El Mundo

Es lugar común calificar el criterio nacional como el de un país mediterráneo, a pesar de que tenemos 928.660 km² de mar territorial en los océanos Atlántico y Pacífico, superficie a la que se debieran agregar las aguas de los 116 kilómetros del río Amazonas, tercer mar colombiano. Pruebas del desinterés por el territorio oceánico, el 48% de la superficie de la Nación, son las mínimas acciones del Ministerio del Medio Ambiente en el Día de los Océanos y la ausencia de diagnósticos sobre las regiones costeras y nuestros mares. Reflejo de lo anterior es el cubrimiento dado por los medios nacionales de comunicación, que se limitaron a repetir la agenda internacional sobre limpieza de playas afectadas por desechos de plástico.

La poca preocupación nacional por la suerte del territorio marítimo, parte integral de la riqueza acuífera del país, no es distinta a la que existe frente al deterioro de nuestras ricas cuencas hidrográficas, objetivos del terrorismo ambiental (derrames de petróleo por voladuras de oleoductos) y mayores afectadas por la tala de árboles maderables y los productos químicos usados en minería ilegal, cultivos ilícitos y procesamiento de coca. La indiferencia por la suerte de ríos cuyas aguas contaminadas se convierten en depredadores de los mares es inversamente proporcional a la pugna política por la dirección de Cormagdalena, organismo de rango constitucional responsable de “la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”. La batalla que ha impedido designar director de la entidad está ligada a un billonario contrato para desarrollar el potencial navegable del río. 

Los medios informativos del Gobierno Nacional anuncian para hoy el acto de sanción presidencial de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, instrumento de la gestión administrativa hasta 2018. Analistas podrían calificar de radicales denuncias como la del exministro Manuel Rodríguez Becerra, quien ha reclamado porque la norma no incluye proyectos integrales para nuestros océanos. Aunque el plan hace referencias aisladas a regiones o problemáticas, estas se encuentran dispersas en varios capítulos causando desconexión e incoherencias en iniciativas apenas mencionadas, entre las que se cuentan la promoción del desarrollo integral de los habitantes de las zonas costeras, la protección de la biodiversidad de las costas y mares, las políticas de pesca o las medidas para la reserva Seaflower y las barreras coralinas que los expertos han declarado en riesgo. 

La pesca marina desordenada e incontrolada es devastadora para las especies nativas y es amenazante para los pescadores artesanales. A falta de un capítulo comprensivo sobre la actividad pesquera artesanal, oficio de supervivencia de habitantes costeros, y la industrial, que al carecer de control arrasa las distintas especies habitantes de los mares, el Plan de Desarrollo presenta propuestas dispersas bajo la promesa de que “se avanzará en la formulación de una política integrada para la gestión de las zonas marinas, costeras e insulares”. Una agenda coherente sobre la pesca marítima ofrecería la integralidad y practicidad que requiere la vida de nuestros océanos y sus gentes. Pero si las menciones en el documento nacional a los temas del mar son escasas,  más lo son en el Plan de Desarrollo de Antioquia donde no tienen espacio temas como la erosión costera, el deterioro de la vida humana y la biodiversidad en los 630 km de costa del departamento en el Caribe y los daños sufridos en 1.800 km² de mar del golfo de Urabá. Poco se conoce sobre los desarrollos investigativos de los recientes y ya muy avanzados programas de Ciencias del Mar, abiertos por la Universidad de Antioquia. 

Aunque el Estado se ha resignado a la inacción que deja abierto un conflicto territorial con Nicaragua, no dejaremos de lamentar los yerros de una opinión desinteresada y un Gobierno apático para recurrir la sentencia por la que la Corte Internacional de la Haya despojó a Colombia de 70.000 km2 de aguas territoriales, porción mayor a la superficie del departamento de Antioquia. Tal indiferencia es penosa demostración del espíritu mediterráneo que aqueja a los gobiernos de estirpe andina que ejercen de espaldas a los dos océanos que nos enriquecen y potencian como nación del mundo.