Editorial

Mil días después
3 de Junio de 2015


Triste voz esa que da sentido a las conversaciones de La Habana por ser conjura contra el miedo, no por representar la bella idea de que es preciso poner fin a la violencia como recurso inútil y obstáculo para la solución de los conflictos.

Han pasado mil días desde el anuncio del presidente Santos sobre el inicio de negociaciones en busca del fin del conflicto armado con las Farc, que se realizarían sobre cinco grandes temas predefinidos y en medio de la confrontación militar. Entonces se ofreció una negociación ágil (de meses), centrada en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto” y que se adelantaría respetando estrictos principios de confidencialidad que comprometían a las dos partes. Lentitud, rupturas de la agenda y locuacidad, especialmente de los voceros de las Farc, han sido características del proceso.


Hasta el 16 de mayo de 2014, la mesa había logrado tres preacuerdos que impondrían al Estado realizar transformaciones en la política agraria y rural, la estrategia de lucha contra las drogas y el marco de la acción política, si así quedaren redactados en el documento final, que tras ser sometido a refrendación popular resultase aprobado. Desde hace 360 días, cuando fue entregada la “declaración de principios para la discusión del punto 5 de la agenda: víctimas”, el país espera decisiones sobre el reconocimiento de los derechos de estas y las acciones hacia el fin del conflicto, que son los que comprometen la voluntad y la responsabilidad de las Farc. A cambio de avances en la agenda, los colombianos hemos sido notificados de propósitos unilaterales, e incumplidos, de las Farc en materia de cese el fuego, desminado humanitario y desvinculación de menores de edad de sus filas, todo mientras atestiguamos las presiones crecientes por el cese bilateral el fuego.


Comparar el proceso de negociación en curso con los que fracasaron en el pasado reciente invita a reconocer que, a diferencia de lo sucedido en 1982 y 1994, el Gobierno ha sabido hacer el quite a la presión para inmovilizar la Fuerza Pública, decisión que en esas ocasiones redujo los procesos a debates interminables sobre los incumplimientos y sus responsables. El expresidente Belisario Betancur invirtió su capital político en negociaciones que, sin romperse, escalaron el poderío criminal de las Farc, mientras que Andrés Pastrana invirtió 1.141 días de su gobierno en las negociaciones del Caguán, trágicamente fracasadas. Todavía hay razones para esperar que el presidente Santos siga rechazando las presiones por el cese bilateral el fuego, en el que las Farc siguen insistiendo, ya no con falsas treguas sino con actos terroristas. Volar una torre de energía y sembrar con minas antipersonales el camino de acceso al sitio donde sería reparada, como hicieron en Buenaventura, así como lanzar bombas contra habitantes que salían de la misa dominical, como sucedió en Ituango, no son acciones militares propias del conflicto; constituyen actos terroristas violatorios del derecho de guerra y los principios de protección a los civiles. Con ellos, esa organización busca doblegar a las autoridades locales sometidas al daño y dar excusa a sus aliados para acrecentar la exigencia de tregua, a fin de reorganizar sus fuerzas, extender sus negocios criminales y armarse sin enfrentar la presión de la Fuerza Pública.


Mientras transcurren las conversaciones, las Farc conquistan posiciones estratégicas que hubieran sido impensables en las condiciones de reducción militar y política en que se encontraban en 2010. En ese propósito les ayudan quienes, ablandados por el terrorismo, han llegado a declarar que “preferimos mil días de diálogo para acabar con la violencia que 2.960 días de violencia sin diálogo, que fue lo que tuvimos en ocho años”. Triste voz esa que da sentido a las conversaciones de La Habana por ser conjura contra el miedo, no por representar la bella idea de que es preciso poner fin a la violencia como recurso inútil y obstáculo para la solución de los conflictos. Así como ha puesto a prueba la claridad de algunos líderes políticos, el alargamiento de la negociación deja al Gobierno frente a la dualidad de presionar, como pide la cada vez más desconfiada opinión pública, una negociación justa y respetuosa de los principios y valores constitucionales, o dejarse llevar por las Farc y sus aliados para permitir presiones y así dejar que las conversaciones se extiendan por el tiempo que esa organización parece estar necesitando para imponer su tesis sobre la responsabilidad del Estado como determinador del conflicto, o sea igual en la mesa de conversaciones y ante la justicia, y la consecuente ecuación de cancelación de parte y parte frente a responsabilidades por delitos sobre los que la humanidad ha acordado mínimos legales imprescriptibles e irrenunciables.