Poltica

Panorama
Autor: Jos Ignacio Meja / Nacho
26 de Junio de 2015

Avalados de la U


El Partido de la U en Antioquia, por intermedio de su Directorio Departamental, avaló en esta región a 103 candidatos a alcaldías, de los cuales 79 son aspirantes propios y los restantes 24 coavalados, pues también están acreditados por otros partidos. Estos avales están contenidos en el informe que el presidente del Partido de la U en Antioquia, Antonio Yepes Parra, dirigió a la Dirección Nacional de esa colectividad en Bogotá, con fecha del pasado 24 de junio, o sea, que esta comunicación está calientica. Y tenemos todos los nombres de los municipios y los candidatos que publicaremos mañana.


A la cárcel


Hasta el momento no hemos podido ver que en Colombia hayan encarcelado a una persona por el delito de trasteo de votos, que suele incrementarse con motivo de la actual campaña para las elecciones territoriales y por el proceso de inscripción de cédulas que comenzó a finales del año pasado y culminará en agosto próximo. Pues al menos el Gobierno Nacional acaba de expedir un decreto para combatir la trashumancia electoral, con la que se pretende cambiar la realidad electoral de los municipios sobre todo para el caso de los comicios de alcaldes.


El decreto


El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos emitió el Decreto 1294 que establece los mecanismos para el efectivo y oportuno control del Consejo Nacional Electoral, CNE, sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía, con el fin de combatir el trasteo de votos. Al respecto el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “con la Fiscalía, el CNE y la Registraduría vamos a perseguir a las mafias para meter a la cárcel a los traficantes de cédulas que pretenden alterar la voluntad de muchos de los municipios”. El decreto permite el cruce de información  suministrada por el elector a la Registraduría en el momento de la inscripción con las bases de datos del Sisbén, DNP, Fosyga, Anspe, Unidad de Víctimas, DPS o entidades responsables del manejo de datos, para que el CNE tome la decisión correspondiente. Según lo establece el decreto, para la efectiva verificación de la residencia del elector las entidades del Estado deben colaborar con la respectiva información al CNE. Igualmente determina que las inscripciones realizadas desde el 25 de octubre del 2014 sean verificadas, para lo que el CNE, dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el “fenómeno de la trashumancia histórica” y la verificación de datos con el fin de que sólo los ciudadanos residentes en el municipio participen en el proceso electoral. Y ojo que las decisiones del CNE tendrán carácter policivo administrativo y son de cumplimiento inmediato “sin perjuicio de los recursos que legalmente procedan”.


Por la Asamblea


La Asamblea de Antioquia aprobó esta semana el proyecto de ordenanza que busca adoptar la política pública de Discapacidad e Inclusión Social, con el propósito de desarrollar las capacidades de las personas con discapacidad en todo el ciclo vital y el goce pleno de los derechos humanos. Así mismo, se aprobó también en tercer debate el proyecto de ordenanza que busca la condonación de las deudas de impuestos a vehículos. No se pudo aprobar el proyecto de ordenanza que busca aplicar una política pública para garantizar los vínculos laborales en un trabajo digno y decente dentro de la administración central, empresas e instituciones descentralizadas, toda vez que no hubo quórum para decidir y quedó a la espera de programación en las siguientes sesiones. Entre tanto, la diputación antioqueña sesionó ayer en forma descentralizada en Uramita, para buscar soluciones a las  dificultades que enfrenta con la construcción de la penitenciaria regional y la cadena de producción campesina referente a la construcción del puerto de Urabá y el Tratado del Libre Comercio.


Eternamente


Esta semana murió y fue sepultado el conocido político liberal y dirigente deportivo Hernán Cadavid Gónima, con quien compartimos muchísimos momentos de la política local y regional. Hace ya varios años atrás se había retirado de toda actividad pública, pues era una muy agradable persona que había logrado tener una longeva existencia, ya que llegó a los 95 años de edad. Militó en el guerrismo, en el jaramillismo y también en Participación Liberal acompañando a Armando Estrada Villa y al malogrado Darío Londoño Cardona en sus luchas políticas. La mesa directiva del Concejo de Medellín y sus demás integrantes exaltaron la vida y obra de este destacado dirigente, quien fue integrante de esa corporación en siete períodos y en cinco de ellos fue su presidente. Y tienen toda la razón al destacar su talante como concejal, su caballerosidad y voluntad permanente de servicio a la comunidad. Recordemos que también fue senador, secretario de Gobierno de Medellín, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia y presidente del Atlético Nacional, entre otras importantes responsabilidades. El gran Héctor Arango Ángel se va a quedar muy solito en el refugio donde ambos compartían.


Por firmas


La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que ayer venció el plazo para que los comités de grupos significativos de ciudadanos se inscribieran y registraran sus tres inscriptores, que era el requisito indispensable para realizar la recolección de las firmas de apoyo a las candidaturas que se inscribirán bajo esta modalidad, para de esa forma participar en los comicios territoriales de octubre. Reiteramos que los aspirantes a las elecciones de octubre se pueden inscribir de dos maneras: con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral o con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos. El periodo de inscripción de candidatos se extenderá hasta el 25 de julio de 2015 y hasta ese día podrán registrar su aspiración los candidatos por partidos y movimientos políticos, mientras que los grupos significativos de ciudadanos deberán realizar su preinscripción y entregar las firmas de apoyo a su candidatura.



Ley de Garantas sin reeleccin

Con motivo de la aprobación en el 2005 de la reelección presidencial en Colombia, el Congreso de la República tramitó y aprobó la hoy conocida Ley de Garantías, para evitar los desequilibrios que se pudieran registrar al entrar en vigencia la posibilidad de repetir en su cargo un mandatario nacional por una sola vez.


Y este año durante la discusión de la reforma al Equilibrio de Poderes, que eliminó todas las reelecciones en Colombia, el presidente Santos planteó ante los alcaldes colombianos la posibilidad de derogar la ley de garantías, lo que no pudo lograr, toda vez que se le vino medio país encima y toda la oposición.


Así las cosas, esa norma legal volvió a regir desde ayer, cuatro meses antes de las elecciones territoriales.


“El Gobierno Nacional exige el cumplimiento estricto de la Ley de Garantías por parte de los funcionarios públicos. Viene una tarea importante por parte de la Procuraduría General para vigilar la conducta de los funcionarios”, aseguró el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al referirse a la Ley 996 de 2005 que empezó a regir y termina el 26 de octubre, un día después de las elecciones, para “prevenir posibles irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral”.


La Ley de Garantías establece que:


l Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. 


l Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, gobernaciones departamentales, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distrital. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.


l No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas ni para facilitar el alojamiento, el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.


l La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.


Pie de foto: Juan Fernando Cristo.