Editorial

Control legal y presión gremial
8 de Junio de 2015


Respetar principios morales y el bien común no es optativo, debe ser guía para contrarrestar la actividad gremial como acción egoísta como la que se evidencia en estas presiones al Congreso.

El Congreso de la República tramita dos proyectos de ley comparables en tanto se les proclama como necesarios para proteger la vida y la salud de los colombianos y porque tocan intereses de gremios profesionales que demuestran máxima capacidad de presión para orientar su tránsito. Con celeridad que asustó a los observadores, el pasado 3 de junio, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de Ley 092 de 2014, presentado por el senador Jorge Iván Ospina, que fija controles extraordinarios a cirugías y procedimientos estéticos; la iniciativa avanza con apoyo de gremios que serían sus beneficiarios y a pesar de la fundada oposición del Ministerio de Salud. Contrasta este afán con el lento tránsito al proyecto de Ley sobre vivienda segura, que fue presentado en septiembre de 2014 por el ministro de Vivienda, impulsado con mensaje de urgencia y aprobado, después de fuertes denuncias contra el lobby gremial, en la Comisión Séptima de la Cámara.


La célula senatorial aprobó en primer debate la iniciativa que aumenta las regulaciones para procedimientos asociados a la medicina estética, la dermatología y otros saberes médicos y paramédicos. La iniciativa tuvo votación favorable por encima del criterio del Ministerio de Salud que demostró razones de inconveniencia e inconstitucionalidad porque “la proliferación de esta clase de normas responde a intereses específicos y gremiales pero (...) no atiende a un beneficio general ni impulsa una necesidad regulatoria que propicie una mejor prestación del servicio de salud”. Señaló ese Despacho que el proyecto cuestionado se superpone a la Ley 1164 de 2007, que regula los “principios generales, los organismos de apoyo, las características, la formación y el ejercicio de las profesiones y ocupación de la salud, así como su ética y conducta”. Reconociendo presiones específicas para impulsarlo, organismos científicos que están siendo directamente afectados por el proyecto han denunciado “intereses de grupos que quieren monopolizar el ejercicio de una profesión”. Su queja no puede quedar como otro clamor en el aire.


El penoso trámite del proyecto de Ley de vivienda segura en su segunda versión, pues la primera no logró concluir trámite en la legislatura que concluyó en 2014, ha obligado a que el ministro Luis Felipe Henao haga denuncias públicas sobre presiones gremiales que buscan evitar la definición de fuertes controles a la construcción de vivienda, la actuación de los curadores urbanos y la actividad de aseguramiento de los proyectos constructivos. La iniciativa fue inspirada en el catastrófico desplome del edificio Space y serviría para evitar repeticiones de esa y otras obras en las que se demostró laxitud en la aplicación de las normas y en el ejercicio de las potestades para vigilar proyectos aprobados por las curadurías, así como a estas entidades.


Sin renunciar a los interrogantes a los interventores en obras con errores de diseño y construcción, hemos inquirido a los formadores de profesionales y a los gremios que los reúnen por el abandono de la dimensión ética en su actividad. Es el mismo reclamo que hoy hacemos a los grupos médicos tras el proyecto sobre la medicina estética. Respetar principios morales y el bien común no es optativo, debe ser guía para contrarrestar la actividad gremial como acción egoísta como la que se evidencia en estas presiones al Congreso, que no puede escapar a que se le inquiera por su labilidad frente a esas presiones.


El proyecto de Ley de vivienda segura otorga nuevas capacidades para ampliar el control público allí donde falla la ética. Y en el caso de Medellín, la promulgación del Decreto 833 de 2015  (optimización de la modernización) demuestra que los entes territoriales pueden asumir mayor responsabilidad a la hora de ejercer control sobre constructores y curadores urbanos para exigirles calidad de las viviendas y de los edificios públicos. Respecto a estos últimos, subsisten las dudas e investigaciones sobre varias obras, entre ellas algunos parques biblioteca y colegios de calidad, al parecer víctimas de las faltas de los constructores y el descuido de los interventores que los recibieron a pesar de errores de diseño y construcción. Identificar responsables y sancionarlos es deber de los entes de control, llamados a evitar que esas obras pasen de modelos de gestión del espacio público para disfrute ciudadano a monumentos vivos de la corrupción y la desidia. Y las esperanzas por acciones más preventivas que remediales, quedan puestas en el control de entes como las secretarías de Salud a la medicina y la de Gestión y Control Territorial, a la actividad constructora.