Columnistas

Síntomas graves en el sistema de salud
Autor: Iván Guzmán López
26 de Mayo de 2015


Un síntoma muy peligroso para el sistema de salud, acaba de aparecer en sus distintos puntos de servicio: se trata de las reiteradas agresiones verbales y físicas que viene soportando el personal de salud.

Valga decir, enfermeros, camilleros, médicos, taquilleros,  personal de farmacia y hasta vigilantes. Viene ocurriendo reiteradamente, y ya se está convirtiendo en un problema de “salud pública”, al menos para los empleados de cara al servicio. Parece que los gerentes y directivos, tras sus atalayas, están a salvo. Una muestra del peligroso síntoma, que denota fiebre alta en el sistema, en el paciente y en sus acompañantes, fue la ocurrida el 6 de junio de 2014, en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, cuando declaró sus Urgencias: Adultos, Infantiles y Obstétricas, en estado de emergencia ante las autoridades de salud, las EPS, la comunidad, los colaboradores y medios de comunicación, denunciando públicamente los abusos y maltratos al personal de salud, además del mal uso de los servicios de urgencias: “El Hospital Universitario de San Vicente Fundación, denuncia públicamente los actos de agresividad en contra de los trabajadores de la salud por parte de algunas personas que llegan buscando atención y que deben esperar, teniendo en cuenta la clasificación de pacientes, que no depende de la hora de llegada sino del nivel de complejidad (situación en las que está en riesgo la vida y que deben ser atendidas de inmediato)”. Hoy, las denuncias al respecto, son reiteradas. 


Lo más lamentable de todo esto, es que las Instituciones prestadoras del servicio,  IPS, clínicas y hospitales, que saben que pueden cumplir con el servicio y sus obligaciones sólo si invierten  en tecnología y recurso humano, a más de responder oportuna y adecuadamente a las implicaciones económicas y administrativas que conlleva el sostener una clínica u hospital, están siendo llevadas a la quiebra económica, al cierre de sus servicios, o, en el mejor de los casos, a la prestación de un servicio deficiente e inoportuno, por la sencilla razón de que las  Empresas Prestadoras del Servicio, EPS, ¡no les paga!, o, en el mejor de los casos, paga a 60 y 90 días. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Achc, y la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado, Acesi, que representan a 450 hospitales públicos, sólo en 2014, las distintas EPS les debía 10.5 billones de pesos. A su vez, las EPS alegan que no pagan porque el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga (la cuenta de papá gobierno), que es una cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, creada por la Ley 100 por medio de la cual se administran los recursos de la Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¡no les paga!  A propósito, recordemos que la Fundación San Vicente, ante el no pago reiterado de las EPS, debió recurrir al endeudamiento con la banca, deuda que a septiembre de 2014, llegó a 215.000 millones de pesos.  


El panorama no parece muy halagador, y la cadena de oro que era la Ley 100 (cadena que sigue enriqueciendo a muchos avivatos), parece amenazar romperse por cualquier eslabón: El Fosyga, no paga a las EPS; las EPS, no pagan a las IPS, Clínicas y Hospitales; las IPS, Clínicas y Hospitales, no pueden prestar un servicio eficiente y oportuno; y los pacientes y acompañantes, dan rienda suelta a su desesperación y frustración, agrediendo al personal de salud, que da la cara. Al parecer, la gente se está cansando, se les está acabando la cultura, o la salud se les está negando reiteradamente. Según la Defensoría  del Pueblo, de enero a octubre de 2014, se presentaron 94 mil 336 tutelas: el 64%, reclamando servicios del POS; el 37%, de no POS.  


Puntada final: parece que en Antioquia, la más educada, ocurre lo contrario a la salud. ¡Hay mucho dinero disponible!: El señor Mauricio Valencia Correa, a la sazón Secretario de Infraestructura Física de Antioquia, firmó el contrato N° 2012-00-200105, cuyo Objeto invocado era “Urgencia manifiesta” para recuperación de corredores viales… (Urgencia manifiesta declarada mediante decreto 1714 del 18 de julio de 2012), por un valor inicial de 5 mil 640 millones de pesos y un plazo de 7 meses.  Lo raro del asunto es que la “Urgencia manifiesta” pasó, de 7 meses, a 31 meses y 4 días, mediante 5 prórrogas sucesivas;  y de 5 mil 640 millones de pesos, a 37 mil 166 millones 571.654 pesos, ¡mediante 7 incorporaciones! ¿Cómo les parece la… “urgencia manifiesta”, del señor Valencia Correa?