Columnistas

¿Comisión de la verdad?
Autor: Alfonso Monsalve Solórzano
7 de Junio de 2015


Ahora vamos a entrar en la onda de la comisión de la verdad, por mandato de las Farc. ¿No me creen?

En su afán porque esa guerrilla le firme un acuerdo de paz, uno cualquiera, el que sea, el Gobierno ahora cede en este punto que implica una dilación de al menos tres años en el reconocimiento de las víctimas de esa guerrilla, para que al cabo de los cuales, su responsabilidad se diluya y, finalmente, se pierda en la noche de los archivos de burócratas especializados en convertir lo blanco en negro, es decir, a los victimarios en víctimas. Que es lo que buscan. 


Y si no, piense, respetado lector, en las comisiones de la verdad que han existido. Voy a poner como ejemplo, en Suramérica, a Argentina. Eduardo Rabossi, activista de los derechos humanos y filósofo sobresaliente, fue miembro de la comisión argentina. En una charla que sostuvo conmigo, reflexionando sobre ésta, semanas antes de morir, me dijo que su gran carencia y fracaso fue que sólo encontró responsables a individuos de las fuerzas armadas y de los partidos de derecha, dejando libres de culpa a los criminales de izquierda, que también los hubo, y muchos. La razón era sencilla: para los comisionados, los grupos de extrema de esa tendencia no cometían delitos, como asesinatos, secuestros, extorsiones y postura de bombas, sino acciones legítimas de resistencia en nombre de una causa justa. Lo que era una comisión de la verdad, se convirtió así, en una de la mentira y el ocultamiento.


Hemos escuchado a los delegados farianos en La Habana decir cosas semejantes, a pesar de que sus crímenes son infinitamente más numerosos y de mayor felonía que los cometidos por sus pares argentinos. Dicen, por ejemplo, que no son comparables sus acciones, ejecutadas invocando el sagrado derecho de la rebelión, con las llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, al servicio de los explotadores. 


Eso afirman con cinismo, así sus actos hayan llevado al asesinato de más de un centenar de personas mediante la utilización de cilindros bomba en Bojayá. Uno se pregunta qué tiene que ver el derecho a la rebelión con la perpetración de esa masacre y, además, contra cuál dictadura se están rebelando, porque en Colombia no hay una de ellas. Pero esas preguntas, y otras tan pertinentes o más, jamás serán respondidas con la verdad por una comisión de la “verdad” que está conformada con personas que tienen que tener el visto bueno de las Farc o son sus seguidores. De entrada, es un mecanismo viciado.


Por otra parte, hay algo que no cuadra en todo esto. ¿No ha reconocido el Estado delitos atroces, siguiendo órdenes de los jueces, incluso, muchos que no ha cometido? ¿No ha llevado a cabo una política de reparación administrativa a víctimas, independientemente de quienes hayan sido sus victimarios? ¿La Corte Suprema de Justicia y los jueces de la República no han condenado a centenares de personas por relaciones con los paramilitares, aun cuando, en muchos casos, las pruebas son frágiles o simplemente no existen? ¿Y no son miles los soldados y, policías y oficiales que han sido condenados o están siendo juzgados por acciones de presuntamente delictivas contra los ciudadanos? Que se sepa, los que han sido poco condenados son los guerrilleros, algunos porque las pruebas no son tenidas en cuenta, como en el caso de os correos de Reyes; y otros, porque han sido amnistiados y siguen tan campantes, a pesar de amenazar periodistas por publicar el punto de vista de la oposición.


A diferencia de otros países latinoamericanos, aquí el Estado sí ha asumido sus responsabilidades voluntaria y activamente. Los que no lo han hecho son los de las Farc, y para afrontarlas no se necesita de ninguna otra comisión. Cada vez que los mamertos quieren dilatar algo que no les conviene, crean una comisión. En este proceso ya han montado dos, pero ninguna de ellas les ha podido lavar la cara. Con esta, pretenden retorcerle el cuello a la verdad de los crímenes que han cometido en el país. Que la comisión no es judicial sino política, dicen. Claro, estúpidos, es política, porque no quieren someterse a la justicia y en cambio, ganar la legitimidad que requieren para el asalto final al poder.