicio de los derechos y libertades no es asunto unilateral,  prebenda que deben recibir las personas en general, sin que en contraprestación deban realizar esfuerzo alguno, ni comprometerse con nada. El mandato constitucional, en forma perentoria, señala que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades.” 


Y así, los cuarteles siguieron en los pueblos... Y seguirán, a menos que en el manicomio de La Habana se disponga lo contrario.