Editorial

Del Consejo de Estado a El Mango
25 de Junio de 2015


Impresiona, por cierto, que quienes critican fuertemente a la comunidad que sacó a su Policía, sin abandonar su recorrido hasta el pueblo, hayan guardado silencio y omitido acciones judiciales frente a la Sentencia 28711 del 27 de septiembre de 2013.

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La expulsión de la Policía y destrucción de su comando en el corregimiento El Mango, municipio de Argelia, en el suroriente del departamento del Cauca, ha inquietado a autoridades nacionales y periodistas de grandes medios de comunicación que avizoran que otras comunidades atemorizadas ¿o presionadas? por la guerrilla podrían incurrir en acciones similares. Pero han permanecido silentes o inmóviles frente a sentencias del Consejo de Estado, y posteriores de un juez de Bogotá, que dan sustento a rebeliones cívicas como la que comentamos.


Después de que se conociera la decisión de los habitantes que se declararon atemorizados porque la guerrilla llegase a atacar el comando de Policía, y de paso al caserío, se ha puesto en marcha el fácil expediente de tratarlos como cómplices, o cuando menos complacientes, con la guerrilla. La acusación pierde sustento cuando se le confronta con declaraciones de las autoridades municipales y los líderes comunitarios que proclaman reconocimiento a la Policía así como un contundente rechazo a los ataques sufridos por las crueles Farc. Más que increpar a las comunidades, los hechos y declaraciones provocan preguntas a las autoridades administrativas por el que parece ser abandono material del lugar, y a las de seguridad por la que se muestra como débil protección integral a una zona de narcotráfico y guerrilla.


Impresiona, por cierto, que quienes critican fuertemente a la comunidad que sacó a su Policía, sin abandonar su recorrido hasta el pueblo, hayan guardado silencio y omitido acciones judiciales frente a la Sentencia 28711 del 27 de septiembre de 2013, con ponencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, verdadero origen de esta actuación e inspiradora de la acción de tutela fallada por un juez de Bogotá a favor de la comunidad de El Mango. En la acción judicial del 2013, el Consejo de Estado declaró “administrativamente responsables” al Ministerio de Defensa y la Policía y los condenó a indemnizar a la diócesis de Arauca y a su titular, monseñor Arcadio Bernal Supelano, por los daños físicos y morales sufridos a consecuencia de ataques de las Farc contra el municipio de Puerto Rondón, perpetrados el 26 de marzo, el 20 de septiembre y el 31 de diciembre de 1999. El 22 de enero de 2014, en el editorial ¿Ni tan lejos ni tan cerca?, señalamos la perspectiva contraria a la Constitución en una sentencia que compartía su visión con quienes “erradamente equiparan los comandos y estaciones de Policía -que es un cuerpo armado de naturaleza civil como lo consigna el Artículo 218 de nuestra Constitución-, con guarniciones o instituciones militares”; en consecuencia, consideramos que tal decisión “debería ser demandada por constituir una crasa vía de hecho” y un precedente que afectaría directamente a los municipios que reclaman mayor presencia de la Fuerza Pública. No se conocen acciones jurídicas del Ministerio de Defensa o la Policía para combatir tal decisión y la peligrosa tesis del Consejo de Estado que proclamó que la presencia de comandos de Policía puede “exponer a la comunidad a una situación de peligro que, una vez se concreta, genera responsabilidad en la administración al ser una carga excesiva, grave y anormal que no tienen por qué asumir los ciudadanos”. 


Las actuaciones en El Mango coincidieron con la presentación de sus retos como ministro de Defensa, realizada por Luis Carlos Villegas. Allí proclamó que va a “concentrar más fuerza política y operativa” en garantizar la seguridad y defender a la ciudadanía del crimen organizado, formado por organizaciones como “bandas criminales, tráfico de personas, delincuencia común, minería ilegal y cultivos ilícitos”. Para los habitantes de regiones afectadas por la ola terrorista o por amenazas como las que se impusieron contra los habitantes de El Mango, estas declaraciones no ofrecen respuestas sobre la protección que recibirán en este momento del conflicto armado. Estos pobladores fueron insolidarios con la Policía que buscaba protegerlos. Su actuación demuestra confusiones atribuibles a su lejanía y contexto, también a decisiones del manirroto Consejo de Estado que se instalan como verdades porque no encuentran freno en quienes tienen capacidad para recurrir sentencias injustas, que constituyen vías de hecho y que han propiciado que en el discurso jurídico se defina al Estado como un “actor de conflicto” y no como el garante de la vigencia universal de los derechos humanos y su procurador en la medida de lo razonablemente exigible. 




Comentarios
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Rafael
2015/06/25 10:02:45 am
Ok