Columnistas

Constituci髇, entidades territoriales y servicios p鷅licos
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
26 de Junio de 2015


Uno de los problemas m醩 complejos que deben examinarse en la aplicaci髇 del derecho de los servicios p鷅licos, hace referencia al reconocimiento del sistema de fuentes del derecho, que resulta de aceptar que la Constituci髇 es ley de leyes, por lo tanto tiene alcance normativo aplicable en forma directa a las relaciones jur韉icas, a鷑 en aquellos casos en que la ley no se ha ocupado de un asunto o solo lo ha hecho parcialmente.

La existencia en la Constitución de la categoría jurídica “servicio público”,  tiene consecuencias innegables, por lo que no es adecuado pretender que se trate de una mercancía más,  a la que pueda aplicarse en forma mecánica las “leyes” del mercado.


El problema se vive a diario en el sector, cuando corresponde tratar asuntos como: (i) mínimo vital; (ii) acciones afirmativas a favor de la población vulnerable; (iii) derecho de los usuarios a participar en la expedición de normas regulatorias; (iv) forma de garantizar el debido proceso a los usuarios, (v) los mecanismos de articulación de las empresas de servicios públicos en su condición de entidades descentralizadas, con la nación o las entidades territoriales a las que ellas pertenecen; pues, dado que la Ley no se ocupa del asunto, es imperativo acudir a la interpretación constitucional en estos casos.


El reto fundamental lo tienen el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales que deben cumplir sus funciones constitucionales, aún en ausencia de la Ley, pues la omisión legislativa no debe ser excusa para que se desconozcan derechos constitucionales a los usuarios, ni a la población vulnerable.


Tratando de ubicar el estado de cosas en su contexto, en la actualidad no debe existir duda, de que en Colombia la única fuente formal principal  de derecho es la ley, pero que el concepto de ley se ha ampliado y ella no solo incluye las disposiciones que expide el Congreso previo el trámite legislativo, sino que se incluyen otras normas jurídicas, entre ellas la Constitución, que es norma de normas o “ley de leyes”.


No debería confundirse dentro del sistema de fuentes, la “doctrina constitucional” que estaría contenida en la interpretación que la Corte Constitucional hace de Constitución bien vía control de constitucional o bien vía Sentencias de tutela, con el papel de unificación de la interpretación del derecho que hacen otros altos tribunales, pues mientras la primera debe ser tenida como fuente formal principal del derecho, la segunda es un criterio de interpretación que unifica la interpretación  del derecho en las diferentes jurisdicciones.


Aunque son las sentencias C-539, C-634 y C-816 de 2011, las que consolidan el precedente como fuente del derecho, con posterioridad a esas sentencias,  la C-461-13, C-367-14 y la C-284-15, mantienen la misma línea de reconocer valor vinculante el precedente judicial y al constitucional aunque sin el énfasis claro que se deriva de las sentencias del 2011.


En realidad la evolución del derechos tiene tres componentes esenciales: (i) reconocerle a la Constitución contenido normativo; (ii) aceptar que la Corte Constitucional en sus fallos determina el alcance de las disposiciones constitucionales y que además interpreta la Ley con fuerza de autoridad; y, (iii) dar facultades al juez constitucional para que vía desacato o el incidente de cumplimiento de sentencia mantenga competencia en los procesos adelantados hasta que las mismas queden debidamente ejecutadas.  Estas tres instituciones ilustran plenamente la reorientación del régimen constitucional en el contexto del Estado Social de Derecho contemporáneo.


En temas como la universalización de los servicios públicos, la vida digna y la promoción y protección los derechos de los usuarios,  las entidades territoriales deben definir sus propias agendas  locales, que busquen   el cumplimiento de los principios y valores constitucionales, más que el de los preceptos contenidos en normas expedidas por el Congreso, pues tal como se deriva de la doctrina de la Corte Constitucional los mandatos “legales” son insuficientes y sobre los mismos temas la propia Corte ya ha avanzado bastante.