Editorial

La norma contra la econom韆 criminal
21 de Junio de 2015


Nombrar y caracterizar el contrabando y el lavado de activos como centro de las estructuras de la econom韆 criminal y tomar decisiones consecuentes con tales declaraciones es paso significativo dado por esta norma.

Tras un largo y complicado trámite que demandó grandes esfuerzos del Gobierno Nacional y los representantes de los gremios económicos que aspiran a que la norma alivie injustas cargas ocasionadas por la competencia desleal, ha pasado a sanción presidencial el proyecto de Ley 94 de 2013, que penaliza el contrabando, el lavado de activos y la defraudación fiscal. Nombrar y caracterizar el contrabando y el lavado de activos como centro de las estructuras de la economía criminal y tomar decisiones consecuentes con tales declaraciones es paso significativo dado por esta norma, que justifica la actividad desplegada para evitar el éxito de presiones que habían causado ausentismo en la plenaria de Cámara y alargamientos en la de Senado.


Con gran habilidad comunicativa y política, los comerciantes de los gigantescos Sanandresitos de las grandes ciudades consiguieron que los medios de comunicación y representativos congresistas los presentaran como pequeños trabajadores amenazados por el Estado y los gremios protegidos por ellos, consiguiendo que se instituyan mesas de trabajo que recogerán sus quejas sobre el entorpecimiento institucional a la que presentaron como su aspiración a institucionalizarse. El riesgo del proceso al que se condicionó la aprobación de la ley es que se convierta en el mecanismo para obstaculizar otros alcances de la ley y legitimar posiciones exculpatorias de los delitos cometidos por esos comerciantes, siguiendo el camino de los senadores Jorge Robledo, Roy Barreras, Armando Benedetti o Guillermo Santos.


Las dimensiones del contrabando se miden en cifras escandalosas, así sean obsoletas. De acuerdo con Fedesarrollo, en 2012 los contrabandistas vendieron mercancías por cerca de US$6.000 millones, cifra cercana a la tercera parte de las ventas de la principal cadena de almacenes del país en un año. Indica el Ministerio de Comercio que en un solo año el país deja de recibir impuestos por US$1,5 millones. Inexmoda, por su parte, ha reiterado su denuncia de que entre una tercera y cuarta parte del comercio de textiles y ropa procede del contrabando, y el sector hidrocarburos lamenta que el comercio ilegal de gasolina puede valer US$800 millones al año. Estas cifras se traducen en sustitución de trabajos decentes por informalidad y precariedad laboral; en inequidad, y en la criminalidad asociada a las actividades de “tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas”, según el Artículo 11, que modifica el Artículo 323 de la Ley 599 de 2000.


De gran significado e impacto para el fisco y las regiones de la frontera colombo-venezolana, azotadas por una actividad que pone en riesgo miles de vidas y mina su economía, son los artículos contra el “contrabando de hidrocarburos y sus derivados”, que definen severos castigos para sus responsables y para los funcionarios públicos que lo ampararen. Y cómo no saludar la instauración de fuertes sanciones administrativas que mejoran las capacidades de los departamentos para combatir y castigar a establecimientos de comercio incursos en evasión en ventas de cervezas, licores y tabaco, determinación que representa un alivio para las castigadas rentas departamentales. Del mismo, se ponen grandes esperanzas en la creación de la Policía Fiscal y Aduanera y en el fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero, que estarán adscritas a la Dian, como poderosos brazos que tendrán la responsabilidad de dar vida a esta norma. La ley no consigna medidas para fortalecer las capacidades investigativas de la Fiscalía General, institución que tendrá la responsabilidad última de realizar la investigación.


Corren tiempos de presión de las Farc, acompañadas por sus agentes propagandísticos y algunos ingenuos, por un cese bilateral al fuego. Cuando el presidente Santos firme la norma que establece pena de prisión entre diez y treinta años para quienes estén incursos en contrabando o lavado de activos, y sus delitos conexos, le resultará imposible ordenar a las autoridades instituidas y las que crea esta norma suspender acciones contra miembros de las Farc que participan en tráfico de drogas, minería ilegal, contrabando de hidrocarburos y mercancías; actividades penalizadas en una ley que recoge la esperanza de que se ponga fin a prácticas que han costado vidas y han desangrado las finanzas públicas.