Editorial

Debido proceso y vías de hecho en Villa Café
30 de Mayo de 2015


Cumplidos los procedimientos administrativos que le han garantizado al titular mantener la propiedad de su predio, corresponderá a la Fiscalía y la justicia penal investigar hechos irregulares descritos en los fallos de primera y segunda instancia.

En cumplimiento del fallo de segunda instancia proferido por el juez departamental de Policía, que ratificó la decisión de la Inspección Municipal 16A, la Secretaría de Gobierno de Medellín restituyó a la Ladrillera Santa Rita un lote en Belén que había sido invadido por particulares el pasado 11 de enero. Tras el proceso en el que fueron desalojadas las 295 familias instaladas en ese predio, la Administración Municipal y el Icbf asumieron la entrega de ayudas humanitarias a quienes demostraron su condición de desplazamiento y protegieron a menores de edad encontrados por los funcionarios municipales, de la Personería, el Icbf y la Defensoría del Pueblo presentes en el operativo. Con la entrega del bien a su propietario legítimo, las autoridades han cumplido con la obligación consagrada en el Artículo 58 de la Carta Magna, según el cual “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”. 


Es evidente el contraste entre el apego a la ley del propietario afectado, la Administración, la Personería de Medellín y las autoridades de Policía, y las acciones de hecho, presiones y abusos del derecho perpetrados por los organizadores de la invasión y sus apoderados. Después de tomarse el predio, dañaron las cercas, talaron árboles, levantaron cambuches y dejaron basuras, en sucesión de daños contra bien ajeno. Y emitida la orden de la Inspección, se negaron a cumplirla y acudieron a nuevas acciones de hecho, como la toma de la Iglesia de Belén, perpetrada el 13 de mayo. No contentos con tales atropellos, algunos voceros del grupo de invasores notificaron que “no nos vamos hasta que fallen, a favor nuestro, la acción de tutela que instauramos para que eviten el desalojo”. Poco se puede agregar frente a la inconcebible presión al juez constitucional que recibió ¡cien acciones de tutela! que pretendían impedir la ejecución del mandato de desalojo. Al acuerdo de desocupación de la Iglesia le siguió una fuerte presión mediática sobre el dueño del terreno y la Alcaldía para que se allanaran a recibir supuestas donaciones de predios fuera del Valle de Aburrá a cambio de desistir de la acción jurídica de recuperación y ofrecer soluciones de vivienda en el predio ocupado (¿?).


Resulta, pues, que de las distintas acciones impetradas por los invasores, sólo una, la de tutela, respeta las formas y procedimientos del orden jurídico, que ofrece a todos los ciudadanos iguales oportunidades de acceso al Estado y a las instituciones que velan por el respeto a los derechos constitucionales. Abruma, y deja preguntas sobre la ingenuidad que los medios de comunicación les han atribuido, que los invasores hayan usado la figura de la “tutelatón”, para demandar protección al derecho a la vivienda, que alegan los invasores. Y es significativo que la Personería de Medellín se hubiese abstenido de acompañar la presentación de esos recursos de amparo, alegando que no ha existido violación al debido proceso, así como que en primer fallo se hubiera declarado que era “improcedente” apelar al recurso extraordinario de amparo para evitar el cumplimiento de un mandato de la autoridad competente.


Cumplidos los procedimientos administrativos que le han garantizado al titular mantener la propiedad de su predio, corresponderá a la Fiscalía y la justicia penal investigar hechos irregulares descritos en los fallos de primera y segunda instancia que ordenan el desalojo, como el que refiere la venta de lotes a los invasores que llegaron el 11 de enero, y otros evidenciados en las imágenes de las autoridades sobre el sitio, entre ellos el transporte de agua por medio de mangueras, desde un improvisado tanque de agua. Reconocer, denunciar y castigar a avivatos, negociantes y pillos que se ocultan tras el afán de las familias por tener vivienda, apoyaría a propietarios y gobernantes que, como ha sucedido en Medellín, defienden los derechos y la legalidad. Y actuar contra estos “carteles de invasores” daría aliento a alcaldes de municipios como Capurganá (Chocó), Soledad (Atlántico), Villavicencio (Meta) o Pereira (Risaralda), afectados por ocupantes de tierras que aprovechan descuidos de los propietarios, bien las alcaldías bien privados, y la tolerancia con sus prácticas, para tomarse bienes ajenos, generando detrimentos que van más allá de lo particular. Baste recordar el incalculable perjuicio que trajo al Nordeste antioqueño, la obligada decisión tomada por Epm de suspender el proyecto hidroeléctrico Porce IV a raíz de la ola de invasores en los predios aledaños.