Columnistas

Servicios prepago, muy poco de pol韙ica social.
Autor: Carlos Alberto Atehortua R韔s
12 de Junio de 2015


A los m醩 pobres, les tenemos una soluci髇: que paguen por anticipado sus servicios.

A los más pobres, les tenemos una solución: que paguen por anticipado sus servicios. 


Los servicios con pago previo o prepago para ser una política social deben acompañarse de componentes adicionales de solidaridad y redistribución de ingresos y, en casos especiales,  de la posibilidad de acceder al mínimo vital gratuito para personas constitucionalmente protegidas sin capacidad de pago.


Ante la orientación de tratar a los servicios públicos como una mercancía más, sometida a políticas de mercadeo como son la oferta de planes tarifarios, tarifas planas, combos tarifarios, ofertas atadas como el “todo incluido”, y servicios prepago, se impone la necesidad de la construcción de una verdadera regulación tarifaria de “servicios públicos”, en la que prevalezca el interés púbico social, sobre el ánimo de ganancia de algunos agentes económicos.


La desconexión de los servicios de energía, no puede ser justificada a partir de formulas como la de la “autosuspensión  del servicio” por no pago,  o los denominados servicios prepago, por el contario,  deben adoptarse  políticas sociales que garanticen el mino vital de acceso a estos servicios, en condiciones especiales para las personas con derechos constitucionales protegidos. 


La necesidad de promover la universalización de los servicios públicos domiciliarios,  nos llevan a la conclusión de que es necesaria la intervención del Estado, para que adopte políticas sociales, que no pueden limitarse a garantizar el acceso a estos servicios, solo a las personas que pueden pagarlos.


Con la aplicación de técnicas propias de la economía de mercado, existe la tendencia de mostrar las bondades sociales de medidas que  carecen de sentido social, pues por el contrario, no pretenden nada diferente a someter los servicios públicos a prácticas comerciales propias de las mercancías, olvidando su  carácter esencial y su vinculación a las condiciones básicas de subsistencia de las personas.  


La fijación de políticas públicas en las que se involucran decisiones del Estado, tendiente a asignar recursos para financiar la prestación de servicios públicos  a las personas con menor capacidad de pago, no pueden confundirse con las decisiones empresariales, que buscan generar la sensación de que se actúa en procura de la prestación universal de los servicios, cuando en realidad lo que se busca es mayores eficiencias económicas asociadas a los mecanismos de garantizar el cobro de los servicios prestados.


Los servicios prepago que ante todo constituyen un mecanismos de “mercadeo”, que le generan  a las empresa y entidades prestadoras mayores productividades y eficiencias económicas, no pueden ser tenidos como la única  respuesta social que las autoridades locales o nacionales tienen para ofrecerle a los sectores más pobres de la población.


Esta modalidad de cobro de los servicios, le economiza a los prestadores  costos asociados a la gestión comercial, tales como: la facturación, el cobro y el manejo de cartera, lo que le permite incrementar productividades y en consecuencia obtener menores costos y normalmente bajar las tarifas e  incrementar las ganancias derivadas de los servicios prestados.


Con los denominados servicios prepago se pone de presente es una especie de desconfianza frente a los más pobres, pues ya no se les fía el valor de los servicios y por el contrario se exige que estos sean pagados de contado y por anticipado; a diferencia de los sectores con capacidad de pago que consumen el servicio y luego lo pagan, la tarifa prepago lo que busca es todo lo contrario, primero se paga y luego el consume.


Pareciera  que se olvida que tal como lo establecen los artículos 367 y 368 de la Constitución, en Colombia, los servicios públicos están sujetos a un régimen tarifario especial, en el que son sustanciales los factores de solidaridad y redistribución de ingresos, pero además que  el Estado debe tener como prioridad  la destinación de recursos del presupuesto, orientados al reconocimiento de subsidios para usuarios con menor capacidad de pago.


En conclusión, bienvenidos los servicios prepago en la medida en que generan mayores eficiencias en la prestación de servicios, pero, ellos en sí mismos, no generan las políticas sociales que se esperan que sean adoptadas por el Estado.